Almeida permite que los patinetes compartidos sigan en Madrid hasta que un juez decida si hizo lo correcto al revocar sus licencias

El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha cedido momentáneamente en su pulso con las tres compañías de patinetes eléctricos compartidos a las que quiere expulsar de la ciudad. Una de las tres empresas, la estadounidense Lime, ha celebrado este jueves que el Consistorio permitirá que sigan operando hasta que un juzgado de lo contencioso decida si el alcalde actuó correctamente el 5 de septiembre, cuando anunció sorpresivamente que retiraba la licencia a las tres empresas autorizadas, alegando que era necesario proteger a los peatones. El Ayuntamiento había dado de plazo hasta el viernes pasado para que los 6.000 patinetes desaparecieran de las calles. Sin embargo, Lime se había negado a cumplir la orden y había anunciado que solicitaron al juez que les permitiera seguir operando de forma cautelar, hasta que resolviera sobre el fondo del asunto. Una portavoz de Lime ha explicado a EL PAÍS que el Ayuntamiento se ha adelantado al juez y les ha comunicado que suspende temporalmente su decreto de revocación. El área del concejal de Movilidad, Borja Carabante, ha confirmado esta decisión: “Hasta que el juez se pronuncie (en los próximos días), el Ayuntamiento de Madrid paraliza desde hoy la retirada de patinetes de la ciudad”.

En su comunicado, Lime ha reiterado que la revocación se tomó sin contar con las empresas. “El Ayuntamiento de Madrid tomó la decisión unilateral y prematura de iniciar la retirada de patinetes, a pesar del procedimiento de medidas cautelares pendiente de resolución por el juzgado, y la compañía ha conseguido ahora paralizar esa decisión amparándose en la legalidad y doctrina constitucional vigentes”.

Las tres empresas, Lime, Dott y Tier, ganaron un concurso en enero de 2023 que buscaba limitar el número de patinetes en las calles de Madrid, después de años de descontrol. El alcalde Almeida dijo en rueda de prensa el 5 de septiembre que la tecnología de las tres empresas no había conseguido impedir que los usuarios aparcaran incorrectamente, afectando a los peatones, especialmente a las personas mayores. Además, como reveló EL PAÍS, las empresas incumplieron con los términos de sus licitaciones: no impartieron los cursos de seguridad vial que prometieron (y que proporcionaron puntos decisivos en el concurso a dos de las ganadoras) y tampoco estaban yendo a todos los barrios de la ciudad, como estipulaba el contrato público.

Almeida consideró que para garantizar la movilidad sostenible sería suficiente el servicio de bicicletas eléctricas compartidas de Bicimad. Además, los propietarios de un patinete particular podrían seguir usando sus vehículos.

Una portavoz de Carabante dice que el Ayuntamiento continuará sancionando por estacionamiento indebido (cada multa por este motivo asciende a 1.500 euros y la debe pagar la compañía). Ha añadido que desde el viernes pasado hasta hoy se han retirado 250 patinetes de las calles por mal estacionamiento.

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