Cómo acabar con la muñeca rusa de la oferta académica

Bolonia implantó el registro —las universidades diseñan sus titulaciones, auditadas por el Gobierno central y autonómico— en lugar del catálogo cerrado, liberando así al Sistema Universitario Español (SUE) del corsé que lo constreñía a 140 diplomaturas y licenciaturas. De manera que, desde 2011, han aparecido 1.760 nuevos grados, según contabilizó el U-Ranking de 2022 (informe de la Fundación BBVA y el Ivie), de los cuales 190, un 13%, han sido innovadores (no estaban antes). Este ritmo de creación casi tres veces mayor al de extinción ha convertido la oferta en una selva confusa y llena de árboles raquíticos: los estudios de muy baja demanda, con 25 alumnos o menos en su primer curso, ya representan uno de cada cuatro, lo que supone un “minifundismo formativo” que Joaquín Aldás, coautor del U-Ranking e investigador del Ivie, considera necesario cribar. “La renovación no puede proceder solo de nuevos títulos, exige revisar todos los actuales, someterlos al filtro de su empleabilidad, como criterio no único pero sí importante, y depurar”, defiende.

Los grados son como una muñeca rusa, compara Juan Hernández Armenteros, coordinador de los informes La Universidad española en cifras y docente jubilado de la Universidad de Jaén. Perfiles casi idénticos en todos los campus, “redundantes”, “miméticos”, con la única diferencia del tamaño. A su juicio, tanto las instituciones públicas como las privadas han confluido en el mismo desorden, por caminos diferentes: las primeras, buscando financiación y salida a su personal docente; las segundas, siguiendo su estrategia de satisfacer la demanda no atendida en la pública. Todas primando la competencia por encima de la planificación y la cooperación, y esperando que sea el mercado el que regule. “La pública ha de tener oferta de todas las ramas del saber, pero debemos procurar que no se repita la misma titulación en cuatro universidades a 40 kilómetros de distancia, y conectadas por Cercanías”, acota Albert Corominas, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Cataluña y cofundador del Observatorio del Sistema Universitario (OSU).

Los expertos consideran que un tamaño medio del título (TMT) de 40 alumnos por curso académico marca el umbral de la sostenibilidad; con menos de 160 matrículas (en cuatro años) el incremento de coste unitario por estudiante tiene una tendencia exponencial, según advierte la última edición de La Universidad española en cifras, que analiza el total de las titulaciones que se imparten en España y constata que se han incrementado por encima de las variaciones de la demanda; la consecuencia lógica es la reducción de su tamaño. En el caso de las universidades públicas, la bajada ha sido del 14,7%, aunque el tamaño medio se mantiene en los 354 alumnos. Notablemente mayor (de un 34,2%) ha sido el retroceso en la privada, que se sitúa en un valor medio de142 alumnos por titulación: está “algo por debajo del umbral mínimo de tamaño de garantía de sostenibilidad”, sin embargo, unos ingresos mayores por estudiante y su estructura de costes de producción permiten un mayor grado de flexibilidad para adaptarse”, según destaca la publicación.

“Muchos de los males son de origen interno de la propia Universidad, pero las comunidades autónomas, lejos de ordenar y evitarlos, los propician y favorecen”, incide Hernández Armenteros, que cree que la flamante Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ofrece a unas y otras herramientas para solucionar los desajustes de oferta y demanda. “Otra cosa es que no las utilicen”, precisa. Se refiere a que la LOSU establece, en su artículo 64.4, que todo el profesorado debe adscribirse a ámbitos de conocimiento menos numerosos que las áreas de conocimiento a las que se circunscribían hasta ahora. Que haya 40 ámbitos en lugar de 190 áreas implica que los docentes dejarán de estar tan “súper especializados” y podrán impartir más asignaturas. Algo que en la práctica llevará a una simplificación de la estructura y a una mayor transversalidad, según argumenta.

En “un intento de recoger lo que se había desparramado”, en palabras de Corominas, el Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Oficiales en el Sistema Universitario Español de 2021 incluyó una lista de ámbitos a los que, en el plazo de cuatro años, las universidades debían adscribir sus títulos oficiales de grado y máster. En la LOSU, como ya se ha dicho, el concepto de ámbito de conocimiento queda circunscrito a la adscripción de los puestos de trabajo del profesorado universitario, por lo cual, el Ministerio, en su proyecto de real decreto sobre los nuevos ámbitos, rebautiza los antiguos como “campos de estudio”, saca una lista muy parecida, pero no idéntica, a la de los ámbitos del decreto de 2021, y concede a su vez un plazo de cuatro años para que las universidades adscriban los grados y másteres oficiales a los campos de estudio... Es decir, vuelve a poner el cronómetro a cero, lo que hace temer al profesor que el proceso de reagrupar los títulos en campos de estudio pueda entrar en una especie de bucle sin fin.

Un objetivo concreto

Los artículos 9.2 y 9.3 de la LOSU remachan la obligación de que el grado debe ofrecer una formación básica y generalista, y el máster una avanzada de carácter especializado. Ahora mismo esto no se cumple. “Donde hace 20 años existía una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE), hoy contamos con grados en ADE, finanzas y contabilidad, marketing, analítica de negocios, negocios internacionales... Algunos responden a nuevas demandas [es el caso de analítica de negocios], y pueden tener sentido, pero la mayoría son desdoblamientos de títulos que nacen de una falta de entendimiento de lo que suponen los másteres tras la reforma de Bolonia”, tercia Aldás. Con el paso de las licenciaturas de cinco años a los grados de cuatro, algunas universidades (“especialmente algunos centros”, apostilla el investigador del Ivie) temieron una falta de aceptación de los másteres, con la consiguiente caída en las matrículas. Para remediarlo, “optaron por especializar también los grados, asegurando así unos determinados niveles de demanda”, explica.

Aldás relaciona directamente la profusión de grados especializados, que, con la Ley en la mano son un oxímoron en toda regla, con el “crecimiento exacerbado” de los dobles grados (ya no hay triples desde que el decreto de 2021 los prohibió). “Parece que un grado único puede no ser suficiente diferenciación para un egresado que sale al mercado de trabajo”, reflexiona. Tanto unos como otros meten más ruido al sistema. Para afinar un poco la cacofonía reinante, Corominas solo ve dos salidas posibles: dejar el registro y volver al catálogo, o profundizar en los ámbitos “para ir colocando las titulaciones en casillas que los alumnos, sus familias, las empresas, la sociedad en general puedan comprender”. Ahondar en esta segunda vía debería ser función de la LOSU, subraya.

A Aldás no le parece que la nueva ley vaya a cambiar mucho las cosas, y le tiene más fe al decreto de 2021, que conmina a “una concordancia entre el carácter generalista o especializado según el ciclo (grado-master)”. También exige que se justifique “el interés académico, científico, profesional y social del título, y cómo se incardina en la planificación estratégica de la Universidad o del sistema universitario de la comunidad autónoma”. En su capítulo IV incorpora aspectos que considera novedosos e interesantes, como las menciones duales o las enseñanzas de grado con itinerario académico abierto. ”Creo que el decreto puede hacer que la nueva oferta se diseñe mejor, aunque dudo que a corto plazo remueva títulos existentes”, añade. Además, “está por ver el uso que las universidades hacen de esas opciones”, coincide con Hernández Armenteros. “Si esos principios se vigilan y las agencias responsables de la verificación y acreditación los exigen, el mapa debería ir convergiendo con las necesidades del sistema económico y social. Pero lo fío a largo plazo”, concluye.