Gobierno y convocantes discrepan sobre el seguimiento del segundo paro general contra Chávez

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, intenta contrarrestar hoy con los medios de comunicación estatales la segunda huelga general de 24 horas en contra de su gestión, que podría convertirse en indefinida si tiene respaldo. Hasta el momento, la huelga ha transcurrido sin incidentes y ha sido calificada de éxito por los convocantes, mientras que el Gobierno asegura que el seguimiento es mínimo.

Alfredo Ramos, dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la central que ha convocado la huelga, ha asegurado que el paro está teniendo un seguimiento del 80%. Lope Mendoza, uno de los portavoces de la patronal Fedecámaras, ha afirmado que la mayoría de las empresas privadas han secundado la huelga.

Por el contrario, el vicepresidente del Gobierno, Diosdado Cabello, ha dicho que el paro ha sido "un fracaso total" y ha señalado que sus instigadores no van a lograr sacar del poder el presidente Hugo Chávez con estos mecanismos de presión.

El titular de la Defensa, José Vicente Rangel, ha informado de que todos los sectores básicos del país están funcionando con normalidad y ha citado la industria petrolera, la siderúrgica, la del aluminio, el transporte público, los hospitales y la administración pública.

La batalla de la propaganda

El éxito de la huelga empresarial del pasado 10 de diciembre, que paralizó la actividad productiva en un 90%, ha impulsado a Chávez a combatir con propaganda la llamada al paro hecha por la CTV y secundada masivamente por la oposición, como ocurrió hace cuatro meses.

"El año pasado nos dejamos apabullar mediáticamente, pero eso no nos va a pasar esta vez", ha declarado el vicepresidente de la República, Diosdado Cabello.

El aviso de Cabello se hizo efectivo ayer con la emisión de una decena de "minicadenas" de radio y televisión para desprestigiar a los organizadores del paro y mostrar el rechazo que del mismo han hecho ciertos grupos empresariales y sindicales que no acatarán esa iniciativa.

Central obrera lidera la huelga

El paro ha sido convocado por la CTV, el mayor grupo sindical del país, y secundado por la patronal Fedecámaras, alianza que tuvo su precedente en la huelga de diciembre pasado.

El Gobierno ha calificado de "subversiva" la convocatoria y ha advertido de que podría ser contraproducente para trabajadores y empresas.

La ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, ha dicho que "se trata de un paro político que no está para nada contenido en el ordenamiento jurídico vigente, es decir, no hay ningún fundamento legal, ninguna ley de la República, de la Constitución hacia abajo, que contemple esta figura jurídica. Esto está totalmente fuera del estado de derecho. Significa que se convierte en un acto de subversión, en el sentido de subvertir el orden constituido'',

La huelga tiene como fondo el conflicto que desde febrero afecta al grupo estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) que proporciona cerca de la mitad de los ingresos del presupuesto nacional y el 80% de las divisas que llegan al Banco Central de Venezuela.

Aunque los promotores del paro nacional aseguran tener el respaldo casi total de la población, importantes sectores se han desmarcado de su iniciativa. La banca, el transporte público, el sector farmacéutico, las industrias básicas del acero y del aluminio han asegurado que no se plegarán al paro por entender que tiene una finalidad exclusivamente política, tesis que comparten con el oficialismo e incluso los propios convocantes.

El carácter político de la huelga lo reconoció Fedecámaras en una nota en la que llama a sumarse a ella de manera "entusiasta y activa" para que tenga éxito "esta iniciativa en defensa de la democracia y la libertad".

Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras ha dicho que la huelga "es la última oportunidad para que por la vía de la razón el Gobierno cambie de actitud y abandone el autoritarismo", y no ha descartado que sigan otras acciones más fuertes si Chávez sigue en sus trece.

Por su parte, Carlos Ortega, presidente de la Central obrera ha retado a Chávez para que cumpla con la promesa hecha durante su campaña presidencial de aumentar el salario mínimo a 300 mil bolívares mensuales (335 dólares aproximadamente), y de retomar el sistema de prestaciones sociales retroactivas, justo después de que el propio presidente haya elevado el salario mínimo en 20% de 144 mil bolívares (156 dólares aproximadamente) a 166.800 bolívares (180 dólares aproximadamente) a partir del primero de mayo próximo.