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PUNTO DE OBSERVACIÓN
Columna
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El PP brutaliza a las instituciones y el PSOE se desentiende de su defensa

La renovación del Gobierno de los jueces es una excelente noticia, pero los elegidos tendrán que demostrar su rigor más allá del bipartidismo

Sol Gallego
Nicolás Aznárez
Soledad Gallego-Díaz

“Nadie puede ser descalificado como juez en razón de sus ideas (…) La afinidad ideológica no constituye por sí sola causa de recusación (…) porque no es en ningún caso factor que mengüe la imparcialidad para juzgar”. El Tribunal Constitucional modificó en 2021 la doctrina sobre recusaciones. Pero una cosa es pensar que un juez puede tener afinidad ideológica con un partido y otra, que se nombre magistrado del Tribunal Constitucional a alguien que ha descalificado radicalmente un proyecto de ley y que ahora vaya a participar en el examen de un recurso de inconstitucionalidad sobre ese texto legal.

Es exactamente lo que va a ocurrir, si nadie lo remedia, con el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, que con todo desparpajo ha manifestado, en repetidas ocasiones, su rechazo frontal a la ley de amnistía aprobada por el Congreso, calificándola de “ruptura del marco constitucional y desprecio al marco constitucional que esto supone”. ¿Imparcial? ¿Habrá que recordar que en su día un magnífico constitucionalista llamado Pablo Pérez Tremp fue recusado para examinar el recurso de inconstitucionalidad contra el estatuto de Cataluña porque había participado en un libro, con 10 firmantes más, sobre ese tema?

El problema con el señor Macías no es que tenga “afinidad” con el Partido Popular, que la tiene, ni tan siquiera que haya despreciado públicamente al Gobierno (“Ni el Derecho ni el Estado va con este gobierno”), sino que, antes incluso de que llegue al TC el recurso del PP sobre la mencionada ley ya sabemos todos lo que piensa y lo que va a votar, pase lo que pase. El señor Macías no debería ni acercarse a la sala del TC donde se debata ese asunto.

¿Por qué propone el PP como miembro del Constitucional a una persona con semejantes antecedentes? Lamentablemente, es posible que lo haga precisamente por eso. ¿Por qué acepta el PSOE a semejante candidato? Lamentablemente, porque sabía que de eso dependía el acuerdo final sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial. Un mal menor disculpable. Pero el PSOE lleva mucho tiempo pensando que no pasa nada por desentenderse de la imagen de las instituciones y que lo importante es respetar el cupo de cada cual, al margen del currículo de los integrantes de cada uno de esos cupos. Tan poco le preocupa la imagen de las instituciones que ellos mismos propusieron hace poco como nuevo miembro del TC a un exministro de Justicia de su gobierno, sin esperar siquiera a que se cumpliera un mínimo plazo de dos años entre una cosa y otra.

La brutalidad del PP en su desprecio por las instituciones se compagina bien con la capacidad del PSOE para desentenderse de su defensa. (¿Cómo es posible que el Rey viaje en visita oficial sin estar acompañado por un ministro que se responsabilice de sus declaraciones y actos? El Gobierno tiene 22 ministros y sólo la falta de interés en el tema puede llevar a semejante situación).

La renovación del CGPJ es una gran noticia porque el deterioro y escándalo a que estaba sometido impedía el funcionamiento normal de los tribunales de Justicia. Pero el nuevo Consejo tiene un difícil trabajo por delante. Ha sido elegido con la fórmula más clásica de cupos bipartidistas, 10 para ti y 10 para mí, aunque parece que en esos cupos se ha logrado incorporar a juristas de amplio currículo y valía. Excelente noticia. Ahora tendrán que demostrar que, efectivamente, pueden tener afinidades ideológicas, pero que están dispuestos a trabajar con rigor para recuperar la imagen y el prestigio del órgano de gobierno de los jueces.

El Tribunal Constitucional, por su parte, deberá decidir hasta qué punto está dispuesto a que se deteriore la suya. “Lo único que debería importar es el prestigio de ese Tribunal”, reclamó su primer titular y eso no será posible si acepta que se le utilice para provocar desgastes políticos entre fuerzas parlamentarias. La raíz última de los males del Tribunal, escribió el gran jurista Francisco Rubio Llorente, es el uso que hacen las minorías parlamentarias del recurso de inconstitucionalidad para continuar allí el debate político. “De ahí, su afán por contar con ‘magistrados sensibles’ a sus planteamientos, cuantos más mejor, y de ahí también la visión que nuestra sociedad tiene de él como un órgano político”. Ojalá la mayoría de los miembros del actual TC hayan leído a Rubio Llorente, a Francisco Tomás y Valiente o a Manuel García Pelayo. No es nada seguro.

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