Cooperación necesaria

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, aludió hace apenas 12 meses, en la apertura del año judicial 2020-2021, a la “anomalía” que suponía que la renovación de los miembros del Consejo cuyo mandato había caducado hacía más de año y medio siguiera bloqueada. Mañana, el mismo Carlos Lesmes volverá a acompañar al rey Felipe VI en la apertura del nuevo año judicial y, según se ha publicado, hablará de cómo ese bloqueo (que suma ahora dos años y medio, 1.000 días) está debilitando la independencia judicial. Ni el año pasado ni este, al parecer, el señor Lesmes tiene previsto recriminar su actuación a los dirigentes del Partido Popular, únicos causantes de semejante situación. El silencio del presidente del CGPJ al respecto tiene consecuencias graves, porque al ocultar quién es el responsable de unos hechos que “debilitan la independencia judicial” traslada el coste de semejante daño al sistema en su conjunto. Con su silencio, Carlos Lesmes se ha convertido en cooperador necesario de una estrategia de desgaste del sistema constitucional, de un asalto descarado al sistema que diseñó la Constitución de 1978, un sistema gracias al cual precisamente él mismo fue elegido para el puesto que ocupa. Difícilmente podrá evitar que todo su mandato quede definido por esa cooperación.

El sistema constitucional español está demostrando ser de una solidez muy considerable, capaz de soportar el desgaste irresponsable al que le someten algunos de quienes dicen defenderlo y, peor aún, de quienes tienen la obligación de hacerlo. Bastaría, por ejemplo, que los responsables del PP negociaran la renovación del CGPJ y de las otras instituciones en las que se está prorrogando sin sentido el mandato de sus miembros (Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas) para que el sistema volviera a ser irreprochable. Lo increíble es que una persona con cargo político relevante como el secretario general del PP, Teodoro García Egea, crea que puede utilizar como argumento para bloquear el cumplimiento de una obligación constitucional la simpleza de que “no se fía” de las intenciones del Gobierno. Como si un ciudadano pudiera dejar de pagar sus impuestos municipales porque “no se fía” de la honradez del partido que lo gobierna.

El caso del Consejo General del Poder Judicial es especialmente grave porque, como reconoce su propio titular, “debilita la independencia judicial”. Todos los nombramientos de magistrados y presidentes de tribunales superiores que ha hecho el CGPJ desde el momento en que sus miembros agotaron su mandato de cinco años y quedaron “en funciones” tiene un origen excepcional, que no les beneficia. Carlos Lesmes parece haber tardado 1.000 días en observarlo. Como el capitán Renault de Casablanca, que recoge los beneficios de la ruleta en el local de Rick Blaine (Humphrey Bogart) y después exclama: “¡Qué escándalo, aquí se juega!”.

La excepcionalidad, algo que no se ajusta a la regla, está prevista en la Constitución, desde luego, pero se trata de cláusulas pensadas para situaciones momentáneas, que ocurren rara vez. Hay cláusulas que permiten la prórroga de los Presupuestos, mientras se termina de negociar la aprobación de unos nuevos; la prórroga del mandato del propio presidente del Gobierno, mientras se alcanza la nueva mayoría parlamentaria necesaria para nombrar al siguiente, tras unas elecciones generales; la del mandato de los miembros del CGPJ o del TC, mientras los partidos llegan a un acuerdo para fijar el respaldo parlamentario previsto en el sistema constitucional… Son situaciones excepcionales y claramente de corto recorrido temporal previstas en muchas Constituciones del mundo. Lo inquietante es que en España, debido a la irresponsabilidad de algunos dirigentes políticos, demasiadas cosas empiezan a tener un origen “excepcional”, fuera de la norma, y además se dilatan y alargan, lejos de cualquier medida razonable. Aquí ha habido Presupuestos prorrogados no uno sino dos años y un presidente del Gobierno en funciones durante 315 días. Y si todo sigue igual, el PP puede bloquear la renovación del CGPJ hasta las próximas elecciones. Sus miembros pueden tranquilamente llegar a duplicar la duración de sus mandatos sin que se les ocurra tomar alguna iniciativa para limitar el sofoco. “¡Qué escándalo, aquí se juega!”.

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