Una ausencia clamorosa: los 50 años de la monarquía se celebran sin Juan Carlos I

Los libros de memorias, especialmente los escritos por políticos o personajes relevantes en la vida pública de un país, suelen tener dos objetivos, presentar al protagonista como una víctima o resaltar la complacencia con sus propias facultades. Suelen ser más interesantes las memorias publicadas póstumamente, porque pierden algo de ese carácter narcisista. Son poco frecuentes los políticos que convierten sus memorias en verdaderos tratados de historia. Desde luego, no es el caso de las memorias publicadas esta semana por el rey emérito, don Juan Carlos. Ignora prácticamente su vida personal, sin dar las explicaciones debidas, y no aporta elementos desconocidos sobre los hechos de su vida pública.

El hecho de que se haya buscado su publicación coincidiendo con los actos conmemorativos del 50º aniversario del acto de proclamación de Juan Carlos I como rey de España, celebrado en el Palacio de las Cortes el 22 de noviembre de 1975, resulta incómodo para el actual rey, Felipe VI, porque incomprensiblemente no se ha reservado ningún papel al rey emérito en esa conmemoración, aunque obviamente él fue el protagonista de aquel acto. Hubiera sido difícil darle encaje, porque no existen precedentes de “reyes eméritos” y porque Juan Carlos I renunció en su día con un comunicado, anunciado por el entonces presidente, Mariano Rajoy, en el que afirmaba que había decidido “poner fin” a su reinado y “abdicar la Corona de España”.

Sea como sea, es indudable que la ausencia del rey emérito en los actos conmemorativos del día 22 resultará clamorosa. Por muy complicado que resultara el encaje, debería haber sido el Gobierno, y no la Casa Real, el encargado de encontrar la fórmula y de dar la explicación pertinente a su discreta presencia. El próximo día 22 se conmemora un acto oficial, no se da repaso a la vida privada o pública de Juan Carlos I, y es difícil ignorar el papel del ahora rey emérito en los primeros 40 años de funcionamiento de la institución monárquica.

La vida privada de don Juan Carlos no se corresponde con el desarrollo de su vida pública. Es importante constatar que el rey vinculó inmediatamente el futuro de la monarquía no al acto de proclamación del día 22 de noviembre, sino a la elaboración de una Constitución que diera legitimidad a la institución y estableciera los mecanismos y previsiones constitucionales necesarias para su supervivencia. De hecho, reconoció públicamente que la monarquía solo quedaría legitimada una vez se aprobara la Constitución y, quizás con algún recelo, pero sin manifestar oposición, que dicha Constitución fuera del tipo parlamentario, es decir, que concediera a la figura del rey un papel simbólico y ceremonial, como jefe de Estado, pero sin capacidad para disolver el Parlamento ni vetar leyes. Juan Carlos aceptó inmediatamente esa definición de la monarquía española y se esforzó muchísimo en los primeros años por dejar claro que ese papel era puramente simbólico, sin ningún tipo de adherencia política. Es curioso que, en sus memorias, diga que llegó a ser rey porque Franco así lo quiso, porque durante años, en conversaciones privadas, dejó claro que su aprecio personal por el dictador era compatible con su convicción de que sólo una Constitución democrática, elaborada con el máximo consenso posible, podría garantizar no sólo su permanencia en el trono, sino la estabilidad de la institución monárquica a lo largo de las próximas décadas.

Nunca ha quedado claro por qué los sucesivos gobiernos democráticos (empezando por Adolfo Suárez y Felipe González) no ejercieron un mayor control sobre la vida privada del rey Juan Carlos. Una cosa es que no se inmiscuyeran en su vida sentimental y otra, muy distinta, que consintieran que el monarca desarrollara actividades económicas fuera de la ley. Juan Carlos I podía quizás aceptar regalos por valor de millones de dólares, pero lo que no podía era colocar ese dinero en cuentas en el extranjero y evitar así su tributación en el fisco español. Se supone que los gobiernos prometen cumplir y hacer cumplir la Constitución y perseguir los delitos. O tuvieron información al respecto o debieron haberla requerido, pero es obvio que en ningún caso tomaron las medidas oportunas. Todos los gobiernos dejaron la institución monárquica en manos exclusivas del rey, cuando su responsabilidad hubiera sido garantizar su estabilidad. El rey emérito explica en su libro que desearía residir en España, pero esa es una decisión que le corresponde en exclusiva a él, en el caso de que no tenga pendiente ningún contencioso con la justicia española. Si desea vivir en España, ese deseo debería ser respetado, aunque su alojamiento no debe depender de la Casa Real, aunque aún forme parte de ella.