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PUNTO DE OBSERVACIÓN
Columna
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Un poco de coherencia

No hay argumentos racionales que justifiquen la negativa del Gobierno a trasladar inmigrantes llegados a Canarias

Soledad Gallego-Díaz
Salvamento Marítimo rescata a 284 ocupantes magrebíes (uno de ellos muerto) de 10 pateras en Gran Canaria, el 25 de noviembre.
Salvamento Marítimo rescata a 284 ocupantes magrebíes (uno de ellos muerto) de 10 pateras en Gran Canaria, el 25 de noviembre.Elvira Urquijo A./EFE

La negativa del Gobierno a trasladar a la Península a los inmigrantes llegados a las islas Canarias en las últimas semanas es difícil de comprender, porque no hay argumentos racionales que la justifiquen. Es más, se trata de una medida incoherente respecto a la posición que mantiene ese mismo Gobierno en la Unión Europea y que acaba de hacer explícita en una carta dirigida a Angela Merkel, y firmada por Pedro Sánchez. No es fácil explicar simultáneamente que España, junto con Italia, Grecia y Malta, se niegue a aceptar el plan de migración elaborado por Bruselas, entre otras cosas, porque considera injusto que la UE obligue a los inmigrantes irregulares a quedarse en el país de primera entrada y que, al mismo tiempo, aplique en Canarias, respecto al resto de España, exactamente la misma medida.

Uno de los problemas más graves para analizar los fenómenos migratorios es el miedo que genera en muchos políticos, de izquierdas o de derechas, su manipulación por grupos extremistas y su efecto sobre las opiniones públicas. Pero precisamente ese efecto se produce porque las decisiones se adoptan para la galería, con histeria y arrogancia, sin la menor consideración por los datos y por los expertos.

No se comprende por qué la llegada a las islas de unos 18.000 inmigrantes irregulares en lo que va de año ha provocado semejante conmoción. La turbación no debería proceder de esa cifra (perfectamente asimilable por un país de 45 millones de habitantes), sino de la manera en la que fueron tratadas esas personas por orden del Ministerio del Interior, sin el menor respeto a su dignidad y a sus derechos. No había, ni hay, razón alguna por la que esas personas no pudieran ser trasladadas a la Península, unas, las que estén a la espera de su repatriación, alojadas en los centros que ya existen con esa función, y otras, en libertad y en contacto con las ONG encargadas de proporcionarles los primeros socorros.

La decisión de mantenerlos confinados en el primer punto de llegada ha coincidido precisamente con uno de los momentos de menor presión migratoria en España desde hace años. La Fundación porCausa ha explicado que cuatro de cada cinco inmigrantes irregulares entran en España vía los aeropuertos, procedentes de América Latina, en concreto, de Colombia, Honduras y Venezuela. Solo el 9,2% de los inmigrantes irregulares que hay en España procede del continente africano (y de ellos, la mitad, de Marruecos). Es decir, que la radical disminución del tráfico aéreo provocada por la pandemia ha hecho que la presión migratoria sobre España haya descendido este año exponencialmente.

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La explicación proporcionada por el Ministerio del Interior sobre la decisión de confinar en Canarias a los inmigrantes llegados desde septiembre es asombrosa por su falta de rigor: hay que evitar el efecto llamada. No existe semejante cosa: una y otra vez expertos de todo el mundo han demostrado con datos, estadísticas y todo tipo de estudios que los movimientos migratorios no se producen por ningún efecto llamada, sino en todo caso por el efecto salida: guerras, sequías… El único efecto llamada conocido es que exista un mercado de trabajo dispuesto a contratar ilegalmente a personas que no disponen de los permisos administrativos necesarios. Es decir, en todo caso se evita antes la llegada de inmigrantes irregulares con un eficiente servicio de inspección de trabajo que hacinándolos como animales en muelles o sometiendo a España a un bloqueo naval, como propone Vox. (Afortunadamente, el jefe del Estado Mayor de la Armada recordó que si un barco de guerra se encuentra con una patera cuyos ocupantes corren peligro tiene la obligación legal y moral de rescatarlos y que “eso es lo que hará”). Quizás sea también el momento de recordar que en este país existe un ministro encargado de los movimientos migratorios. Se llama José Luis Escrivá y se suponía que tenía algo que decir estos días. En su lugar han hablado, aliviando la vergüenza de todos, los habitantes de Órzola, en Lanzarote, que se echaron de noche al mar con la luz de sus móviles intentando ayudar a los ocupantes de una patera naufragada.


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