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punto de observación
Columna
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No está en juego la magnanimidad

El lugar para el debate público es el Parlamento. Pero algunos políticos españoles creen que un teatro es mejor caja de resonancia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control del Congreso este 16 de junio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control del Congreso este 16 de junio.Chema Moya (EFE)
Soledad Gallego-Díaz

La discusión pública se entabla generalmente para aportar conocimiento sobre los problemas que encuentra una sociedad —ofreciendo los datos que los desentrañan— y para disponer soluciones políticas, es decir, dentro de las instituciones democráticas, para esos problemas. Los ciudadanos deberíamos salir de los debates actuales (indultos, fondos europeos, empleo, educación) con mayor conocimiento, pero a la vista está que eso no ocurre desde hace mucho tiempo. El debate público en España se limita a un continuo acarreo de frases para avalar la razón propia, sin un ápice de conocimiento nuevo para el público. Y sin embargo, este sería un momento extraordinario para lograrlo, por el impacto que tendrán en nuestro futuro los temas planteados.

El lugar perfecto para ese debate es el Parlamento, aunque históricamente algunos políticos españoles han pensado que un teatro es mejor caja de resonancia. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha caído en esa extraña manía de pensar que un escenario es mejor que una tribuna y parece que tiene previsto acudir al Liceo de Barcelona para explicar, sin debate, su posición respecto a los indultos y al problema político planteado por los independentistas.

Es en el Parlamento donde se debe hablar de los indultos y donde se debe negociar rápidamente un acuerdo sobre el importante plan de recuperación elaborado por el Gobierno y aprobado esta semana por la Comisión Europea. Quizás sea bueno recordar que los Fondos de Cohesión aprobados por la UE en 1993 supusieron 1.500 millones de lo que entonces se llamaban ecus, de los que España recibió casi el 55%, unos 850 millones, equivalentes a unos 130.000 millones de pesetas de entonces. Con ese dinero, España puso en marcha un extraordinario plan de modernización de infraestructuras viarias. Las infraestructuras son solo herramientas, imprescindibles para avanzar en el desarrollo de las sociedades modernas, pero solo eso, instrumentos para ayudar a alcanzar objetivos. Ahora existe una nueva operación europea, con una financiación extraordinaria por la que España puede recibir 69.500 millones de euros en forma de transferencias directas y otro tanto en forma de créditos. 140.000 millones de euros frente a los 130.000 millones ¡de pesetas! de 1993. ¿No merece un debate parlamentario sosegado, que nos ayude a comprender la magnitud del desafío que supondrán esas inversiones? ¿Nadie nos aportará conocimiento en la tribuna parlamentaria? ¿Habrá que soportar que la oposición, el PP, maniate el debate por intereses exclusivamente electorales?

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Sobre el otro gran tema que debería ser objeto de debate público, los indultos de los condenados por el llamado procés, el presidente anunciará mañana, al parecer, su decisión de aliviar esas penas. Evidentemente, los indultos necesitan una explicación, pero, sobre todo, necesitan un debate político. No se trata de justificarlos en la magnanimidad del Estado o en la generosidad de la democracia. Hay algo más importante y necesario: explicar (y Sánchez no debería hacerlo en un escenario operístico, sino en el Congreso) que los indultos son necesarios para el Estado. Que son la decisión que más conviene al Estado no porque demuestre su generosidad, sino porque fortalece sus instituciones democráticas.

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Las reacciones a los posibles indultos a los presos del ‘procés’

Los independentistas alzan en estos momentos dos banderas, la amnistía y un referéndum de autodeterminación. ¿Qué mejor para el Estado que dejar esas banderas sin sentido? ¿Para qué la amnistía si las penas han sido indultadas? Frente al referéndum, el Estado tiene la poderosa arma de un nuevo Estatuto de autonomía que se someta a la votación de todos los catalanes. Es verdad que los independentistas aseguran que el Estatuto es “página pasada”, pero eso es solo una propuesta política, frente a la que existen otras. Si Esquerra Republicana de Catalunya lucha por ampliar su base independentista con nuevas propuestas, nada impide que otros grupos y el propio Gobierno luchen por ampliar la suya propia, no independentista, con otra oferta. No están en juego sentimientos, sino soluciones políticas, soluciones dentro de las instituciones democráticas. Quienes no sepan poner sus pensamientos en hielo no deberían entrar en el calor del debate, decía Nietzsche. Ojalá vuelvan pronto al Parlamento y a la discusión pública.


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