El Parlamento alemán da vía libre al pago de indemnizaciones a los esclavos del nazismo

A mediados de junio, los primeros trabajadores forzados comenzarán a recibir compensaciones del monto de 10.000 millones de marcos (851.000 millones de pesetas) que desembolsaron el gobierno de Berlín y la industria alemana a partes iguales.

El trámite final correspondía a los diputados, que han determinado que la industria alemana cuenta con suficientes garantías legales contra futuras demandas, es decir, que las empresas no deberán enfrentarse a nuevas peticiones de indemnizaciones ante los tribunales.

La aprobación parlamentaria era un mero formalismo ya que los representantes de la fundación de la industria ya dieron el visto bueno el 22 de mayo, cuando dos jueces estadounidenses rechazaron las demandas presentadas por dos grupos de víctimas del nazismo contra empresas germanas al margen de lo acordado en 1999.

La industria congeló el proceso durante meses a la espera de que todas las demandas en curso en los tribunales de EEUU fueran rechazadas, pues los empresarios no querían correr el riesgo de dejar causas pendientes que pudieran servir de precedente y enfrentarlos al pago de nuevas indemnizaciones millonarias en el futuro.

La garantía legal para la industria está estipulada en el acuerdo firmado por representantes de los trabajadores forzados, de la industria y de los Gobiernos de Alemania, EE UU y países del Este hace un año.

Pero la aprobación del parlamento no acabará con las tensiones entre empresarios y representantes de las víctimas, en su mayoría ciudadanos del este de Europa que no han recibido hasta el momento ningún tipo de indemnización por las condiciones de vida a las que se vieron sometidos durante el III Reich.

La discusión se centra ahora en el modo en que la industria quiere transferir los 5.000 millones de marcos (2.500 millones de dólares) que les corresponden. La industria alemana ya anunció el 13 de mayo que había reunido los más de 400.000 millones de pesetas que conforman su parte en una operación urgente de recogida de fondos, según anunció en su día el portavoz de la industria, Wolfgang Gibowski.

Los representantes de la mano de obra esclava exigen que los millones se canalicen inmediatamente a los fondos comunes y que además se transfieran todos los intereses obtenidos a los largo de los meses que la industria tuvo la cantidad congelada en sus cuentas.