Choque entre cargos del gobierno de Ayuso por las obras investigadas en el ‘caso FP’: “Claramente es ilegal”

−¿En este caso se sabía que el procedimiento que se estaba aplicando no era ajustado a la legalidad?

−Está claro. Es evidente. Para mi es evidente.

Quien recibe la pregunta y pronuncia esa respuesta es José María Serrano, subdirector general de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid hasta su jubilación este verano. Le están preguntando en el marco de la instrucción judicial del caso FP, que investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por el supuesto fraccionamiento ficticio de contratos y facturas entre 2021 y 2023 para otorgar a dedo ―con contratos menores, que no pueden superar los 40.000 euros en obras― una docena de obras en centros educativos que están valoradas en más de tres millones y que deberían haber salido a concurso público. Su declaración provoca un terremoto.

Primero, porque dice haber expresado su rechazo al método empleado durante una reunión de octubre de 2021 con otros cargos de la Consejería de Educación. Segundo, porque respalda su versión con un email enviado en diciembre de ese año en el que reclama aplicar la ley de contratos del sector público (“[De lo contrario] manifiesto mi total oposición”, sentenció). Y tercero, porque uno de los receptores de ese correo, y uno de los asistentes a la reunión, dice, es un alto cargo del gobierno de Ayuso, José María Rodríguez. El choque de versiones es evidente: Rodríguez, su superior como director general de Educación Secundaria, FP y Régimen Especial hasta 2023, declaró ante la juez que “jamás” supuso que las obras se estuvieran haciendo “de forma irregular”. Una contradicción de los dos testigos que no ha pasado desapercibida, según fuentes jurídicas.

Todo empieza así. En septiembre de 2023, dos centros educativos de FP de la Comunidad de Madrid, los IES Hotel Escuela y Ciudad Escolar, reciben sendos burofaxes de la empresa Virelec en los que se les reclaman 1,4 millones de euros por cantidades impagadas de obras. En la Dirección General de Infraestructuras dicen no saber nada de ellas, pese a su envergadura. Y saltan todas las alarmas. El gobierno regional solicita un informe de auditoría a la Intervención General, que acaba detectando “provisionalmente” hasta 3,9 millones en pagos solo a esta empresa. La Comunidad de Madrid denuncia por ello en abril de 2024 a quien había sido el subdirector regional de FP, y a los dos directores de centros educativos a los que la constructora reclamaba pagos pendientes. Empieza entonces un sálvese quién pueda judicial. En resumen: nadie sabía nada. Hasta octubre.

“En la reunión digo muy claramente que (la obra) se tiene que atener la ley de contratos y que la tiene que hacer la dirección de infraestructuras”, dice el exsubdirector de Educación Secundaria sobre una cita que dice haber mantenido en 2021 con su superior, el director general de Educación Secundaria y FP; su homólogo, el subdirector de FP, investigado en la causa; y uno de los directores de los centros. “Se intuía perfectamente que se iba a hacer a través de los directores (de los centros educativos), pagando ellos las facturas”, añade sobre el supuesto troceo ilegal de contratos. “El tamaño de la obra no cuadraba”, recalca. Y remata: “Tenía claro que ahí iba a pasar algo raro y digo claramente que tiene que intervenir la dirección de Infraestructuras y el Consejo de Gobierno. Para este tamaño de obras no podía hacerse de otra manera”.

Como aval de esa declaración sin apoyo documental en la causa consta un correo de Serrano enviado el 15 de diciembre de 2021 en el que este reclama aplicar “como no puede ser de otro modo” la ley de contratos del sector público en una de las obras investigadas. Es decir, que se haga un concurso público. “En cualquier otro caso, no podrá procederse a la ejecución de las mismas, manifestando así mi total oposición a su realización”, señaló.

Así resumió el contenido Serrano en sede judicial, donde admitió que no había denunciado el caso más allá de en aquella ocasión: “Yo envío un correo a mi jefe en el que le digo claramente que eso es ilegal, lo que se está haciendo allí, (...) y que se pare (...). Ya dije que (las obras) eran ilegales allí (...) Y por supuesto, desde ese momento me puse a vigilar para que no se me involucrara en nada más (...) Si antes de ese correo tenía poca información, después, ninguna”.

Los destinatarios del correo fueron dos de las tres personas que le acompañaban, según su versión, en la reunión referida: el entonces subdirector de FP, y el director general de Secundaria, FP y Régimen Especial. Y por todos esos detalles, la declaración de Serrano contrasta con la protagonizada en julio por su superior.

“He trabajado siempre en una absoluta confianza en el trabajo de los subdirectores, tanto en el FP como Secundaria”, dijo entonces Rodríguez, el director general de Educación Secundaria, FP y Régimen Especial. “Ni yo he dado instrucciones por supuesto a los centros para que hagan ninguna obra, y no tengo absolutamente ninguna relación con constructores”, subraya. “Jamás pensé o supuse que estos centros que están saliendo (como investigados) lo estaban haciendo de forma irregular. Jamás”, recalca. Y cuando le dicen si no hacía comprobaciones extra sobre lo que firmaba en relación a los proyectos, lanza: “Sería volver a repetir de nuevo todo el trabajo”.

Actuación “grosera” e “irregular”

La instrucción judicial se centra en esclarecer si los directivos de los centros actuaron por iniciativa propia (lo que ellos niegan), o siguiendo instrucciones de cargos de la Consejería de Educación (como se desprende de los informes de Inspección, y de la Intervención). Estas son las posibles irregularidades contempladas en la ley de contratos del sector público que comunica la Administración: la posible contratación verbal (artículos 37 y 132), y la ausencia de un documento que plasme las condiciones de licitación (artículo 153) o fraccionamiento de la cuantía de los contratos para poder usar el contrato menor.

Durante su investigación, desarrollada a lo largo de 2024, la Fiscalía ya vio “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por el Gobierno regional.

La jueza, por su parte, ya advirtió en noviembre del año pasado “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]”.

Finalmente, las auditorías enviadas al juzgado por la propia administración, a petición de la Fiscalía, coinciden en señalar la responsabilidad de la Consejería de Educación.

“Se han detectado gastos tramitados como contratos menores que superan la cuantía del contrato menor”, se lee en ellas. “Asimismo, se ha observado fraccionamiento del objeto del contrato (...) a fin de no superar los límites establecidos para el contrato menor (...) y eludir el procedimiento de contratación con licitación aplicable”, se añade. “Teniendo en cuenta el objeto e importe de dichos gastos hubiera procedido la tramitación de expediente de contratación por órgano competente de la consejería”, se explicita.

Con esos mimbres, el devenir del caso tiene en tensión a cargos clave del PP en Madrid. Uno es Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea regional, y entonces consejero de Educación. Otro es Rocío Albert, ahora consejera de Economía, Hacienda y Empleo, y entonces viceconsejera. ¿La razón? Que la petición de testimonios y diligencias escala poco a poco en el escalafón de la consejería de Educación.