601 euros de multa a un madrileño de 71 años por usar un megáfono en una manifestación: “No canté. Animé a la gente”

En Madrid, hay tanta libertad que un vecino del distrito de Carabanchel ha sido multado por un policía local con 601 euros por usar un megáfono durante una manifestación autorizada. Pedro Casas, de 71 años, es un sociólogo jubilado del vecindario. Casas preside desde hace un año la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto. Casas cuenta por teléfono que el 29 de marzo de 2023 se convocó una manifestación en la avenida de los Poblados para reivindicar la creación de un centro para la memoria de la cárcel de Carabanchel. Derribada en 2008, fue uno de los lugares donde más se ejerció la represión franquista. Una asociación reivindica desde entonces que se construya un lugar para albergar qué se hizo ahí y quiénes pasaron por ahí. Y aquella tarde de marzo salieron, de nuevo, a reclamarlo.

La marcha fue solicitada a la Delegación de Gobierno ―un trámite necesario para cualquier manifestación, que debe realizarse con al menos 15 días de antelación― y aprobada, tal y como consta en un documento al que ha tenido acceso este diario. “La manifestación”, dice el texto, “partirá de la zona peatonal del Intercambiador de Aluche – avenida de los Poblados – cruce con la entrada de acceso al CIE/ Comisaría de Policía, donde concluirá la marcha y se leerá un comunicado”. Casas acudió previamente a la sede de la agrupación vecinal, donde guardan el típico megáfono clásico que aparece siempre en cualquier manifestación. Lo cogió y se lo llevó a la marcha, a la que, cuenta, acudieron alrededor de 150 vecinos.

La protesta, dice, empezó sobre las 18.30 y terminó pasadas las 19.45. En el texto que enviaron a la Delegación de Gobierno se decía lo siguiente: “Reivindicar que el edificio que ahora se usa como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, anterior Hospital penitenciario de la antigua cárcel de Carabanchel, cancele su uso como CIE y se utilice como Centro de Memoria de dicha antigua cárcel. La participación estimada es de 250 personas”.

Con el sí a la marcha, varios agentes de la Policía Municipal acudieron a la avenida de los Poblados para regular el tráfico. Casas cuenta que, al sacar el megáfono y justo al inicio de la protesta, el oficial se le acercó de inmediato:

―Buenas, ¿tiene autorización?

―No, no es necesaria para usar un megáfono.

—Tiene que avisar por la ordenanza del ruido.

—Tengo derecho porque esto es una manifestación comunicada.

Y el agente, según Casas, lanzó un aviso:

―Atente a las consecuencias. Esto no se puede usar.

—Yo tengo el derecho y lo voy a usar.

Y lo usó. Casas dice que no hizo ningún cántico fuera de lo común durante esos 90 minutos de protesta. Que no puso música ni insultó a nadie. “¡Centro de Memoria de Carabanchel!”, gritó, al tiempo que pronunciaba las típicas consignas de la protesta: “¡Verdad, justicia y reparación!”. Dice que eso fue lo único que dijo. “Yo no me dediqué a cantar. Animé a la gente”. Al concluir la marcha, el agente que habló con él al principio se le acercó otra vez y lo multó.

Un portavoz del Ayuntamiento de Madrid explica por teléfono que, efectivamente, Casas fue multado por usar el megáfono sin autorización. “Según el acta”, dice, “se le denuncia por la ordenanza de contaminación acústica y térmica y por la Ley orgánica de protección ciudadana por desobediencia a agentes de la autoridad, puesto que se le había advertido previamente haciendo caso omiso. Estuvo usándolo durante todo el recorrido durante una hora y 45 minutos”.

El expediente sancionador se inició ocho meses después de esa protesta. La carta, que apareció en el buzón del vecino Casas, dice que la multa se ampara en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, que fue aprobada por el Gobierno del PP en 2015. “La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”, dice el artículo en el que se basa la Policía Municipal de Madrid, “así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. Amparándose en este artículo, cuestionado por muchos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, el Gobierno recaudó 405 millones de euros durante la pandemia, según publicó la agencia Europa Press y consta en el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior de 2021.

La sanción que se le aplica a Casas es de 601 euros, pero la ley dice que, en función de cada caso, la horquilla se puede ampliar hasta los 30.000 euros. El expediente aún sigue abierto, porque el vecino ha recurrido la multa. Este jueves, a las 17.30, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid ha convocado una concentración frente a la Junta Municipal de Latina, coincidiendo con la celebración de un pleno en el que intervendrá un portavoz vecinal para hablar sobre este caso.

“Esto es un abuso de poder por parte del policía de turno”, cuenta por teléfono el presidente de todas las asociaciones vecinales de Madrid, Enrique Villalobos. “Esto es libertad de expresión y no se puede impedir que se use un megáfono en una marcha. El Ayuntamiento debería tomar cartas en el asunto”. Durante los nueve años que lleva como presidente, Villalobos solo recuerda un caso parecido. Sucedió en el distrito de Vicálvaro y, finalmente, se archivó. Villalobos ahora tampoco tiene dudas: “Esto del vecino Casas es un acto de libertad de expresión”.

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