Alarma en el Congreso

Los Gobiernos son responsables de la planificación y ejecución de sus políticas, pero la evaluación de sus proyectos y, sobre todo, del impacto de esas políticas sobre la población, es competencia directa del Parlamento. La labor del Congreso se facilita bien con el trabajo de agencias independientes, bien —ante acontecimientos muy concretos y complejos— de comisiones de encuesta, que investigan y exponen las deficiencias que los hicieron posibles. En cualquier caso, agencias y comisiones tienen la obligación de informar al Parlamento y de hacer públicos sus trabajos para conocimiento de la ciudadanía. Nada de esto sucede en España.

Ese es uno de los principales problemas con que se enfrenta la vida política española en 2021: el papel disminuido del Parlamento y cómo lograr que su debate sea de mayor calidad. De los tres poderes del Estado, solo el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez empieza el año con una hoja de ruta clara y organizada, pero nada se ha hecho para mejorar la del Poder Legislativo, rebajado en un permanente discurso de insulto y descalificación, ni la del Poder Judicial, sometido a un órgano de gobierno falto de autoridad.

El Gobierno, por el contrario, parece encarrilado y, por lo que se ve, encantado con un extraño sistema de evaluación, dependiente de La Moncloa, que no tiene valor real pero que distrae mucho del auténtico problema. Sea como sea, es cierto que por primera vez en cuatro años, el presidente contará con un presupuesto para 2021 (no para toda la legislatura); los fondos europeos anticrisis empezarán a ser canalizados a través de un Plan de Recuperación; la coalición PSOE-UP ofrece solidez a doce meses vista; sólo están previstas unas elecciones difíciles, las catalanas, pero el escenario para el PSC es razonable, con un excelente candidato, Salvador Illa; e incluso, también por primera vez, el Ejecutivo parece dispuesto a afrontar sus obligaciones respecto a la jefatura del Estado y elaborar, con ayuda del primer partido de la oposición, una ley de la Corona que, entre otros asuntos, establezca los límites de la inviolabilidad.

Los planes del Gobierno y su ritmo de ejecución parecen claros. Pero, ¿cómo se efectuará la imprescindible labor de control y evaluación? Malamente si las cosas siguen en los niveles de confusión en los que se mueven en la actualidad y el Gobierno se atribuye su autocontrol y su autoevaluación. El Parlamento necesita urgentemente mejorar la calidad de su debate y su capacidad real de control gubernamental.

Al margen de la labor de los grupos parlamentarios —que, en bastantes casos especialmente en el principal partido de oposición, el PP, deberían estar avergonzados por su falta de nivel—podría haber dos sistemas de control de gran utilidad para el Congreso. En 2013 y por imposición de la Unión Europea se creó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), encargada de controlar lo que entonces era una política de austeridad. Debía ser capaz de detectar e informar al Congreso de desviaciones tempranas de los objetivos, acceder directamente a todos los datos de los ministerios, su responsable era nombrado para seis años, no podía ser cesado salvo caso de delito doloso y tenía prohibido aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada. La Airef cumple perfectamente su papel, informando el Parlamento y aconsejando medidas técnicas apropiadas.

Ahora que la UE ha variado su política para hacer frente a esta crisis, ¿por qué no existe una agencia con autonomía funcional, destinada a evaluar el uso de los fondos europeos y el impacto que vayan teniendo en la población? Sus informes mejorarían el debate político y el Parlamento efectuaría con mayor seriedad y calidad el control de las políticas del Gobierno.

Si la crisis económica provocada por la pandemia necesita un seguimiento independiente, la pandemia en sí misma necesita con urgencia una comisión de encuesta, cuyo presidente, de reconocida competencia, sea nombrado por el Gobierno pero que tenga autoridad para recabar todos los datos y apoyos técnicos que precise. Solo así llegará a la ciudadanía, es decir, al Parlamento, un informe independiente, capaz de desenredar un asunto tan complejo, ayudar a que se tomen las medidas adecuadas y a restaurar la confianza pública.