El “triángulo del amor” de los Díaz Ayuso con el sector sanitario: “Se repite un mismo patrón siempre”

La ministra de Sanidad, Mónica García, lo llama “el triángulo del amor”. En un ángulo estaría la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el otro, su pareja, Alberto González Amador, un técnico sanitario al que la Fiscalía ha denunciado por presuntamente defraudar más de 350.000 euros ganados como intermediario durante la pandemia. Y en el vértice, Quirón, un transatlántico de la industria sanitaria, principal cliente del empresario, y a su vez receptor de miles de millones de euros procedentes de la Administración autonómica. Sin embargo, la familiaridad de la líder conservadora con el sector sanitario hunde sus raíces en el siglo XX y se debe a vínculos más profundos. De sus padres, Leonardo y Mabel, a su hermano Tomás, llegando hasta su actual pareja, el material sanitario, la intermediación y el cobro de comisiones en el mundo de la sanidad han estado en el día a día de la familia Díaz Ayuso desde hace décadas, sin que la presidenta, periodista de formación, haya participado del negocio familiar.

“En todos los países occidentales el gasto sanitario es el monto más importante del gasto público, por eso los comisionistas y las redes de empresas interesadas en afectar a precios y compras sanitarias están en el corazón del sistema”, expone Eduardo Gutiérrez, diputado de Más Madrid. “Así es posible entender por qué el clan Ayuso ha estado presente en los negocios sanitarios desde tiempos del ministro Romay Beccaría [titular de Sanidad entre 1996 y 2000, con el PP]”, sigue. “No es inocuo que desde 2020, con Ayuso como presidenta, haya habido interés en cambiar a los gerentes de los hospitales de Madrid”, añade, en referencia, entre otras cosas, a la nueva ley ómnibus, que el PP aprobó en diciembre para recentralizar los nombramientos de esos cargos y dejar atrás la obligatoriedad de que su selección se basara “en los principios de publicidad y transparencia sobre la base de los criterios de igualdad, mérito y capacidad”.

Dos declaraciones de 2022 dan cuenta de los profundos lazos de los Díaz Ayuso con el sector sanitario, donde la agenda, los contactos y el conocimiento del quién es quién valen su peso en oro. La primera es de la presidenta regional: “Mi hermano lleva trabajando como comercial en el sector sanitario 26 años, mucho antes de que yo entrara en política, pero nunca le he ayudado para conseguir absolutamente nada en su vida laboral”. Y la segunda es de su hermano Tomás: “¿Sabes cuántos hospitales hay en Madrid? 33. ¿Quieres que te diga el nombre de los 18 gerentes más importantes de Madrid?, ¿los 18 directores médicos?, ¿los 18 directores de enfermería y los 18...? ¡Los conozco a todos, joder! Pero también sé quién es el jefe de la UCI de Sevilla, joder. Y de Valencia y de Murcia. Que me dedico a esto”.

Y sí, el mundo de la venta de maquinaria hospitalaria, y las comisiones, ha sido el mundo de los Díaz Ayuso desde finales del siglo XX. Cuando el hermano de la presidenta cobró en 2020 una jugosa comisión por facilitar las mascarillas que necesitaba la empresa de un amigo mutuo (Daniel Alcázar, de Priviet) para cumplir con el contrato de 1,5 millones que había firmado con la Comunidad, simplemente continuaba con el trabajo que llevaba décadas haciendo. Y con la tradición familiar. Así, la empresa de los padres de los Díaz Ayuso, en la que Tomás llegó a ser comercial, estaba especializada en la venta de aparatos de electromedicina, una de las áreas de los hospitales donde más dinero hay en juego. Entre 2007 y 2011, el grupo vendió productos valorados en 600.000 euros a la Comunidad de Madrid, para una cifra de negocios que superó el millón. Hasta que llegaron los problemas.

