El Parlamento mexicano aprueba la polémica Ley de Derechos y Cultura Indígena

La iniciativa, que implica la histórica reforma de cinco artículos de la Constitución, ya había sido aprobada el pasado miércoles por unanimidad por el Senado mexicano pero cuenta con el rechazo de organizaciones sociales y grupos indígenas, que consideran que es insuficiente para garantizar el reconocimiento pleno de los derechos indígenas. De hecho, fue el Senado quien introdujo cambios de última hora que limitan la amplitud de la reforma.

Tras una conflictiva sesión de la Cámara de los Diputados, en la que han intervenido 22 oradores durante más de seis horas, la ley ha sido aprobada por 386 votos a favor, 60 en contra y 2 abstenciones.

Los votos en contra fueron emitidos por los diputados de los izquierdistas Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT). A favor se han pronunciado el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el conservador Acción Nacional (PAN, el partido en el Gobierno), su socio Verde Ecologista y los tres grupos minoritarios restantes. En el PRI se han producido algunos votos por libre, ya que algunos diputados han votado en contra y dos se han abstenido.

Hasta el momento, no se ha producido una respuesta oficial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que encabeza el subcomandante Marcos, aunque el líder zapatista dejó claro hace meses que exigía la aprobación íntegra, con "puntos y comas", del texto que elaboró la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), el órgano legislativo creado para mediar en el conflicto que estalló en Chiapas en enero de 1994.

Horas antes de la votación en el Parlamento, la Cocopa exigió al presidente, Vicente Fox, el veto a la Ley, a la que aún queda un trámite para que entre en vigor: su aprobación por parte de los congresos de los distintos estados.

Una derrota de la izquierda

Así, la izquierda mexicana ha fracasado en su intento de retrasar la aprobación de la ley para modificarla. Antes de la votación, el pleno de la Cámara de Diputados rechazó una propuesta del PT para suspender la aprobación de la Ley, con lo que cerraba definitivamente la puerta a un debate para atender las demandas de la guerrilla zapatista y de las organizaciones indígenas.

La postura del PT, respaldada por PRD, coincide con las críticas expresadas por el Congreso Nacional Indígena (CNI), que agrupa a la mayoría de las 56 etnias de México.

Tanto la izquierda como el CNI consideran que la Ley no sólo no responde a las demandas planteadas por los zapatistas para reanudar el diálogo de paz con el Gobierno, sino que, en la práctica, supone una "invitación" a reanudar el conflicto.

Por el contrario, la mayoría de los partidos considera que la ley cumple su objetivo fundamental, que es el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas.

El texto, inicialmente elaborado por la Cocopa, recogía el espíritu de los Acuerdos de San Andrés, firmados entre el Gobierno y la guerrilla en 1996, sobre reconocimiento de los derechos indígenas.

Los puntos básicos que fueron reformados en la tramitación del Senado y que son rechazados por el CNI y la izquierda se refieren a la libre determinación de los pueblos indígenas; su derecho colectivo a acceder a los recursos naturales de sus territorios y su reconocimiento como sujetos de "derecho jurídico".