Dos empresas de patinetes ganaron licencias en Madrid gracias a proponer cursos fantasma

Dos empresas de patinetes compartidos, Lime y Dott, deberían estar dando clases gratuitas y presenciales de conducción a 62.698 madrileños al mes, un ritmo de docencia que les permitiría llegar a 2,25 millones de alumnos entre 2023 y 2026. Ese fue su compromiso grandilocuente el año pasado con el Ayuntamiento de Madrid para ganar las nuevas licencias que les permiten operar en las calles. Sus promesas en candidaturas por separado (Lime formaría a 1,2 millones y Dott a 1,05 millones) dan la idea de una operación gigantesca, promocionada en campañas publicitarias y reconocible por multitudes entrando en grandes recintos. Todo por el bien superior de unas calles seguras.

El problema es que nada de eso ha pasado y tampoco hay señales de que vaya a ocurrir. Diez meses después de la adjudicación de los permisos, no hay ni rastro de algún tipo de esfuerzo para educar a los madrileños y los empleados de atención al cliente de esas empresas responden que desconocen la existencia de esos cursos. Esta inacción no es una cuestión menor: estos cursos fantasma otorgaron a Dott y Lime unos puntos decisivos para conseguir dos de las tres licencias en concurso, desbancando a empresas que propusieron formar a menos madrileños. El Ayuntamiento dio por buenas las ofertas y aún no ha actuado.

Las diez empresas candidatas podían sacar un máximo de 75 puntos cumpliendo con diez requisitos, entre ellos el de ofrecer cursos a la ciudadanía. Varios criterios técnicos fueron conseguidos por casi todas, así que el requerimiento de las clases, que daba hasta 5 puntos, se convirtió en una vía para desempatar.

El concurso se resolvió en enero de 2023, cuatro meses antes de las elecciones municipales, y venía a poner orden en las calles madrileñas, limitando el número de patinetes disponibles a 6.000 y el número de operadores a tres. El encargado de esta reforma era el poderoso delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, mano derecha del alcalde José Luis Martínez-Almeida. Carabante apareció ante los medios junto a un patinete de cada empresa ganadora. En la nota de prensa, el Ayuntamiento anunció que “las empresas tienen la obligación de impartir cursos prácticos de circulación segura en patinete a lo largo de la duración de la autorización según su oferta”.

Las diez empresas, todas compañías internacionales con presencia en grandes ciudades, habían preparado sus candidaturas para hacerse con una codiciada licencia en la capital española. La convocatoria madrileña, en septiembre de 2022, estipulaba en su criterio número nueve que se valoraría la impartición de cursos presenciales de circulación segura que incluyan clases prácticas de conducción a un número no inferior a 30 personas por curso. Era una demanda que respondía al malestar ciudadano por el uso indebido de estos vehículos desde que comenzaron a circular en 2018 en la capital.

El Ayuntamiento puntuó a las empresas del 1 al 5 en función del número de alumnos al que prometían formar: cuantos más estudiantes, más nota. Lime, que se comprometió a educar a 1,2 millones de madrileños, incluyendo clases en institutos y universidades, recibió 5 puntos; Dott, que ofertó docencia a 1,05 millones de beneficiarios, consiguió 4,48 puntos; Tier solo propuso cursos para 80.000 alumnos y obtuvo 1,28 puntos; y Bird, que prometió educar a 300.000 estudiantes, quedó con 2,18 puntos. Bolt obtuvo 2,70 puntos y Voi, 1,15 puntos.

El criterio de los cursos fue determinante porque en total Dott obtuvo 74,8 puntos; Lime, 72,5; Tier, 71,2; Bird, 70,1; Bolt, 68,2; y Voi, 66,6. Si Lime o Dott hubieran hecho una propuesta de formación baja, habrían podido quedar fuera.

La propuesta escrita de la estadounidense Lime incluía declaraciones que pretendían mostrar su convicción en la seguridad vial: “Lime es de la opinión que no se puede simplemente esperar a que los ciudadanos se interesen por un curso ofrecido, sino que hay que ir a donde los usuarios están para ofrecerles la formación”. También aseguró que iban a coordinarse con la Consejería de Educación de la Comunidad para que los institutos y universidades conocieran su formación. Un portavoz de ese área del gobierno regional dice que se reunieron con Lime en septiembre y se les informó de que una iniciativa de ese tipo y escala solo era factible si la Comunidad la sacaba a licitación, y ese no era el caso: “Venían un poco despistados”.

