El Senado chileno da luz verde a la reforma de la Constitución militar

El Senado chileno ha aprobado el proyecto de reformar la actual Constitución, dictada por los militares hace 21 años, con el fin de eliminar los "enclaves autoritarios" y perfeccionar la representación democrática. Sin embargo, ha dejado pendientes para la votación los temas más conflictivos, en los que no hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición de derecha: la modificación del sistema electoral binominal y la composición del Senado, además de la renovación de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.

Por 40 votos a favor y cinco en contra, el Senado ha aprobado anoche, después de cuatro horas de debate, el proyecto "en general", es decir, la idea de legislar al respecto. Tras aprobarse el proyecto, el portavoz del Gobierno, el ministro Heraldo Muñoz, ha expresado su satisfacción y ha calificado el hecho de "muy positivo" para el país.

En ese sentido, ha pedido al Parlamento que apruebe todas las reformas, sin exclusiones, para "dejar atrás la transición y las divisiones del pasado" y para que el Gobierno pueda centrarse en la agenda social. La iniciativa aprobada anoche ha sido discutida durante un año y medio por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta, que propuso a la sala la votación de un informe de 500 páginas.

Este documento registra los acuerdos entre el oficialismo y la oposición de derecha para legislar sobre materias consideradas vitales para el cierre de la transición a la democracia y el fin de los "enclaves autoritarios" legados por el ex dictador Augusto Pinochet.

Los mayores cambios en 20 años

Los cambios que se pretende efectuar a la Carta Magna son los mayores que se hayan hecho en este documento en los últimos 20 años, ya que fue modificado en 1989, poco antes del retorno de la democracia, para dar paso a las primeras elecciones libres desde el golpe de Estado de 1973.

El presidente Ricardo Lagos señaló, poco antes de la votación, que Chile necesita "ante todo, solucionar sus tareas pendientes, y eso requiere democratizar sus instituciones mediante una reforma constitucional".

"Chile merece democratizar su institucionalidad y para ello las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al poder civil y debe existir un Parlamento que represente a todos los chilenos y no uno donde algunos de sus integrantes son elegidos por un grupo de personas", dijo.

El proyecto de reformas constitucionales establece la rebaja de seis a cuatro años del mandato presidencial y dispone elecciones parlamentarias y presidenciales de forma conjunta.

Además, cierra el camino al ingreso de los militares o autoridades de Gobierno al Parlamento al consagrar dos nuevas condiciones para ser candidato: no haber sido comandante en jefe de ninguna rama de las Fuerzas Armadas ni subsecretario en ninguna cartera el año anterior a las elecciones.

También se modifican los artículos de la Constitución que establecen que los militares son "garantes de la institucionalidad", y reparte esta responsabilidad entre todos los órganos del Estado.

Este acuerdo elimina las facultades del Consejo de Seguridad Nacional (que deja al presidente y a altos jefes de las Fuerzas Armadas a un mismo nivel) para designar senadores institucionales y ministros del Tribunal Constitucional.

Además, se compromete a analizar el carácter, la composición y las demás funciones del organismo. Otra de las reformas en que hay consenso absoluto se refiere a la eliminación de la exigencia a los hijos de chilenos nacidos en el extranjero de vivir un año en el país para obtener la nacionalidad.

Asimismo, elimina la sentencia judicial como fuente de pérdida de la nacionalidad y establece que quienes hayan sido condenados a penas de cárcel recuperarán la ciudadanía inmediatamente después de que se haya extinguido su responsabilidad penal.

También incrementa las facultades de la Cámara de Diputados, dando rango constitucional a las comisiones investigadoras, perfeccionando los preceptos relativos a sus facultades de adoptar acuerdos y estableciendo la obligatoriedad de que sus peticiones de información sean contestadas por el Ejecutivo.