La pareja de Ayuso pide a la jueza que aplace su declaración hasta conocer si avanza la segunda pieza delictiva
Alberto González Amador busca retrasar su cita del viernes 29 de noviembre en el primero de los frentes judiciales contra él, por fraude fiscal, hasta que la Audiencia Provincial resuelva su recurso contra la apertura de una segunda investigación, por administración desleal y corrupción en los negocios
El empresario Alberto González Amador ha tardado menos de 24 horas en presentar su objeción contra la cita judicial del viernes 29 de noviembre, que había sido conocida este martes. La pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado a la jueza que suspenda esta comparecencia, referente al primero de los frentes judiciales contra él, por fraude fiscal, hasta que los magistrados de la Audiencia Provincial decidan si aceptan su recurso para impedir que se abra un segundo capítulo, por administración desleal y corrupción en los negocios, según informan a EL PAÍS dos fuentes con conocimiento directo.
Si la jueza acepta su petición, se pondría en pausa esa cita en la que queda por ver si Amador retoma su pacto de junio con Fiscalía y Abogacía del Estado por el que aceptaba ocho meses de prisión y 491.000 euros de multa, a cambio de la probable suspensión de su entrada en prisión. Fuentes de la Abogacía del Estado han dicho a este periódico que están estudiando si mantienen su oferta.
Amador ha sido citado a las 10.00 del viernes 29 de noviembre por la jueza que lo investiga, la titular del juzgado de instrucción 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias. Además, ese día se produciría también la declaración de sus cuatro supuestos colaboradores en la elaboración de unas facturas falsas por 1,7 millones de euros que permitieron a la empresa principal de la pareja de Ayuso reducir su carga fiscal en los ejercicios de 2020 y 2021, según la investigación de Hacienda.
Hace una semana, la jueza Iglesias abrió una nueva pieza para ampliar la investigación a los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. Esta decisión se basa también en la investigación de Hacienda de los ejercicios fiscales de esos dos años. En concreto, la magistrada ha puesto el foco en el uso de una sociedad pantalla por parte de Amador con el supuesto fin de pagar menos impuestos.
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