Cerco y caída de Joseph Estrada

Así, Estrada se vio obligado a abandonar la Presidencia en medio de una revuelta popular organizada por la oposición y la Iglesia Católica, cuando estaba siendo juzgado en el Senado por corrupción. De hecho, ante la sospecha de que fuera responsable de un masiva evasión de capital, el nuevo Gobierno congeló una de sus cuentas corrientes, donde se cree que hay hasta 350 millones de pesetas.

Tras su derrocamiento, tal y como ha sucedido con el también ex presidente Slobodan Milosevic, los tribunales de su país han abierto un proceso que se prevé largo y al que se han ido sumando nuevas causas contra él, varios miembros de su familia y algunos de sus socios.

El inicio del cerco a Estrada comenzó el pasado octubre, cuando un gobernador provincial le acusó de dirigir una red de apuestas ilegales que le había supuesto unos beneficios de 10.000 millones de pesetas en dinero negro.

En noviembre, el Parlamento puso en marcha su destitución, bloqueada poco después por sus adeptos, que ganaron una votación en la que se dirimía la aportación de las pruebas bancarias del presunto delito. En los siguientes tres meses se produjo un aluvión de informaciones que acabó por generar un movimiento cuidadano de rechazo.

Los cargos presentados contra él hasta el momento van desde malversación de fondos públicos y corrupción a perjurio, en un país en el que la corrupción sigue siendo generalizada 15 años después del final de la dictadura de Ferdinand Marcos. Los indicios, basados en los movimientos de sus cuentras corrientes, hablan de un desfalco de 60 millones de dólares (más de 10.000 millones de pesetas).

El primer acto de esta pugna judicial se desarrolló el pasado 4 de abril, cuando el Tribunal Supremo le denegó la inmunidad presidencial, unos privilegios con los que se había escudado hasta entonces para eludir la acción de la justicia. Esta decisión abrió la puerta a un posible juicio contra el ex mandatario, acusado ese mismo día de ocho cargos de corrupción y malversación de fondos, que suman 4.000 millones de pesos (unos 14.800 millones de pesetas).

Después, el 16 de abril, el Tribunal Anticorrupción emitió una orden de arresto contra él por cargos de corrupción y perjurio. Horas más tarde, el ex presidente se entregó voluntariamente, pero quedó en libertad provisional bajo una fianza de casi 150.000 pesetas.

Días después, la justicia filipina retiró cinco de las ocho acusaciones, pero los tres cargos que se mantuvieron son los más graves de la lista.

Mientras tanto, en el país se iniciaban los movimientos políticos para evitar que Estrada llegue a entrar en la cárcel y que su presencia en el país perturbe al nuevo Gobierno, que apuntan un doble juego: procesarle pero conseguir que se exilie antes.

El país se ha mostrado dividido en torno al derrocamiento y la persecución judicial del ex presidente. Si bien medio millón de personas marcharon hacia el palacio presidencial para pedir su renuncia, gran parte de la población, sumida en la pobreza, le apoya.

Votado por 11 millones de filipinos, asumió la Presidencia en 1998, en lo que parecía ser el papel más importante de este popular ex actor de 64 años, apodado cariñosamente Earp por su público.