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Trenes y autobuses a la carta y con etiqueta medioambiental

El sector avanza hacia una oferta que se ajuste a la demanda del usuario, con la tecnología como principal herramienta

Vehículo autónomo de transporte a demanda en pruebas en Fráncfort, Alemania.
Vehículo autónomo de transporte a demanda en pruebas en Fráncfort, Alemania.ollo KESSLER (GETTY IMAGES)

En el mundo se producen millones de desplazamientos cada día. Llegar a cada destino requiere hacer uso de un vehículo particular, del autobús, del tren, del metro o del avión, y a veces, de la combinación de varios. El transporte público se ha convertido en la columna vertebral de la movilidad. “Puede ser un facilitador clave del crecimiento económico sostenible y de una oportunidad de acceso equitativo”, señala KPMG en su informe El futuro del transporte público.

Los últimos datos del INE recogen que 4.369 millones de viajeros lo utilizaron en 2022, cifra que supone un aumento del 28,8% sobre 2021, pero que aún queda un 13,5% por debajo de 2019. “Es una actividad que representa el 4,27% del PIB, el 13% del gasto de las familias y el 5% del empleo. La gratuidad o la bonificación de algunos de los abonos está ayudando a que el impacto de la inflación sea menos severo y el transporte colectivo sea más atractivo al ciudadano”, comenta Manel Domínguez, profesor de OBS Business School.

Presupuesto oficial

Con el objetivo de avanzar, el Gobierno ha asignado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un presupuesto de 21.273 millones para 2023, la mayor dotación en 13 años. Las líneas de actuación se centran en “apostar por una movilidad cotidiana puntual, fiable, asequible, con más frecuencias y descarbonizada”. Entre las iniciativas que se acometerán se encuentra “el transporte a la demanda”, que ya se está desarrollando en 72 municipios de Cuenca y en el Campo de Montiel (Ciudad ­Real); el horario e itinerario de las rutas se genera cada día en función de las peticiones. En los próximos meses comenzarán otras experiencias piloto, como la que unirá Soria y Calatayud a través de un billete único que combinará el tren de alta velocidad y el transporte por carretera.

Por otra parte, May López, de la EAE Business School, cuenta cómo las zonas de bajas emisiones (ZBE) van a ser decisivas en la eficiencia energética. “Uno de los puntos más determinantes del real decreto de las ZBE es el establecimiento de indicadores; empezaremos a medir y, por ende, a conocer el porcentaje de pasajero por kilómetro recorrido, por tipo de ve­hículo, el número de líneas, su longitud, la cobertura de red y los tiempos empleados frente al coche particular, entre otros. Esta información permitirá una mejora continua del servicio, pero, sobre todo, de la calidad del aire y de vida en las ciudades”. Las empresas contemplan el hidrógeno como la alternativa al carburante tradicional, pero a muy largo plazo. Mientras, cada vez utilizan más energías verdes o de fuentes renovables.

La Ley de Movilidad Sostenible será otra de las palancas: “Se deberá facilitar una movilidad inclusiva y universal, implementando soluciones para todas las personas, vivan donde vivan, y priorizando dar respuesta a las necesidades de uso cotidiano. Es aquí donde el transporte público desempeña un papel fundamental”, asegura López.

Impacto en el cliente

Manel Domínguez cree que “los ciudadanos se moverán en diferentes medios según su edad, disponibilidad y duración del viaje. El vehículo autónomo será con el tiempo una opción real. Para lograr una utilización fiable y segura de estos vehículos inteligentes habrá que crear una regulación y actualizar los espacios urbanos dotándolos de herramientas tipo IOT (internet de las cosas) y redes 5G o 6G. Y no hay que perder de vista los drones. Se está trabajando a nivel nacional en un proyecto de Horizonte 2030 para definir el uso de estos vehículos como transporte público”.

Según el estudio de KPMG, “los viajeros de hoy exigen servicios modernos, digitales, personalizados, flexibles, rápidos, sostenibles y universalmente accesibles, incluidos clientes con movilidad reducida y discapacidad visual. Les interesan las soluciones digitales integradas como la planificación, las conexiones entre modalidades y los procesos de pago unificados y optimizados”. En cuanto al coste, “esperan que tengan un precio razonable y sean competitivos. Si las tarifas se consideran demasiado caras o a la par con las opciones más convencionales (ve­hículo propio), muchos clientes pueden continuar eligiendo la comodidad sobre la sostenibilidad”.

Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el sector es que “el desarrollo de infraestructuras y la capilaridad del transporte público pueden suponer la pérdida de horas diarias para cubrir las rutas deseadas, por los tiempos de espera frente al equivalente del uso del vehículo privado”, indica Juan Carlos Higueras, de la EAE Business School. En este sentido, “se debería cuantificar económicamente el exceso de tiempo que las personas dedican en interconexiones entre rutas y alternativas de transporte. Es fundamental un incremento en la oferta y la frecuencia para evitar la masificación que los usuarios sufren en ciertas ocasiones”, comenta.

Por su parte, KPMG añade que “la velocidad de la innovación supera cada vez más la de los marcos regulatorios; por tanto, deben volverse más dinámicos para responder de manera oportuna y alinearse a los servicios emergentes y los nuevos actores del sector privado”.

Una revolución europea, con Valencia entre las elegidas

La asociación del transporte público (UITP) acaba de poner en marcha el nuevo proyecto de la Unión Europea Upper (Unleashing the Potential of Public transport in EuRope), que busca poner el sector en el centro del ecosistema de movilidad. El principal objetivo es “encabezar una revolución del transporte público que fortalecerá su papel como buque insignia de la sostenibilidad y la innovación de la movilidad en las ciudades”, señala el organismo. “Se implementará una combinación de medidas que buscan sacar a las personas de los automóviles privados y acercarlas al transporte público”, añade.
La UITP pretende que haya una gobernanza participativa junto con los ciudadanos, para que las decisiones se tomen en consenso y atiendan las necesidades de los diferentes grupos objetivo.
Las acciones comenzarán a implantarse en 10 ciudades europeas los próximos meses; en el caso de España se ha elegido Valencia. Para llevar a cabo la experiencia se ha creado Upper Living Labs, cuya finalidad es aumentar el transporte público un 30% y la satisfacción del usuario en un 25%, “sin dejar a nadie atrás en el proceso”.

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