Tres mentiras y la letra pequeña del acuerdo universitario

Ha pasado casi un mes de la firma del acuerdo universitario. En política, donde la prioridad es demasiadas veces lo urgente y no lo importante, parece que fue hace un año. Pero no es así. Estamos en la recta final de segundo de Bachillerato, en breve llega la PAU, la preinscripción, las notas de corte y, sobre todo, el momento en que miles de familias madrileñas hacen números con una realidad que no ha cambiado: Madrid sigue siendo el lugar donde más caras son las tasas de toda España. Y en cuanto a las becas, mientras Gobierno de la Nación destina más de 180 millones a los estudiantes madrileños, el Gobierno regional del PP apenas dedica ocho millones y la gran mayoría a becas de excelencia para notas altísimas, con poca cobertura y con poco impacto redistributivo. De nuevo, cuando llegan estas fechas, la preocupación de miles de familias y jóvenes madrileños es quién paga, cuánto paga y quién no puede pagar y queda fuera.

¿A quién va a creer usted: al Gobierno o a sus propios ojos? preguntaba Groucho Marx. Aquí la respuesta es sencilla: a los datos. Y los datos dicen que el acuerdo firmado el 3 de marzo de 2026 se basa en tres mentiras y una letra pequeña.

Primera mentira: “Madrid pone 14.800 millones”

El marco global 2026-2031 suma 14.790,7 millones de euros. Sin embargo, esa cantidad no es la aportación del Gobierno regional. Su aportación son 8.958,9 millones, el 60,6% del total. El 39,4% restante no lo pone Madrid: procede del Estado y de otros ingresos estimados del sistema.

¿Y qué hay dentro de ese cajón llamado otros ingresos? Aquí está el núcleo del engaño. Incluye ingresos propios del sistema: tasas y precios públicos que pagan estudiantes y familias (en 2022 fueron 423,5 millones), captación competitiva y actividad universitaria.

Sin embargo, familias, estudiantes y universidades no son el Gobierno regional. Convertir el esfuerzo de las familias en medalla política no es comunicación, es apropiación del sacrificio ajeno y oculta el dato central para cualquier familia que mira la PAU: que el acuerdo no baja el coste ni cambia la estructura de dependencia de las tasas.

Y además se produce en un contexto de tensión, pérdida real y dependencia creciente de ingresos propios. Primero se instaló durante semanas la amenaza de un recorte drástico ―se habló de un 30%― y después se puso sobre la mesa el acuerdo. Es el “mal menor” convertido en política. Es, en términos cinematográficos, El Padrino presupuestario: “Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar”. No porque sea buena, sino porque la amenaza es peor. Es vender como “histórico” lo que es un parche, atribuirse dinero ajeno y pedir aplausos. No es un acuerdo de 14.800 millones: es un titular con dinero ajeno.

Segunda mentira: el “40%”

El Gobierno de Ayuso presume de una subida del 40%. Ese porcentaje está diseñado para el titular. Se obtiene comparando el último año con 2025 para aumentar el incremento, pero el período del acuerdo es 2026-2031, y desde 2026 el aumento es del 28,1%: de 1.280,8 millones a 1.640,1 millones. Dicho de otra forma: el 40% es la foto del cartel. El acuerdo real es el 28%.

Si el Gobierno quiere sostener el relato del 40% como aumento del acuerdo, tendría que aumentar el presupuesto de 2026 de forma inmediata. Si no lo hace, también podría reconocer que el aumento es del 28%. Pero no es probable que haga ninguna de estas cosas.

Tercera mentira: “recuperación histórica”

Aquí la propaganda se cae sola. En euros corrientes puede parecer una mejora. Pero si descontamos la inflación y vemos la evolución del presupuesto desde la anterior crisis económica de 2009 hasta 2025, la conclusión es muy clara: el acuerdo no recupera lo perdido.

Para mantener en 2031 el mismo poder adquisitivo que en 2009, compensar el aumento del coste de la vida y mantener el mismo importe real, la subida nominal acumulada debería ser de un 59,8% aproximadamente. Sin embargo, el incremento previsto, suponiendo que realmente se cumpla, se queda en un 35%. Es decir, 20 puntos menos. En términos prácticos: al final del periodo seguiremos por debajo del nivel real de 2009.

Esa es la verdad incómoda: no hay recuperación histórica. Hay una mejora que llega tarde, tras años de pérdida acumulada, con más estudiantes, más costes estructurales y una dependencia excesiva e injusta de las tasas.

La letra pequeña: el acuerdo se decide cada año en los Presupuestos

Esta es la letra pequeña decisiva y, curiosamente, la que menos se repite en los titulares: la concreción real del acuerdo queda ligada a la aprobación anual de los Presupuesto. El acuerdo no financia automáticamente, sino que fija una senda que se aplicará sin perjuicio de su concreción anual en la Ley de Presupuestos. Es decir, es un marco que habrá que verificar cada ejercicio.

Sin embargo, el Gobierno del PP ya incumplió compromisos de financiación anteriores y solo lo hizo obligado por los tribunales. Por eso es imprescindible, y como ciudadanos debemos exigir, que cada año se publique el desglose y se rindan cuentas para comprobar qué se cumple, qué se pospone y qué no.

De la asfixia al coma inducido

En conclusión, con estas tres mentiras y esta letra pequeña, el acuerdo no corrige el modelo: mantiene la dependencia de ingresos ajenos al presupuesto autonómico, mantiene el peso de las tasas, y cambia el debate público de suficiencia y derechos a titulares y porcentajes. Por eso la imagen final es el paso de la asfixia al coma inducido. Sedación institucional para enfriar el conflicto, mientras la estructura de fondo permanece y las familias siguen pagando y los jóvenes compiten por plazas públicas insuficientes.

Es necesario realizar una planificación estratégica de la universidad pública a medio y largo plazo y adoptar una serie de medidas de forma urgente para garantizar su calidad y funcionamiento adecuado. Entre otras cuestiones: financiación autonómica neta y transparente, separando lo que aporta Madrid de lo que no; reducción sostenida de tasas de grado y máster habilitante, con senda clara hasta aproximarnos a la gratuidad, en coherencia con la normativa estatal; becas con complemento autonómico real; estabilización de profesorado y PTGAS, con plan plurianual de plazas para acabar con la precariedad estructural; y un plan de infraestructuras y rehabilitación, programado y verificable en campus, laboratorios, eficiencia energética, accesibilidad y seguridad.

Volvamos a Groucho: ¿A quién creer, al Gobierno o a tus propios ojos? Aquí no hace falta elegir: basta con leer el anexo, separar fuentes y mirar la letra pequeña.