Las multas acechan a las empresas de alquiler de patinetes eléctricos: “Se están colapsando los juzgados”

El patinete eléctrico apareció en Madrid una mañana de agosto de 2018. Sin previo aviso, cientos de patinetes desembarcaron por las aceras de la capital sin ningún tipo de control. Aprovechando el vacío legal de la anterior normativa sobre movilidad urbana, la primera empresa en deambular junto a los peatones fue Lime, con sede en San Francisco (EE UU) y participada por Uber. Casi cuatro años después, Madrid ha puesto coto a este tipo de patinetes a través de una nueva ordenanza ―que les exige ya circular fuera de las aceras― con sanciones. El Área de Medio Ambiente y Movilidad comenzó a multar en enero de 2021. Un año después, el balance es el siguiente: 122.868 multas a patinetes, casi 340 al día. O dicho de otra manera: el 82% de todas las penalizaciones que se han puesto a bicicletas, motos y patinetes compartidos por estas empresas.

Ahora mismo existen por la capital 5.000 patinetes eléctricos de préstamo gestionados por 16 empresas, según datos del propio Ayuntamiento. La mayoría de estas empresas forman parte de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). AEA ha alertado a través de una nota de prensa enviada a los medios de que sus abogados están recurriendo la mayoría de estas multas. En concreto, una de estas empresas ya ha recurrido casi 6.000. “El Ayuntamiento está solucionando los problemas de estacionamiento con procedimientos sancionadores, que no atajan la raíz del problema, en vez de construir las reservas para patinetes, como le obliga su propia normativa”, señala el presidente de AEA, Mario Arnaldo. “Se están colapsando los juzgados en vez de buscar soluciones. Es un sinsentido”.

Las empresas del sector consultadas por este periódico han propuesto al Ayuntamiento sustituir estas multas por la construcción de aparcamientos para patinetes eléctricos para “acabar con el grave problema que tiene la ciudad”. Fuentes del área de Movilidad se remiten al cumplimiento estricto de la nueva ordenanza.

Los meses con más sanciones fueron julio y agosto. Los barrios más problemáticos fueron Palacio, Embajadores, Justicia, Recoletos y Universidad. Un paseo a cualquier hora del día por el centro sirve para encontrarse con numerosos patinetes de estas compañías aparcados de cualquier manera y en cualquier sitio.

Las sanciones, impuestas por el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), se documentan siempre con tres fotografías del vehículo infractor. Las multas, en el caso de los patinetes eléctricos mal aparcados, alcanza los 30 euros y siempre se derivan a la compañía y no al usuario, de ahí que las empresas denuncien esta situación.

Hay que diferenciar el usuario que se ha comprado su propio patinete eléctrico del que lo usa a través de estas compañías. Oscar Creix es portavoz de IC Elécric, una de las empresas españolas punteras del sector de los patinetes. “El usuario que se ha comprado un patinete eléctrico nunca lo deja en la calle. Quizá para comprar el pan unos segundos, pero nada más, donde está el problema es con las empresas de alquiler de patinetes”.

Una declaración que comparten desde la oposición. Ignacio Benito es el concejal del PSOE encargado de la movilidad: “Las aceras están impracticables por estas empresas. El problema que existe con las multas es que el Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza y no ha informado lo suficiente”. Y Esther Gómez, de Más Madrid: “Las multas que se están imponiendo a los operadores de patinetes tienen que ver, en su mayoría, con un aparcamiento en las aceras que no está permitido. En el marco actual hay unas normas que deben cumplirse y los operadores deben resolver cómo hacer que sus usuarios las cumplan”.

La normativa del Ayuntamiento es tajante al respecto. Con carácter excepcional, los patinetes podrán estacionarse en la acera de las calles que no hayan sido declaradas peatonales ni de especial protección para el peatón cuando no exista una reserva específica para estos vehículos debidamente señalizada y visible a menos de cincuenta metros, siempre que cumplan los siguientes requisitos y condiciones: deberán respetar un ancho libre de paso de tres metros para garantizar la movilidad peatonal y mantener una distancia mínima de dos metros a los pavimentos tactovisuales colocados en vados peatonales y encaminamientos, incluyendo los vinculados a paradas de transporte público.

El problema es el desconocimiento existente entre los propios usuarios. Un hecho que critica Oscar Moral, presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI): “La situación ha mejorado relativamente, pero al margen de las sanciones, se sigue incumpliendo las normas. Hay menos elementos en las calles, sí, pero nosotros entendemos que queda mucho trabajo por realizar. No existe un trabajo de concienciación entre los usuarios”.

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