Guardias vecinales en un bloque okupado de Collado Villalba para defenderse: “Quieren dejarnos en la calle”

El frío se cuela por los pasillos de uno de los edificios del bloque 13-15, en la calle Real de Collado Villalba ―okupado desde hace cinco años―, pero Blanca no quiere arriesgarse a comprar un calentador. Junto a los bidones con los que diariamente recoge agua de las fuentes públicas hay un par de maletas. La colombiana de 57 años está llevando sus cosas a la casa de un conocido, pues teme que en cualquier momento se ejecute un desalojo masivo. Heidy, su nuera, vive en el mismo edificio junto a su pareja y su hija. La advertencia que hacen es clara: “Quieren dejarnos en la calle”. La Asamblea de Vivienda de Villalba denuncia que el Ayuntamiento “intentará inminentemente el desalojo cautelar de un bloque donde viven más de 100 personas vulnerables”. Sin embargo, el Consistorio y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ―dueña de la propiedad y que entrará en disolución en 2027― niegan que en este momento exista la intención de desalojar el edificio.

“Aquí se vive muy bien”, destaca Blanca. Llegó hace diez meses al bloque, después de que una conocida le cediera el piso que había okupado. Tiene lo necesario en ese espacio de 30 metros cuadrados: una cama, cocina, electricidad y un baño, aunque el edificio no tiene suministro de agua. Son 70 viviendas en las que, en su mayoría, viven migrantes ―muchos de ellos sin papeles―. Algunas de estas han sido tapiadas en desalojos anteriores. El edificio contiguo y que integra el mismo bloque tiene 16 viviendas, pero están vacías desde 2022, cuando un incendio derivó en el desalojo del mismo. Los vecinos se conocen y se saludan por el nombre. “Te veo en la guardia”, le dice uno a Blanca. Ellos se han organizado para controlar el ingreso al bloque y evitar que haya problemas relacionados con venta de droga o robos. “Cuando ocurría algo en el pueblo, venían la Policía y la Guardia Civil, y golpeaban puerta por puerta”, recuerda Blanca.

El antecedente de 2022 y el desalojo a principios de octubre de un edificio en el número 19 de la calle Trinidad, también de la Sareb y donde nueve personas vivían como okupas, ha esparcido la zozobra en el bloque 13-15. La Asamblea de Vivienda de Villalba dice que, el 30 de octubre, un arquitecto municipal visitó la propiedad con el objetivo de “preparar un informe con el que justificar el desalojo cautelar”. Según su versión, algo similar ocurrió en la calle Trinidad. Pocos días después de una inspección, se llevó a cabo el desalojo “sin orden judicial”. Por esta razón, acusan al ayuntamiento de hacer “el trabajo sucio” de la Sareb. Marta, de 60 años, camina con ayuda de un bastón y cruza la puerta del 13-15, donde la recibieron junto con Joaquina. Ambas vivían en el edificio de la calle Trinidad y fueron desalojadas el mismo día. “No me dejaron sacar nada, ni siquiera mi medicación”, se lamenta. Mientras enseña las fotos de las pocas cosas que logró recuperar de un contenedor de basura, subraya que lo que más extraña son las fotos de su familia, que siguen dentro de la propiedad.

En el caso del edificio de la calle Trinidad, la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas (PP), asegura que “en ningún momento se ordenó un desahucio”. Días antes hubo un incendio y, durante la atención del mismo, los bomberos notificaron sobre las condiciones del sitio. Por eso se ordenó la inspección en primer lugar. “Se instó a la propietaria [la Sareb] a desalojar a las personas que había dentro por una situación de salud incompatible con la vida”, explica. El día del desalojo, a Marta le entregaron la resolución emitida por el Ayuntamiento y en la que se incluía el acta con las observaciones del inspector. El documento cita deficiencias en seguridad, como falta de cableado eléctrico en la instalación original, falsos techos con agujeros, ascensores que no funcionan y una fachada con elementos calcinados. También deficiencias en condiciones higiénico-sanitarias, con bajantes dañadas ―de aguas grises y fecales―, acumulación de basura y que no hay suministro de agua de consumo. La Sareb dice que, en vista de que se emitió una orden administrativa, no podía hacer nada para evitar el desalojo.

