La plataforma por la climatización de las aulas presenta más de 70.000 firmas para tramitar la iniciativa legislativa popular

La Plataforma Autonómica por la Climatización y Adecuación de los Centros Educativos Públicos ha conseguido reunir 70.895 firmas –siendo 50.000 las necesarias– para tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para combatir el calor en los centros educativos públicos. El balón, ahora, está en la Asamblea de Madrid. Tras la presentación este lunes de los pliegos con las firmas que respaldan la ILP, la Mesa de la Asamblea hará el recuento y declarará si hay, al menos, 50.000 firmas válidas. Si las hay, empezará el trámite de la proposición de ley.

Las firmas, que han sido llevadas hasta la Asamblea en cinco cajas, fueron recogidas en los últimos tres meses por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, con apoyo de CC OO, UGT y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (Fravm). María Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, espera que tras el esfuerzo por conseguir el respaldo ciudadano, ahora los partidos políticos apoyen la iniciativa. “Estaremos muy pendientes del proceso que viene después, que es el debate de los partidos políticos y la petición que hemos hecho al PP, PSOE y Más Madrid para conseguir consenso y materializar la climatización de los centros”, ha afirmado Morillas luego del registro de las firmas. La plataforma no se ha reunido con Vox. “Nos reunimos con partidos políticos que son conscientes del cambio climático”, ha comentado la presidenta de la FAPA.

Una vez la Mesa de la Asamblea admita a trámite el texto, lo enviará a la Comisión de Participación. Allí, un representante de la plataforma explicará la iniciativa y, si es aceptada, iniciará el proceso de trámite como otras leyes. Los partidos políticos pueden dar su apoyo a la proposición. Este lunes, por ejemplo, el diputado Jesús Celada y la concejala María Caso del PSOE han asistido a la entrega de firmas y han manifestado su respaldo. “La sociedad civil ha trabajado, ahora nos toca a los políticos”, ha asegurado Celada, “parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que reclamar una ley que habilite climáticamente los centros educativos”.

La ILP busca aterrizar en medidas concretas una resolución de 2018 que instaba a la Comunidad de Madrid a actuar frente a las consecuencias del cambio climático en las aulas. El texto ordena regular las condiciones mínimas para dar y recibir clases en los colegios, implementar soluciones que –a diferencia del aire acondicionado convencional– consuman menos energía y generen menos emisiones y hacer auditorías energéticas para detectar qué falta en los centros. Todo lo que se vaya a hacer se debe planificar con presupuestos anuales y esa información debe ser pública, por cuestiones de transparencia. Teresa Jurado, secretaria de Educación del sindicato UGT, ha destacado la participación de familias y organizaciones civiles tanto en la redacción participativa de la ILP como en la logística para recoger más de 70.000 firmas entres meses. “La ciudadanía madrileña tiene una gran sensibilización en cuanto a que se cumpla la normativa sobre salud laboral y climatización de centros educativos”, ha destacado Jurado.

Actualmente, la Comunidad de Madrid no cuenta con un diagnóstico de climatización en los centros de educación pública ni tiene datos de en qué centros faltan soluciones contra el calor. EL PAÍS, por ejemplo, ha enviado dos solicitudes de información, amparado en la Ley de Transparencia, para saber qué escuelas e institutos tienen aire acondicionado y qué centros se han beneficiado de los 38,3 millones de euros de en inversiones contra el calor entre 2023 y 2024. Sin embargo, ambas peticiones han sido denegadas. En algunos centros educativos, ante la falta de inversiones públicas para climatizar las aulas, los padres han terminado por costear, de su propio bolsillo, toldos y ventiladores.

Solo en este último curso, CC OO ha detectado 518 incidencias por calor a través de la campaña de denuncias Queremos aulas, no saunas. “Esas incidencias suponen que hay más de 27 grados y que, en algunos casos, superan los 33 y los 35. Luego de registrar las incidencias, hacemos un seguimiento centro a centro y lo elevamos a inspección de trabajo”, ha detallado este lunes la Secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Isabel Galvín y ha añadido que Inspección de Trabajo ya ha emitido algunas resoluciones favorables para que la Consejería climatice los centros. “Pero finalmente no lo hace. Vamos a elevar esas resoluciones favorables a los tribunales de justicia, pidiendo que se intervenga”, ha anunciado Galvín.

No es la primera vez que el sector educativo presenta una ILP en la Asamblea. Ya ocurrió en 2007, cuando la FAPA, CC OO y UGT presentaron 72.000 firmas para promover una ILP por la convivencia escolar. El proyecto, sin embargo, no salió adelante en el parlamento madrileño. Por eso, las expectativas, pero también los temores, son altos esta vez. El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, por ejemplo, ha recordado que este año presentaron una proposición no de ley (PNL) “para hacer un inventario de qué necesidades reales hay en los centros educativos y habilitar una línea de crédito extraordinaria para sufragar los gastos de climatización”. Pero la PNL no consiguió los votos necesarios en una Asamblea donde el PP tiene mayoría absoluta.

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