La holandesa Dott se limitó a proponer varias clases a lo largo de la semana, con distintos horarios y una capacidad mínima de 30 personas.

El nuevo régimen entró en vigor el 3 de mayo, cuando el resto de operadores se retiraron de la ciudad y las compañías autorizadas quedaron como las únicas disponibles (de las tres, Lime era la única que ya funcionaba en Madrid). Diez meses después, las ganadoras se han olvidado de los cursos. No dan información en sus webs o aplicaciones.

Dott publicó en X a principios de 2023 un par de tuits que enlazan a una web externa donde informaba de que impartía cursos a diario de 8:00 a 22:00 en Calle Cortijo, 2. Esta dirección se encuentra en un polígono industrial, un lugar desangelado, mal comunicado y poco propicio para recibir a estudiantes. Este periódico visitó la nave dos veces la semana pasada en horario laboral, por la mañana y la tarde, pero la verja estaba cerrada y no había timbre. Los obreros de las dos naves vecinas dicen que las instalaciones abren poco y que la única actividad destacada es la de empleados que portan patinetes para ser reparados.

Los clientes pueden comunicarse con estas compañías por chat o correo electrónico. “La aplicación Lime ofrece una opción ‘modo de entrenamiento’ que puede ser a lo que te refieres”, responde una asistente. Un bot de Dott ofrece links a otros asuntos, como una “guía para aparcar”.

El director de asuntos públicos de Lime para la Península Ibérica, Arnau Pérez, responde a EL PAÍS que están en “fase de generación de alianzas” con escuelas, universidades y organizaciones de transporte de personas o mercancías: “Es especialmente importante tener presente el periodo de tres años para ejecutar lo comprometido”. El manager de asuntos públicos de Dott en España, Gerard Sillares, ha declinado hablar: “Lo siento no hablamos de estos temas. Son temas contractuales que solo compartimos con el Ayuntamiento”.

Tampoco la tercera ganadora, la alemana Tier, facilita información a los usuarios. Un asistente responde en inglés que no hacen falta lecciones para conducir el patinete: “No, lo siento. No hay cursos para eso. Pero espero que te resulte sencillo (manejarlo)”.

El director de operaciones en España, Alejandro Alves, responde a este periódico que Tier ha celebrado “múltiples eventos de formación” en lugares como el Retiro o La Caja Mágica, pero añade que el interés ha sido menor al esperado y que prevén retomar los eventos cuando suban las temperaturas.

Contratar a los formadores necesarios para educar a más de un millón de usuarios supone un gasto considerable que podría aguar el beneficio de estas empresas. El Ayuntamiento les permite usar el espacio público gratuitamente y ellas cobran a los usuarios en función del tiempo que monten en los patinetes. Fuentes del mercado dicen que usualmente las empresas tienen en cada ciudad a una decena de empleados, que suelen ser mecánicos y revisores de baterías.

Una portavoz del concejal Carabante responde que están investigando y valorarán tomar medidas: “En estos momentos están en plazo de presentación de la información requerida”.

“Desfachatez”

La cuarta y sexta clasificadas, la estadounidense Bird y la sueca Voi, han interpuesto en los juzgados sendos recursos para impugnar las autorizaciones. Advierten de que Lime y Dott habían hecho “ofertas temerarias” de cumplimiento imposible.

Bird ha pedido explicaciones reiteradas al Ayuntamiento desde mayo pero, dice, no ha recibido respuesta. Bird propuso formar a 300.000 usuarios, una cifra que les parece realista, afirma su director para España y Portugal, Antonio Relaño. Pensaron acudir a centros de FP y a grandes empresas de hasta 10.000 empleados. “La propuesta de estas dos empresas nos parece una desfachatez”, dice Relaño. “En todo caso, sería bueno que cumplan porque nos beneficiaríamos todos en la industria”.

La sueca Voi ofertó formar a 48.000 alumnos contratando a dos personas y recurriendo a la ayuda de autoescuelas, dice Álvaro Rodríguez, su director de asuntos públicos en España: “No nos parece serio que se permita que los ganadores sean los que exageran más porque al final quienes lo pagan son los madrileños que no tienen un buen servicio”.

Escribe al autor a fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

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