El PSOE denunciará al Gobierno de Ayuso por los protocolos para residencias de 2020

El PSOE de Madrid denunciará ante la Fiscalía al Gobierno madrileño por limitar en 2020 la hospitalización de personas mayores que vivían en residencias. La medida, que llega después de cinco años, considera que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso incurrió en prevaricación al elaborar los conocidos por las familias de los muertos como “protocolos de la vergüenza”, esto es, las directrices para que los hospitales descartaran el ingreso de personas enfermas procedentes de las residencias, y cuyo fin era evitar un colapso del sistema. La denuncia de los socialistas ha sido comunicada al público por el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, durante un acto este miércoles en el Ateneo de Madrid con ocasión del quinto aniversario de este suceso. “Os anuncio que el PSOE de Madrid también va a denunciar en la Fiscalía los hechos para que se puedan esclarecer”, ha revelado López a una audiencia que incluía a hijos de los fallecidos y que le ha aplaudido. “Hay que llegar hasta el final”.

La iniciativa socialista se sumaría a las acciones penales adoptadas desde 2020 por las familias de los fallecidos, que no han tenido éxito judicial, bien porque aún siguen siendo estudiadas o bien porque han sido archivadas. El delito de prevaricación señalado por el PSOE castiga a los funcionarios que dictan resoluciones injustas a sabiendas.

Fuentes del partido informan de que el PSOE de Madrid solicitará a la Fiscalía que los protocolos sean investigados teniendo en cuenta el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad, un trabajo de un panel de expertos que en marzo del año pasado concluyó que se podían haber salvado 4.000 vidas, “así como las declaraciones de altos cargos de la Comunidad, reconociendo públicamente que no eran adecuados y suponían una discriminación absoluta para las víctimas”.

El anuncio del PSOE llega después de semanas de tensión entre Ayuso y las familias por la cobertura mediática del quinto aniversario de estos hechos, que llegaron a su punto álgido el 13 de marzo, cuando RTVE emitió el documental 7.291, que da voz a los hijos de fallecidos y que Ayuso tachó de “sectario”. A pesar de la falta de logros judiciales, las familias han conseguido mantener viva su causa gracias en parte al trabajo de la Comisión Ciudadana y a ese documental, producido por un cineasta independiente. López anunció su denuncia sobre las 19.00 y a última hora del día no se había producido una reacción de Ayuso, que se encuentra en Ecuador de viaje oficial.

El acto de este miércoles por la tarde ha sido organizado por el PSOE como un homenaje a los fallecidos y se ha celebrado en una pequeña sala del Ateneo que estaba atestada de familiares y simpatizantes. Ha contado con el respaldo de Alberto Reyero, el consejero del Gobierno de Ayuso que alzó la voz contra las “muertes indignas” en las residencias. Reyero ha destacado que las críticas de la presidenta al documental fueron contraproducentes. “Querían sepultar el tema y que no se hable más y han conseguido lo contrario, el efecto Streisand”, ha dicho en referencia al fenómeno por el cual fracasan los intentos de censura. Uno de cada cuatro madrileños que vio la televisión el 13 de marzo, siguió el documental 7.291.

López ha añadido que 7.291 le ha ayudado para comprender lo que pasó: “Conocía el caso como cualquier ciudadano hasta que tuve la oportunidad de conocer el documental, y me impresionó muchísimo”. Ha destacado que le “heló la sangre” cómo un responsable de las residencias contó con toda naturalidad en la Asamblea que si un enfermo tenía seguro privado se llamaba al hospital privado para que lo recogiera una ambulancia. “Sigue sin entrarme en la cabeza que en pleno siglo XXI en una comunidad rica como Madrid, en un país avanzado como es España, pueda ocurrir eso, que la vida o la muerte de una persona pueda depender de tener o no un seguro privado”.

Una familiar, María Jesús Valero, también ha destacado que el buen momento que vive el movimiento de las familias se debe también a la repercusión del informe de la Comisión Ciudadana: “No se han atrevido a rebatir el informe”, ha dicho. “Ha hecho pupa en el Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

El delito de prevaricación en que se basa la denuncia es uno de los que ya habían sido invocados por las familias en las querellas que presentaron en 2020, pero fuentes del PSOE subrayan que el planteamiento ahora es diferente. Señalan que las querellas se apoyaban en una relación causa efecto entre los protocolos y el resultado de muerte, pero esta denuncia se desvincula de las consecuencias y considera que el delito resultaría probado si los autores de esas directrices eran conscientes de su injusticia. Estas mismas fuentes socialistas explican que el delito de prevaricación aún no ha prescrito, al ser uno de los que tienen un plazo ampliado de hasta diez años para ser denunciado.

Lucha judicial

La lucha judicial de las familias de los muertos en residencias comenzó muy pronto. En mayo de 2020, la asociación Marea de Residencias anunció las primeras querellas de familiares, a quienes brindó asesoramiento legal. Esas querellas fueron repartidas por los juzgados de la región en función del lugar donde se produjeron los hechos e iban dirigidas contra Ayuso, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Justicia Enrique López y los directores de las residencias, y solicitaban que fueran investigados por los delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.

En octubre del año pasado, 109 familiares ensayaron una nueva vía penal al presentar una denuncia colectiva por el delito de denegación de un servicio público. Esta otra medida también fue adoptada bajo el asesoramiento de Marea de Residencias y otra asociación cercana, Verdad y Justicia. Los familiares creen que esta nueva acción tiene mejores perspectivas de éxito que las querellas porque los requisitos probatorios son más sencillos. En este caso, han apuntado contra cuatro responsables de la gestión de la crisis. Se trata del firmante de los protocolos de no hospitalización, el director general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur de Víu; el geriatra al que consideran “ideólogo” de ese triaje, Francisco Javier Martínez Peromingo; el director de las urgencias Summa 112, Pablo Busca Ostalaza; y el asesor sanitario de Ayuso, Antonio Burgueño Carbonell. Además, han incluido el nombre de 25 geriatras que se encargaron de filtrar las peticiones telefónicas de hospitalización de las residencias.

Otros familiares denunciaron en 2020 bajo el amparo de otra asociación, Pladigmare, y otros han intentado cauces distintos al penal. Por ejemplo, cinco familias de fallecidos han llegado con su demanda de indemnización a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Los últimos datos de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid indican que a 31 de diciembre de 2023 se habían incoado 149 actuaciones penales. De ellas, 99 eran procedimientos judiciales, entre los que se contaban 61 procedimientos definitivamente sobreseídos. En los 38 procedimientos judiciales restantes, era posible encontrar diferentes situaciones procesales. Solo uno había alcanzado la fase de procedimiento abreviado. Al menos 22 permanecían a la espera de practicar diligencias y otros 11 se encontraban pendientes de decisión en fase de recurso frente a resoluciones de archivo.

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