Tras quedar parapléjico, Samir pelea en un juzgado contra el Ayuntamiento de la ciudad de los ricos y un gigante empresarial

Ha pasado algo más de un año desde que Samir Haj Tirari despertó en una cama de hospital y supo que no podría volver a caminar. Ahora, en una tarde sin sol, su hijo adolescente abre la puerta para recibir a los visitantes y él aparece empujando su silla de ruedas y mostrando unas enormes ojeras. En el salón, con un vaso de café negro que sirve su esposa Dounia, cuenta que pasa muchas noches en vela, viendo en TikTok a personas que han pasado por lo mismo y que recomiendan paciencia porque los tres o cuatro primeros años son los más difíciles. Si tiene suerte y se queda dormido, a veces sueña que anda de nuevo.

Samir tiene 49 años y llegó a España en 2004, procedente de Tetuán, en Marruecos. Vive en esta casa con su pareja Dounia el Charif y los dos hijos menores de ambos, de 8 y 13 años. Su vida se rompió para siempre cuando trabajaba por un salario ligeramente mayor al mínimo legal como empleado de una gran corporación, Samyl, que tiene casi 5.000 empleados y factura 80 millones de euros al año en toda España a base de contratos públicos de limpieza y mantenimiento de instalaciones. Samir estaba asignado al equipo que limpiaba los edificios del Ayuntamiento de la ciudad de los más ricos, Pozuelo de Alarcón, donde la renta media es de 88.011 euros anuales por persona.

Un año después, Samir y su familia siguen siendo igual de pobres, aunque esa suerte podría cambiar dependiendo de un proceso penal abierto para conseguir justicia.

Durante cinco años como limpiador en Pozuelo, en la periferia de Madrid capital, Samir dice que recibió muchas veces la orden de subir sin protección alguna a techos de edificios municipales. El 15 de octubre del año pasado, mientras limpiaba de hojas los canalones en la cubierta de un centro de mayores municipal, pisó una claraboya, se hundió y se partió la espalda tras caer seis metros.

La inspectora de trabajo que estaba de guardia inició la investigación al día siguiente y, tras semanas de pesquisas, concluyó que la culpa era compartida porque tanto empresa como Ayuntamiento tenían un deber de vigilancia. A la compañía privada le impuso una sanción de 49.180 euros para abonar a las arcas públicas, y a ambas entidades las consideró responsables solidarias de un recargo del 50% (el máximo) en la pensión definitiva que deba recibir Samir, cuando sea firme.

El juez tiene ahora sobre su mesa, entre otros informes, uno de febrero de 2022 hecho para el Ayuntamiento por la consultora Bureau Veritas que recomendaba, de acuerdo con la ley, adoptar medidas para evitar caídas desde el tejado de ese centro de mayores con prioridad “máxima” en un plazo de entre tres y seis meses. Se detallaba que debía colocarse una barandilla perimetral o una línea de vida, es decir, un sistema que permita al trabajador conectar su cuerda para frenar en seco una posible caída al vacío. Esas medidas no se adoptaron.

Samir ha pedido que se impute a técnicos y responsables políticos. El caso lo lleva el juzgado número 2 de instrucción de Pozuelo, que por ahora investiga a dos trabajadores municipales y a cinco empleados de la contrata, según fuentes que conocen los detalles. Su querella pide que se les condene por un delito contra la seguridad de los trabajadores (de seis meses a tres años de cárcel) y de lesiones imprudentes (de tres a seis años).

Ayuntamiento y empresa alegan que Samir fue por error al centro de mayores, llamado Prados de Torrejón, donde no había línea de vida, y que realmente la orden de aquel día fatídico era ir a un colegio con un nombre muy parecido, el CEIP Pinar Prados de Torrejón, donde sí tienen ese mecanismo. Samir contrapone que cada tres meses le pedían subir a limpiar los canalones del edificio del accidente, algo que ratifican sus compañeros.

En todo caso, el Ayuntamiento defiende la inocencia de sus responsables. Se ampara en que no hacía falta subir al tejado para limpiar los canalones y en que la empresa debía llevar andamios, conforme a su propia evaluación de riesgos.

La ley es clara sobre la obligación de proteger a los trabajadores que suben a las alturas, pero aunque parezca mentira, esta negligencia sigue pasando a menudo en España. Solo en octubre han muerto tres personas en la Comunidad de Madrid por este tipo de accidente, según el sindicato UGT.

“Como un rey”

Samir no parece muy enfadado. Su pena ahoga cualquier otro sentimiento. Habla de lo inútil que se siente cuando su hija le pide ir al parque, como hacían antes, y él le responde que no puede ser. “La gente no se imagina lo que es esto”, cuenta. “He perdido muchas cosas”.

Dounia y él saben que la justicia es lenta. Creen que el juicio, donde podrían conseguir una indemnización que rondaría el millón de euros, puede tardar años. Antes, debería llegar el reconocimiento de la pensión de gran invalidez, que sería de gran ayuda para las tareas de cuidado, pero aún siguen esperando.

Así que de momento se mantienen con 1.145 euros mensuales, el salario que cobraba en la empresa y que ahora paga la mutua de accidentes. Dounia también trabajaba en la misma compañía de su marido, a tiempo parcial, hasta que hace un año se dio de baja por depresión. Durante este tiempo ha recibido 535 euros al mes, pero ese dinero se agotará en breve porque le toca reincorporarse y ella no contempla la idea de volver a la empresa a la que culpa de su desgracia.

El piso es del Ayuntamiento y lo consiguieron en junio, después de seis meses reclamándolo porque el que alquilaban antes era tan pequeño que la silla de ruedas no cabía en el baño. Pagan solo 270 euros, “un regalo” en una ciudad tan cara. Agradecen ese gesto, pero dicen que nadie del equipo de la alcaldesa, la popular Paloma Tejero, ha venido a verles.

Fuentes municipales recalcan a este periódico que, a pesar de que no consideran que el Ayuntamiento sea responsable, lamentan mucho este trágico accidente y han intentado ayudar al afectado. “A su familia se le concedió una vivienda municipal adaptada para ayudarle en la medida de lo posible”.

Lo que más le duele a Samir es la indiferencia de sus antiguos jefes en la empresa. “Me llevé dos meses en el (Hospital) Puerta de Hierro y nunca fueron. Luego ni han preguntado ‘¿qué tal Samir?’ Nada. Ni caso“.

Después del Puerta de Hierro, Samir pasó seis meses en rehabilitación en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde conoció a otras personas en sus circunstancias con las que jugaba a deportes adaptados y disfrutaba de actuaciones musicales o del bingo. Tras el alta le dio “un bajón” al volver a casa y conocer cómo iba a ser su nueva vida de limitaciones.

La culpa le corroe porque Dounia se ha tenido que hacer cargo de casi todo. “Ahora es la capitana del barco y debe llevarme a mí y a los niños”, dice él. Ella le ayuda para mover su cuerpo de un sitio a otro. “La pobrecita está sufriendo mucho”, dice él. Su mujer asiente: “El dolor de espalda no me deja dormir”.

El juicio les puede hacer tan ricos como a otros vecinos de este municipio privilegiado, pero Samir cree que el dinero no le hará feliz. “Hay gente que viene y me dice que he tenido suerte, que voy a vivir como un rey. Yo les digo, ‘quédate tú mi dinero y dame tus piernas’”.

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