Suspendida por segunda vez la declaración de la becaria que denunció a Nacho Cano por carecer de abogado

Lesly Ochoa, la supuesta becaria mexicana de 28 años que denunció al promotor musical Nacho Cano dando lugar al caso Malinche —sobre la situación irregular en la que se encontraba trabajando una veintena de supuestos estudiantes mexicanos en ese espectáculo del excomponente de Mecano— ha acudido este lunes a declarar al juzgado número 19 de plaza de Castilla de Madrid. Ochoa ha llegado sola, sin abogado, con un gorrito blanco y un sofisticado peinado de trenzas. Se trata de su segunda citación para declarar, ya que a la anterior, el pasado 3 de octubre, no acudió por un “ataque de ansiedad”, justificó. En esta ocasión, ha vuelto a suspenderse porque Ochoa, a quien ha dejado de representar recientemente la abogada Beatriz Uriarte, ha solicitado poder responder a las preguntas de la jueza instructora con asistencia letrada. Su declaración ha sido postergada por ese motivo al próximo 14 de noviembre.

Tanto la fiscal de Extranjería como la acusación popular, representada por el sindicato Comisiones Obreras, se han adherido a la solicitud de Ochoa para no causar indefensión. Previsiblemente, la inspectora de trabajo que acompañó a los agentes de la Policía Nacional y que interrogó a los 17 becarios el pasado mes de junio tras interrumpir sus ensayos en una iglesia de Madrid será también citada ese mismo día.

En su informe, conocido hace pocas semanas, la inspectora concluía que los supuestos estudiantes “realizaban prácticas no laborales en la empresa” del artista, al “amparo de una beca” para completar su formación, aunque fuese una “formación no reglada, ni incluida en el sistema educativo”.

Sin embargo, fue precisamente ese hecho, el que se tratara de una educación no reglada ni oficial la que se les ofrecía a esos jóvenes traídos desde México hace un año, lo que llevó a la Delegación de Gobierno de Madrid a denegarles los permisos por estudios que solicitaron. Y, precisamente, la ausencia de esa autorización, hizo que los investigadores policiales concluyeran en su atestado que los supuestos estudiantes no lo eran y, en consecuencia, se encontraban ensayando y trabajando de manera irregular en España en el espectáculo de Nacho Cano, tras haber sido traídos a España haciéndolos pasar por turistas.

La jueza del juzgado número 19 de plaza de Castilla, que instruye la causa contra Cano y tres de sus colaboradoras por un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y de favorecimiento de la inmigración irregular, deberá analizar y resolver ahora esta contradicción.

Será la juez quien tendrá que interpretar los hechos: la denuncia de la becaria que dio lugar al caso, el atestado policial, el informe de la Inspección y las denuncias y pruebas aportadas por la defensa. De momento, ha inadmitido los últimos documentos presentados por los abogados de Nacho Cano, al considerar “irrelevantes” e “improcedentes” para el esclarecimiento de los delitos que se le imputan los documentos aportados por sus letrados, que contenían conversaciones privadas de WhastApp que Cano habría mantenido con la denunciante, Lesly Ochoa.

La defensa de Cano (y de sus tres colaboradoras) trataba de mostrar al artista como sujeto de un presunto “chantaje” porque, de acuerdo con ese cruce de mensajes, Ochoa le pidió 6.000 euros “por daños morales” y una carta de recomendación “para no proceder legalmente”, algo que finalmente hizo y dio lugar a la investigación penal en ciernes.

“El objeto de este procedimiento”, advierte la jueza en su auto, “es la investigación de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores, por lo que además de la declaración de la denunciante-perjudicada doña Lesly, contamos con otros medios probatorios, siendo irrelevantes las conversaciones que se aportan para esclarecer si los investigados han participado en los hechos imputados”.

Según la acusación popular, la decisión de la juez pone pie en pared a la campaña de desprestigio iniciada por Cano y su equipo de comunicación contra la joven estudiante que denunció los hechos en enero en la comisaría de Centro. El propio comisario de esa sede policial, Alberto Carba, ha enviado un acto de conciliación al artista a través de la abogada del sindicato de mandos policiales en el que le advierte de que se querellará contra él por injurias y calumnias si no se retracta de sus insultos.

La respuesta de Cano se produjo frente a los micrófonos de televisión: “Al comisario Carba le digo que me encantaría que nos viéramos él y yo juntos, con sus jefes, y en base a lo que me diga la gente mientras paseemos por la calle, me retracto o no me retracto. Yo le diría cómo es posible que fabrique de la nada un relato de un ciudadano para contentar a sus jefes”. Los estudiantes regresaron triunfantes a México a finales de agosto sin prestar declaración ante la juez. A su llegada fueron aclamados por amigos y familiares que los recibieron con pancartas y vítores en el aeropuerto.