Isabel Celaá, la ministra empeñada en cambiar la escuela

El año 2020 ha sido una verdadera pesadilla, pero hay que suponer que Isabel Celaá (Bilbao, 1949), ministra de Educación y Formación Profesional, lo habrá despedido con la satisfacción de la misión cumplida. Pese al confinamiento y a las restricciones impuestas por la pandemia, ha sacado adelante la nueva ley de educación, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), que sustituye a la Lomce, la polémica norma que el PSOE se comprometió a retirar. Todo un triunfo, pese a que tampoco la ley Celaá es fruto del consenso con el principal partido de oposición, el PP, y ha desatado una ola de protestas porque, entre otras cosas, limita las prerrogativas de la enseñanza concertada y retira al castellano su condición de lengua vehicular.

Mientras las comunidades gobernadas por el PP intentan soslayar la aplicación de la ley el próximo curso, el tema del castellano ha traspasado la esfera política. El premio Nobel Mario Vargas Llosa ha calificado la medida de un paso más en “la campaña contra el español” en un artículo de este periódico; la RAE ha mostrado su inquietud en un insólito comunicado, y varios exdirectores del Instituto Cervantes han llegado a hablar de “genocidio lingüístico”. La ministra se ha defendido recordando que, de acuerdo con la nueva ley, los alumnos deben acabar la enseñanza obligatoria con un dominio pleno del castellano y de la lengua cooficial tal y como manda la Constitución. “En toda la legislación educativa de la democracia no ha habido una propuesta tan garantista como la de esta ley”, aseguraba Celaá en noviembre, en EL PAÍS. Pero las interpretaciones varían. Para la diputada de ERC Dolors Bassa, “la ley establece que la lengua vehicular se decida según el Estatut y la ley de educación catalana, que dicen que es el catalán”.

El cambio de estatus del castellano fue introducido en una enmienda aprobada con los votos de ERC, Podemos y PSOE. Pero Celaá ha declarado sentirse “cómoda” con el resultado. Sería impensable que discrepara de las decisiones de su partido —y menos públicamente— una socialista disciplinada como ella. Demostró serlo en los años de militancia en Euskadi, donde adquirió toda su experiencia en la gestión educativa. Aterrizó en 1987 en la Consejería de Educación que entonces dirigía José Ramón Recalde, y entre 1991 y 1995 fue la mano derecha del consejero Fernando Buesa. Alcanzó la titularidad del departamento con el lehendakari Patxi López (2009-2012).

Experiencia, fidelidad y proximidad a López llevaron a Pedro Sánchez a ofrecerle la cartera de Educación, que durante el año y medio que duró el primer Gobierno de Sánchez compatibilizó con las funciones de portavoz. Un cargo este último particularmente expuesto, en el que Celaá tuvo alguna metedura de pata, como cuando negó que las bombas vendidas por España a Arabia Saudí pudieran alcanzar a la población de Yemen porque eran misiles láser de alta precisión, “y si son de alta precisión,” dijo, “no se van a equivocar matando a yemeníes”.

Catedrática de instituto de Lengua y Literatura Inglesa, hay en Celaá algo de esa rectitud de la militante modelo acostumbrada a dar órdenes y a acatarlas con igual fervor. Una disciplina forjada en la dura atmósfera de la violencia terrorista que reinó en Euskadi y que ella sufrió de cerca: dos de sus antiguos jefes, Recalde y Buesa, fueron víctimas de sendos atentados de ETA. El primero sobrevivió. El segundo fue asesinado junto a su escolta en el año 2000. Quienes trataron a Celaá en esa época recuerdan su carácter fuerte. “Le gusta tener el control siempre”, comenta un antiguo colaborador, que subraya también la pasión por todo lo británico que cultiva desde los años de juventud que pasó en Irlanda. Tan british que le apodaban Milady. La misma persona atribuye a un sentido acusado de la disciplina de partido (cuya comisión de ética y garantías ha presidido) más que a ambición personal el que aceptara la oferta de Sánchez. “Ella y su marido estaban jubilados ya, y la perspectiva que tenían era la de pasar los inviernos en Marbella y los veranos en Euskadi”. La ministra es dueña de una casa palaciega en el barrio de Neguri (Getxo) y tiene dos hijas adultas e independientes.

El presidente quería que pilotara la nueva ley de educación, la octava de la democracia. Desde el principio, se implicó de lleno en la misión. Su firme defensa de la escuela pública, sus críticas a las concertadas que segregan por sexo y su rechazo a la asignatura de Religión encontraron réplica en la prensa, que le recordó que sus hijas estudiaron en las Irlandesas de Lejona, colegio religioso, concertado y que en aquella época no aceptaba varones. “Quería que aprendieran bien inglés, pero está claro que es una firme defensora de la escuela pública”, alega un conocido.

A la política nacional ha llegado, apuntan antiguos colaboradores, decidida a reproducir algunos de los éxitos obtenidos en Euskadi, donde fue adalid de la enseñanza trilingüe (euskera, castellano, inglés) y donde ha visto triunfar un modelo de Formación Profesional basado en la colaboración entre Administración y empresas. De momento, ha dedicado todas sus energías a elaborar la nueva ley de educación, la octava, sobre la que ya planea inexorable la sombra de la novena.