Julio de 2011. “El Grupo MC tiene otras empresas como MC Infortecnica SL, MC Medical SL, Hamilton SA, Sistemas y fabricación... Pero sé poco más al respecto”, escribe Díaz Ayuso en un correo electrónico dirigido a un contacto de Avalmadrid que reveló EL PAÍS cuando se conoció que esta entidad semipública no había conseguido recuperar al completo los 400.000 euros que había avalado a una empresa participada por el padre de la hoy presidenta regional. “Mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir (...)”.

Con esa petición de información para conocer el problema de la deuda a la que se enfrentaba la compañía acababa de nacer el caso Avalmadrid. La empresa de los padres con otros socios, MC Infortécnica SL, intentó conseguir un contrato con el servicio de salud vasco para suministrarles máquinas para quirófano que la empresa iba a comprar en Estados Unidos. Para conseguir el músculo financiero con el que afrontar la operación, se recurrió a Avalmadrid, donde el negocio despertó dudas desde el principio. Antes de que se produjera el primer impago de ese crédito, Díaz Ayuso aceptó la donación de la vivienda familiar, que así quedó fuera del alcance de posibles acreedores. Una polémica que persiguió a la presidenta durante las largas semanas del verano de 2019 en las que negoció su primera investidura, y que afrontó minutos antes de la votación que la llevó al poder.

“No se puede juzgar a un político por su familia y no se puede juzgar a un político por sus relaciones personales ni por su vida privada”, dijo en la Asamblea. “Mi familia, de la que se han estado lanzando tantas falsedades —y esto me pidió mi hermano que os lo diga—, es una familia como tantas en España, honrada, que ha creado puestos de trabajo, que se ha arruinado con la crisis”, explicó. “Ustedes no cuentan que mi padre llevaba años de baja médica, enfermo, y que mi madre llevaba muchos años jubilada en tiempos de esos casos que ustedes están escarbando y sacando a la luz”, siguió. “¡No saben nada!”, estalló. “Tampoco cuentan que jamás tuve ninguna vinculación laboral con mi familia, porque yo, orgullosa, salí muy joven de mi casa a buscarme la vida”.

Sin embargo, hoy Díaz Ayuso es propietaria de la casa familiar en nuda propiedad [no la disfruta] y también tiene el 50% de la sociedad Sismedica, según se refleja en su declaración patrimonial. Además, ahora su vinculación con el mundo de los negocios sanitarios incluye una pareja, Alberto González Amador, que también está familiarizado con cobrar comisiones millonarias por sus labores de intermediación o asesoría.

Vacunas

De hecho, Maxwell Cremona, su empresa, multiplicó por seis sus ventas en el arranque de la pandemia del coronavirus, cuando intermedió en la venta de mascarillas y guantes. En esa misma época, y según su propio relato, que los investigadores de Hacienda considera poco fiable, también intentó venderle vacunas contra la covid al Gobierno de Costa de Marfil. Ese negocio no llegó a buen puerto, y una de las facturas aparejadas al mismo está hoy en el corazón de la denuncia presentada contra el comisionista por la Fiscalía por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento comercial.

“En Quironprevención es bastante jefe”, resume una fuente del mundo sanitario sobre un profesional que hasta la pandemia se especializó en organizar reconocimientos médicos, o en garantizar unos estándares de servicio en hospitales y clínicas que permitieran obtener sellos de calidad.

De esta manera resume lo ocurrido Juan Lobato, el secretario general del PSOE en Madrid. “Nada impide que tu familia o entorno personal tenga negocios”, arranca el senador socialista. “Ahora, si los tiene con el Gobierno que presides, ¿por qué lo ocultas?”, se pregunta. E insiste: “La ejemplaridad empieza en la transparencia, porque sin transparencia no hay democracia. ¿Por qué ocultó [Ayuso] que su hermano hacía negocios en pandemia con un amigo del pueblo [Daniel Alcázar, de la empresa Priviet] y con la Comunidad de Madrid? Ahora, su pareja. Se repite un mismo patrón siempre”.

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