El PP de Ayuso califica de “absoluta irregularidad” que el fiscal general quiera que MAR declare como testigo en su causa

El PP de Isabel Díaz Ayuso ha defendido este jueves al jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, tras conocerse que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reclama su testimonio al instructor del Tribunal Supremo que le investiga por un supuesto delito de revelación de secretos en el caso del novio de la baronesa, Alberto González Amador, a su vez investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil.

García Ortiz quiere que MAR, como se conoce al asesor, ofrezca su testimonio ante “los indicios de que accedió cuando menos a una parte del contenido de los correos” de ese expediente. Una referencia velada a la publicación en prensa del contenido de un email que el fiscal encargado del asunto envió al abogado de González Amador recordándole que aún era posible alcanzar un acuerdo de conformidad. Esa información aislada omitía que había sido la defensa del investigado quien había propuesto antes el pacto. García Ortiz ha acabado encausado por la publicación en medios de comunicación de ese segundo correo, que él niega haber filtrado, y tras ser investigado por impulsar un comunicado de prensa de la Fiscalía para aclarar la cronología de la negociación.

“Es una absoluta irregularidad que el fiscal general del Estado, que está imputado por un delito, esté imputando, o tratando de imputar a los demás también delitos, o llamarles a declarar”, ha sostenido este jueves Carlos Díaz-Pache, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. “El fiscal general del Estado, en esa situación en la que está, está humillando la función publica, y lo que tiene que hacer es dimitir, dejar de manchar la institución que ha tenido el honor de dirigir hasta ahora, y que no ha sido capaz de estar a la altura”, ha seguido cuando se le ha preguntado al respecto durante una rueda de prensa en la Asamblea de Madrid. Y ha rematado: “Lo que tiene que hacer es irse y defenderse en los tribunales como cualquier otro ciudadano”.

La reacción del propio MAR fue igualmente beligerante el mismo día en el que se conoció la petición de García Ortiz. “Fiscal General: si me llamas a declarar vas a ir pá'lante!!!”, escribió en la red social X (antiguo Twitter).

Los hechos que investiga el Supremo tienen su origen en la noche del pasado 13 de marzo. Horas después de conocerse que el ministerio público había denunciado a la pareja de Ayuso por presuntamente defraudar más de 350.000 euros a Hacienda, El Mundo publicó que la Fiscalía había ofrecido a González Amador un pacto por correo electrónico. Ante la avalancha de peticiones de información al ministerio público, la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado en la mañana del 14 de marzo en el que explicaba que en realidad había sido el abogado de González Amador quien, más de un mes antes, había tratado de alcanzar ese acuerdo con la Fiscalía, un procedimiento habitual por el que los acusados reconocen sus delitos (la representación legal de la pareja de Ayuso admitía la comisión de dos delitos fiscales) a cambio de una rebaja de la hipotética pena que le correspondería.

Esta nota de prensa, con la que la Fiscalía pretendía desmentir la versión falsa de los hechos que había difundido el entorno de la presidenta madrileña, es la que, según la pareja de Ayuso, incurre en un delito de revelación de secretos porque incluía datos personales. Esta es también la tesis que ha mantenido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a lo largo de la instrucción y la que le llevó a remitir el caso al Supremo cuando el fiscal general envió al TSJ un escrito en el que asumía la responsabilidad de la redacción del comunicado de prensa.

El Supremo, sin embargo, descartó esta teoría porque, tras analizar el comunicado difundido por la Fiscalía, concluyó que “aparentemente, no hay información indebidamente revelada”, ya que todos los datos que ahí se incluían ya eran de conocimiento público. Pero el tribunal se aferró a otro argumento para investigar al fiscal general: de la investigación practicada por el TSJ y, en concreto, de la declaración del fiscal de Delitos Económicos que llevaba el caso contra la pareja de Ayuso, Julián Salto, se desprende que los correos entre el fiscal y el abogado de González Amador que contenían la mayoría de los datos plasmados luego en la nota fueron revelados horas antes de que se publicara el comunicado, cuando esos correos estaban ya en poder del fiscal general y de la fiscal jefa provincial.

La Sala Penal pone así el foco en el hecho de que varios medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS, publicaran entre la noche del 13 de marzo y la mañana del 14 un correo electrónico enviado por el abogado de González Amador el 2 de marzo a la Fiscalía provincial de Madrid. En ese e-mail, el letrado asumía la comisión de dos delitos fiscales. El Supremo no tiene pruebas de quién filtró este correo, pero sí de que García Ortiz, y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, lo tenían desde esa misma noche, y en eso basa el tribunal sus indicios de que ambos pudieron incurrir en un delito de revelación de secretos (artículo 417 del Código Penal), que castiga a la autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de oficio o cargo y que no deban ser divulgados.

García Ortiz mantiene que él no filtró ningún correo. Para demostrar que hubo periodistas que tuvieron acceso a los correos electrónicos con información del novio de Ayuso antes que él, su defensa también ha pedido que presten testimonio ocho informadores.