217 adopciones de bebés en 11 años en Madrid: así funciona el protocolo para prevenir el filicidio o el abandono

Ocurrió durante un paseo. Un vecino del distrito de Barajas, en el este de la capital, descubrió el cuerpo de un bebé entre unos contenedores a la altura del número 21 de la calle de Acuario, y alertó a la Policía. Corría el mes de mayo. En junio, un operario de la planta de Valdemingómez encontró a otro bebé muerto, aún con el cordón umbilical. En julio, un tercero apareció en una bolsa de basura en un portal de Carabanchel. Y en diciembre un bebé muerto fue hallado en la planta de reciclaje del municipio madrileño de Loeches. “Para prevenir casos de filicidio o abandono de un neonato”, la Comunidad de Madrid tiene un protocolo que reformó recientemente. Por esta vía se han dado en adopción a 217 recién nacidos desde 2014, según información oficial enviada a la Asamblea a la que accedió EL PAÍS. Una estadística a la que la oposición intenta poner cara y ojos, para entender cuánto tienen que ver en ella la desigualdad, el hambre, el frío y la pobreza.

“El aumento de los índices de pobreza en la región y la creciente desigualdad a la que se enfrentan los madrileños están limitando las posibilidades de formar una familia”, opina Mariana Arce, diputada de Más Madrid, que recuerda que una de las medidas de la estrategia regional de fomento de la natalidad recoge la opción de entregar en adopción a los bebés inmediatamente después de nacer. “Queremos conocer el perfil de las mujeres que tienen que tomar la difícil decisión de entregar a sus hijos e hijas en adopción, conocer cuáles son los protocolos de actuación en estos casos y garantizar que se promuevan las medidas que sean necesarias con el objetivo de que ninguna mujer tenga que entregar a su bebé obligada por su situación socioeconómica y por la falta de políticas de apoyo”.

La consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, consultada por este diario, asegura a través de un portavoz que carece de un perfil o retrato robot de las familias que se acogen a esta vía para desprenderse de sus hijos sin cometer un delito.

Sin embargo, la propia consejera del ramo, Ana Dávila, hizo el pasado verano una descripción concreta, mientras visitaba una residencia infantil de la capital: “En un porcentaje importante de estas situaciones, son mujeres migrantes que no tienen regularizada su situación”.

Un análisis con el que coincide Lorena Morales, diputada del PSOE especializada en políticas sociales, que lo tiene clarísimo: “Son mujeres solas, sin red familiar, y con bajos recursos”.

Esto aclara un portavoz de la consejería: “Si hay un padre identificado del bebe, deberá recogerse también por escrito su voluntad, e incorporarla al expediente de protección”.

El destino de toda una vida se juega en sus primeras 96 horas. Es en ese corto espacio de tiempo en el que se aplica un protocolo dirigido a los profesionales sanitarios para la protección de los neonatos, y que establece que, cuando la madre lo solicite, los servicios de Trabajo Social de las maternidades le ofrecerán información sobre las ayudas y apoyos existentes, o sobre el procedimiento de adopción y sus implicaciones.

Ahí comienza lo que Mariano Calabuig, diputado regional de Vox, define como “abandono responsable”. Si la madre opta por entregar a su bebé en adopción, lo que puede hacer antes del parto, ya en el hospital, o a través de los números 012 y 112, se abre un segundo periodo clave: la decisión debe ser ratificada por un juez, después de haber escuchado a la madre biológica y de que hayan transcurrido al menos seis semanas desde el nacimiento.

Eso se hace así porque son decisiones que dejan una huella indeleble. Para siempre. Por dentro y por fuera. El protocolo regional reconoce la posibilidad de la madre biológica de decidir si quiere saber el sexo del bebé; elegir su nombre; verle después del parto; permanecer con él durante el tiempo del ingreso hospitalario; dejar algún dato disponible para el niño en el futuro; o permanecer localizable.

Con ello, explican en la consejería, se garantiza tanto el respeto a su intimidad y decisión, como la del adoptado a conocer su origen. Además, así se refuerza el mensaje de que cualquier mujer, con independencia de la situación administrativa en la que se encuentre en España, podrá dar a luz en una maternidad pública de la región en condiciones de seguridad para ella y el bebé, y entregar a su hijo en adopción, sin que esto suponga perjuicios futuros para ella o a su circunstancia legal o de residencia, recuerdan en la Administración regional en un comunicado.

Una vez firmado el correspondiente documento de renuncia, los trabajadores sociales de las maternidades contactarán con los profesionales de la Consejería para ofrecer al recién nacido un hogar idóneo de entre los inscritos previamente. Todas las familias habrán completado un proceso de formación y valoración previa para asegurar al neonato las mejores condiciones y que pueda iniciarse la convivencia en situación de guarda con fines de adopción hasta que la misma se formalice judicialmente.

En 2024, según datos oficiales de la Comunidad, hubo 22 entregas voluntarias de bebés efectuadas en los centros hospitalarios con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo de intervención de entregas de recién nacidos para su adopción. En 2023, 18. En total, en los últimos 11 años han cambiado así de familia 217 bebés. 2014 fue el año con más casos: 25.

Un viaje en el que la administración hace de puente mientras se encarga de sus propios niños: a finales de 2022, la Comunidad tenía reconocida la tutela de más de 300 menores de entre 0 y 3 años, de los cuales 61 estaban acogidos por su familia extensa, 213 por una familia ajena, y 54 estaban en un centro residencial.