Nuevos gasoductos que amenazan con retrasar el ocaso de las fuentes fósiles

Francia ha cedido a la presión de Alemania, España y Portugal. Pero no se retomará el MidCat, la propuesta inicial que resucitaba el proyecto de construcción de un gasoducto a través de los Pirineos y que fue enterrado en 2019 por oneroso. De hecho, además del medioambiental, ese era uno de los argumentos esgrimidos por Emmanuel Macron, el presidente francés, para su tajante rechazo. Lo que se pacta ahora es un “corredor verde” entre Barcelona y Marsella, BarMar, como se ha denominado. Una tubería submarina de más de 360 kilómetros que transportará gas durante la transición y, después, hidrógeno verde.

Aún se desconoce el coste. La intención es que se financie con fondos europeos; sin embargo, ¿es necesaria una nueva infraestructura de gas, una tecnología fósil que desaparecerá en el futuro, pese a que lleve hidrógeno verde después? ¿Es oportuno invertir en un tubo que no estará listo para este invierno, sino dentro de cinco o siete años, según la previsión del Gobierno español? ¿Es viable la conversión de una tubería de gas a hidrógeno verde? Estas son algunas de las cuestiones que hay sobre la mesa.

“La regulación española de gas natural fomenta la sobreinversión en infraestructuras gasistas y no es compatible con los objetivos de la política climática de la UE a largo plazo”, arguye Albert Banal-Estañol, profesor titular del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra.

Ajuste a la demanda

En su estudio ¿Hacia cero emisiones netas? Regulación de la infraestructura e inversión en el sector del gas en España, publicado recientemente, explica que las plantas y los gasoductos existentes fueron construidos sobre la base de una previsión de alza de la demanda que nunca llegó a materializarse. “El consumo en España alcanzó su punto álgido en 2008 y las previsiones actuales prevén una tendencia entre estable y decreciente, que se verá acelerada por los objetivos climáticos”, sostiene.

De ahí su infrautilización, señala, por debajo del 40% de media, frente a Francia (60%). Es el caso de la planta El Musel, en Gijón, que nunca ha estado en operación desde su construcción hace una década. Ahora se quiere usar para almacenar gas debido a la crisis energética. “Una sobrecapacidad que acaba asumiendo el consumidor a través de la factura —supone el 50% del recibo— por unos activos varados”, añade.

Demasiadas dudas

Si bien España ha planteado una “alternativa más ecológica”, como defendía el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la pasada semana tras conocerse el acuerdo, dado que su objetivo final es llevar hidrógeno verde, Banal-Estañol alerta de que aún es incierto el potencial que puede ofrecer esta tecnología. “El inversor privado tiene miedo de invertir porque no sabe si habrá una demanda suficiente que justifique esa inversión”, apunta Ana María Jaller-Makarewicz, analista de IEEFA Europa. ¿Y si sucede lo mismo que con el gas?, se pregunta Banal-Estañol, partidario de la interconexión eléctrica.

Los ecologistas rechazan también el nuevo tubo. “Es innecesario, supone un impedimento para una transición justa, es un lavado verde para la industria gasista y bloquea fondos que deberían dirigirse a soluciones reales que ya pueden ser implementadas”, señalaron en un comunicado conjunto Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, entre otras, además de reclamar un estudio técnico sobre su impacto en el fondo y el ecosistema ­marino.