Cada gota de agua importa: como gestionar el agua en España
Empresas y sector público buscan sacar partido a un nuevo plan de inversiones que ha de permitir una mejor gestión
Mejorar la gestión del agua en España, saber cuánta se consume, cuánta se gasta y, sobre todo, cuánta se pierde. Ese es el objetivo del proyecto de digitalización del agua que prepara el Gobierno y que plantea la inversión de 2.855 millones de euros, entre públicos procedentes de los fondos europeos y privados, de aquí a 2026.
En un contexto en el que los “recursos hídricos de nuestro país van a sufrir mucho este siglo por problemas ambientales derivados del cambio climático”, la digitalización del agua “nos va a aportar eficiencia”, explica Enrique Cabrera, catedrático e investigador de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y vicepresidente de la Asociación Internacional del Agua (IWA, por sus siglas en inglés). Con ella “tendremos más datos e información útil con los que luego podremos invertir en infraestructuras y mejorarlas para solucionar esas ineficiencias que hemos visto”, añade.
Por eso es “fundamental hacer primero un buen diagnóstico para invertir después”. Esto nos va a dejar “una estructura digital establecida y permanente que permite tener una información continua y en tiempo real para tomar mejores decisiones”, asegura.
El PERTE (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica), anunciado por la ministra Teresa Ribera en el Spain Investors’ Day, el pasado 12 de enero, pretende impulsar la digitalización en los organismos de cuenca, en los ciclos urbanos del agua y en los regadíos, y mejorar la gobernanza. “Eficiencia y transparencia en la gestión del agua, usos y depuración del recurso y adaptación al cambio climático, especialmente a las sequías” son los asuntos más importantes, informan desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El ministerio pretende presentarlo a lo largo del primer trimestre del año, pero ya tiene previsto repartir los fondos a lo largo de 2022, concretamente en dos tandas, una en el primer semestre y la otra en el segundo, a través de subvenciones y en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente con las comunidades autónomas (mirar cuadro). Además, en los Presupuestos Generales de este ejercicio ya figuran 400 millones de euros.
Las diferentes asociaciones relacionadas con el agua lo han recibido positivamente, aunque algunas incorporan matices en su valoración.
El presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), Fernando Morcillo, lo califica como “un proyecto potente, aparentemente bien estructurado, que obedece a las peticiones de nuestro sector y que refuerza además la posición puntera de España en estos temas”. En su opinión, se trata de “un primer paso previo al problema futuro que plantea arreglar las redes, y sirve para hacer el diagnóstico fino y eficaz, para saber cómo se encuentran estas y evitar costes”.
Enrique Hernández, director general de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), lo considera como “un reto” y, aunque entiende la decisión del ministerio, “sentimos que nos perjudica al ampliarlo a otros sectores como el industrial, el comercial y sobre todo el regadío, y no centrarse en el ciclo urbano del agua, que lo tienen muy dejado de la mano de Dios”.
Todo lo contrario expresan desde la actividad del regadío, el mayor consumidor de agua en España, un 63% según el Ministerio de Agricultura. Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), afirma que “lo encontramos muy positivo; todo lo que sea mejorar el control para ahorrar agua es bueno”.
Y a Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (Aeopas), le preocupa “el problema que tienen el mundo rural y las ciudades intermedias. Hay que dedicarles más recursos para evitar pérdidas y además garantizar la gobernanza con órganos supramunicipales”.
Las compañías del sector están ya preparadas y a la espera de que el Gobierno concrete el plan. Entre ellas están las que forman parte de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua), asegura Antolín Aldonza, portavoz de la junta directiva. Y también otras como Aqualia, Acciona y Global Omnium.
Santiago Lafuente, director de España de Aqualia, dice que “estamos preparados con proyectos en marcha” y a la expectativa de los fondos que haya “con un trabajo muy avanzado para otros nuevos” que pueden experimentar un “impulso muy grande”. Entre estos cita la instalación de contadores inteligentes. El objetivo es que “esté digitalizado en 2026 casi todo el sector del agua a nivel urbano” y que, gracias a ello, “tengamos la capacidad con la gestión de los datos de anticipar los problemas y resolverlos antes”.
Fuentes de Acciona confirman igualmente “la voluntad de participar en este proyecto” con iniciativas que “prepararemos cuando conozcamos las bases” y otras “para las que no había presupuesto” y que gracias a las subvenciones “se podrán viabilizar” ahora.
En Global Omnium trabajan “tanto en iniciativas para la digitalización del ciclo del agua de pequeños municipios como en proyectos que van a representar un salto generacional en la digitalización de los servicios urbanos del agua”, con planes en cartera y otros que “no se podrían llevar a cabo sin estas ayudas”.
El problema de las pérdidas
En España se pierde el 23% del agua en las grandes ciudades, según el XVI Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España, elaborado por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS).
En Fenacore estiman pérdidas en algunos casos del 40% en el viaje que hace el agua desde la cabecera de los embalses hasta los regadíos. En estos aún se sigue regando por gravedad en el 23% de las hectáreas.
La Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (Aeopas) calcula un consumo medio de 238 litros por habitante y día en los municipios de menos de 20.000 habitantes, mientras que en las ciudades este baja a los 110-120 litros. Esta asociación atribuye esta diferencia a pérdidas en las infraestructuras.
El vicepresidente de IWA desconfía de estas cifras, ya que cree que “son inexactas y están casi siempre por debajo de las reales”. “La ciudad que invierte en renovación, tiene unas tuberías relativamente nuevas y hace control activo de fugas puede tener cifras razonables entre un 10% y un 15%. A partir de ahí puedes encontrarte de todo”, sentencia.
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