Condenas de 15 y 12 años para las dos monjas ruandesas acusadas de genocidio

Sor Gertrudis , antigua madre superiora de un convento en Ruanda en el que miles de refugiados tutsis fueron masacrados ha sido condenada a 15 años de prisión. Sor Maria Kisito, la otra monja juzgada por el tribunal belga, tendrá que cumplir una pena de 12 años.

12 años es también la condena para el profesor Vincent Ntezimana ha sido condenado a 12 años, mientras que al político Alphonse Higaniro se le ha impuesto la cadena perpetua (20 años)

El proceso, que se ha prolongado durante dos meses, ha sido posible en virtud de una ley única en el mundo, que permite juzgar en Bélgica todo crimen de derecho internacional (crimen de guerra, crimen contra la humanidad) cometido fuera de su territorio.

Los dos hombres estaban acusados de haber inspirado y organizado la matanza de tutsis en la región ruandesa de Butare, mientras que a las dos monjas benedictinas se les reprochaba el haber entregado a los milicianos hutus a varios miles de personas que se refugiaron en su convento de Sovu, del que una de ellas era madre superiora.

El 22 de abril de 1994, en unas horas, entre 5.000 y 7.000 personas fueron asesinadas en ese convento.

El jurado, tras deliberar durante once horas, ha respondido afirmativamente a la mayoría de las preguntas sobre la culpabilidad de los acusados, todos de la etnia hutu, y sólo los ha considerado inocentes de cuatro de los 55 cargos, mientras que no pudo alcanzar un veredicto claro sobre doce de los cargos.

El veredicto ha sido pronunciado ante numerosos ruandeses presentes en la sala, tanto hutus, que han expresado su descontento con la decisión del jurado, como tutsis, que han roto a llorar o a sonreir para mostrar su alivio.

Al profesor Vincent Ntezimana, de 39 años, profesor universitario en Butare (Ruanda), se le acusaba de asesinar a nueve personas ya identificadas y a un número indeterminado de no identificadas entre abril y mayo de 1994.

El político y empresario Alphonse Higaniro, de 51 años y ex ministro próximo al presidente ruandés Habyarimana, estaba acusado de haber dirigido el asesinato de sus vecinos, cerca de Gisensy, al negarse éstos a abandonar sus propiedades, y de dar arengas por el exterminio de la etnia tutsi.

Sor Gertrudis y sor María Kisito estaban perseguidas por las masacres cometidas en el convento de Sovu y por haber presuntamente facilitado a los milicianos extremistas hutus "Interahamwe" los bidones de gasolina con los que quemaron vivas a entre 500 y 700 personas en un garaje.

El fiscal había recordado en su alegato final que "los cuatro acusados provocaron, ordenaron, ofrecieron los medios para los crímenes de los que se les acusa, o se abstuvieron de actuar para prevenirlos o castigarlos", mientras que el abogado defensor insistía en la inocencia de todos ellos.

Los observadores auguraban que no sería nada fácil juzgar los hechos cometidos a miles de kilómetros de distancia, en un contexto político y social muy diferente y sin que ninguna de las presuntas víctimas fuera de nacionalidad belga.

Ésta es además la primera ocasión en la que se aplica la ley del 16 de junio de 1993 que concede a los tribunales belgas competencia para juzgar crímenes de derecho internacional, independientemente del lugar donde se hayan cometido, las nacionalidades de los acusados o su lugar de residencia.

Los doce miembros del jurado y sus doce suplentes oyeron a lo largo de ocho semanas las declaraciones de más de 170 testigos procedentes de Suiza, Alemania, Burundi, Ruanda y varias ciudades belgas, en un proceso que ha levantado gran expectación en Bélgica.