En el bloque de la calle Real, los okupas temen que les suceda lo mismo. A finales de octubre, hubo un incendio ―sin víctimas― y es la razón por la que el ayuntamiento envió un inspector. En la víspera de lo que determine en su acta, la Asamblea de Vivienda de Villalba ha hecho público el informe técnico elaborado por una arquitecta contratada por ellos en el que concluye que el edificio “es perfectamente seguro para habitarse”. En el documento, la arquitecta indica que la propiedad presenta “un estado estructural sólido y estable, sin patologías graves ni riesgos aparentes para la seguridad de sus ocupantes”. Sin embargo, al ser preguntada sobre si este informe tiene validez para el Ayuntamiento, la alcaldesa Mariola Vargas ha respondido: “No sé quién es la Asamblea de la Vivienda. No tiene identidad jurídica reconocida en nuestro municipio. Ese informe no es que no sea válido, es que dice una serie de cosas que no se ajustan a la realidad. Se está basando en datos erróneos”.

Los vecinos insisten en que el edificio está en buenas condiciones y solicitan a la Sareb un alquiler social. Blanca trabaja limpiando casas y alcanza un ingreso de 900 euros al mes, mientras que Marta dice que puede pagar máximo 400 por un alquiler. Ellas no piden vivir gratis, pero matizan que, con el precio de la vivienda, “es muy complicado acceder a una opción digna” y no les queda “una alternativa diferente a okupar”. “Aquí todos trabajan ―la mayoría en negro―, pero les niegan el alquiler social por no tener documentos, aunque algunos sí los tienen”, anota Blanca.

La Asamblea de Vivienda de Villalba menciona que 42 familias están negociando el alquiler social con la Sareb. Desde el conocido como banco malo precisan que están trabajando en la reubicación de 17 familias que sí cumplen con los requisitos para firmar un contrato de alquiler social. También mencionan que hay 25 familias que “no han colaborado”, pues “no les permiten entrar al edificio, no han entregado la documentación o no son vulnerables y no quieren entrar en el proceso”. Sareb también habla de 11 familias en situación irregular a quienes “no les puede hacer un contrato de alquiler social”.

Antes de que el bloque de la calle Real fuera okupado, permaneció abandonado durante 12 años. La compañía a cargo de la construcción quebró en 2008 y, desde diciembre de 2021, el inmueble pertenece al banco malo, que obtuvo la propiedad en un concurso de acreedores. Para ese momento, el edificio ya estaba okupado. Fuentes de Sareb sostienen que, legalmente, no pueden entrar “ni para reparar un grifo”. La propiedad tampoco tiene cédula de habitabilidad ni licencia de primera ocupación. Actualmente, forma parte del perímetro de edificios que la Sareb entregará a la nueva empresa de vivienda pública para que lo destine a alquiler asequible.

Desde el Ayuntamiento de Collado Villalba explican que, al no tener licencia de primera ocupación, el edificio es “incompatible con tener un contrato de alquiler”. “A efectos legales, es una obra. No puede vivir nadie dentro”, insiste la alcaldesa, Mariola Vargas. También responsabiliza a la Sareb: “Si son conocedores de que dentro hay gente, tendrán que velar por su seguridad. Y si no lo hacen ellos, ya lo hará este ayuntamiento que para eso está, y no va a defraudar nunca a ningún habitante de este municipio”. Los okupas del bloque 13-15 aseguran que los Servicios Sociales no los han ayudado, pero el Consistorio sostiene que “no les consta” que hayan acudido.

La Sareb hace una llamada a la Delegación de Gobierno para que le informe de cómo va el proceso de regularización de las personas que viven en el edificio okupado de la Calle Real. “Si son regularizadas, la Sareb puede proceder con el estudio para un contrato de alquiler social”, sostienen fuentes del banco malo, y agregan que “están en disposición de ayudar” a la población vulnerable que habita en el bloque.