Guerra entre el Gobierno y Ayuso por la ley contra la privatización de la sanidad

Nueva guerra total por el modelo de sanidad pública entre el Gobierno de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid. La batalla política más de fondo que se libra entre los dos gobiernos viene de lejos, con una discusión sobre la privatización encubierta que según el Gobierno progresista está llevando a cabo el PP en Madrid. Ya habido tensiones e incluso enfrentamientos en tribunales por distintos puntos, y también por las reformas educativas y universitarias, pero ahora la crisis se recrudece por una ley para frenar la privatización de la sanidad en España, que este martes empezó a tramitar el Consejo de Ministros y que pretende revocar normas anteriores para impedir casos como el del Hospital de Torrejón, en el que el CEO de la empresa que gestiona el centro público, según grabaciones que publicó EL PAÍS de reuniones internas, pedía a sus responsables que aumentasen las listas de espera para incrementar los beneficios.

La presidente de la Comunidad de Madrid ha dicho que el Ejecutivo busca “la revolución” y destruir la sanidad madrileña, y desde la mesa del Consejo de Ministros le ha contestado Mónica García, ministra de Sanidad. García ha señalado específicamente a Ayuso y sus “vínculos personales” con Quirón, la gran empresa de la sanidad privada madrileña, donde trabajó la pareja de la presidenta, y ha dicho que esta ley no pretende destruir nada, al contrario, solo quiere blindar la sanidad pública frente a las “garras especuladoras”. García ha ofrecido detalles sobre la privatización en Madrid, con escándalos recientes, y ha mostrado que el Gobierno está dispuesto a dar esta batalla política a fondo. El riesgo es que esta iniciativa la tumbe Junts, pero García ha confiado en que los grupos de la mayoría entiendan que esta ley es imprescindible para salvar la sanidad pública. La ministra y su equipo viajarán la próxima semana a Cataluña para explicar la reforma a las entidades sanitarias catalanas, y confían en convencerles de que esta norma no les afecta porque el modelo allí es muy diferente al de Madrid, según fuentes del equipo de García. Junts será un hueso muy duro de roer para una reforma como esta, pero el Ejecutivo está decidido a intentarlo. Y en cualquier caso, la batalla política es más de fondo y sirve para mostrar los dos modelos de gestión sanitaria, el del PP y el de la coalición progresista que está en el Gobierno

Ayuso ha salido en tromba a este combate ideológico. “Ahora se celebra el Consejo de Ministros que tiene como absoluta obsesión la Comunidad de Madrid, amenazando, mintiendo e imponiendo. Quieren ahora acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid, llevándonos a la revolución, a que nada funcione en una región que no deja de crecer en habitantes y que tiene que afrontar un reto como el del envejecimiento”, ha dicho la presidenta este martes en un evento sobre drones que ha presidido.

Esa ley ha tomado impulso por la revelación de este periódico de que el CEO de la empresa que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz le pedía a sus responsables que aumentasen las listas de espera para incrementar los beneficios. La exclusiva causó un escándalo de enormes proporciones en un país que tiene sus servicios públicos como bandera. El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado el anteproyecto de ley conocido como Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que pone coto a las privatizaciones e impone un mayor control de los gastos de las compañías.

Sin embargo, la norma tiene muy difícil su aprobación en el Congreso. Ha de superar toda una tramitación parlamentaria en la que el Gobierno no cuenta con la mayoría, e incluso la forma en la que está redactada hace que sea muy difícil que cumpla los plazos. La ley supondría un gran obstáculo para los presidentes de las regiones, que son los que tienen las competencias en materia de sanidad. Para optar por la vía privatizadora, tendrían que demostrar que no es posible llevar a cabo la prestación pública, que se garantice que es sostenible económicamente y que los centros sean sometidos a unos requisitos de calidad.

También incluye algo importante que perjudica directamente a la forma de gobernar de Ayuso: prohíbe la fórmula por la que una empresa construye la infraestructura a cambio de prestar el servicio sanitario. La presidenta se ha tomado la intención del Gobierno como un ataque directo: “No va a salir evidentemente, no a corto plazo, pero ya está el daño hecho, ya está el mensaje metido, azuzando el miedo y la revolución. Esta es una región de libertad, de colaboración público-privada, de excelencia. Pido respeto para la voluntad del pueblo de Madrid en las urnas, que es quien decide cómo quiere gestionar su sanidad, su educación, sus universidades y sus empresas. El modelo de la Comunidad de Madrid elegido por los ciudadanos en las urnas es el de la libertad”.

Al mismo tiempo, el PP de Madrid ha echado mano de su mayoría en la Asamblea para impedir la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, el principal asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La oposición había pedido que declarara ante los diputados regionales por sus ataques a la prensa. El entorno de Rodríguez no ha querido hacer declaraciones y ha dicho que se limita a acatar lo que vote la Asamblea, en este caso que no tenga que dar explicaciones.

Más Madrid presentó a principios de mes una proposición de ley para exigir el cese de Rodríguez por las amenazas contra elDiario.es en el año 2024, cuando se conoció el fraude fiscal por el que fue procesado la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Aquel caso acabó con la condena, por primera vez en la historia, de un fiscal general, culpable, según la justicia, de filtrar a la prensa datos de Amador. Sin embargo, cualquier iniciativa contra el PP en la Asamblea de Madrid nace muerta de origen, ya que los populares cuentan con mayoría absoluta y no necesitan de ningún otro grupo para aprobar o rechazar lo que considere.