La Federación de Municipios de Madrid, en los tribunales tras la maniobra del PP de Ayuso para neutralizar a Más Madrid, Podemos e IU

El juzgado de primera instancia 104 de Madrid ha admitido a trámite una demanda del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid contra la Federación de Municipios de Madrid (FMM) por la modificación de los estatutos de la organización, que patrocinó en noviembre el PP gracias a su mayoría absoluta y se tradujo en dos cambios de calado. Uno: elevar la barrera de entrada del 3% al 5%, lo que dificulta que tengan voz y grupo propio en la organización partidos como Más Madrid, Podemos o Izquierda Unida. Y dos: limitar a los grupos que hayan obtenido más del 20% de los votos la contratación de un coordinador político a tiempo completo, lo que hasta ahora ha impedido que la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, designe al que a su juicio le corresponde por haberse integrado en la lista única con la que todos los partidos intentaron firmar la paz en noviembre. De esta manera, el municipio gobernado por Izquierda Unida, Más Madrid, Equo y PSOE busca que la justicia declare nula la modificación estatutaria, según documentación a la que ha accedido EL PAÍS.

El reparto de los coordinadores a tiempo completo de cada grupo está en el centro de este conflicto entre partidos en un organismo que hace de puente entre la administración regional y los 179 municipios de la región. Con poco más de millón y medio de presupuesto anual, la FMM no paga dietas a sus integrantes, pero sí se encarga del sueldo de estos profesionales. Así ha reaccionado una fuente de la dirección del PP regional a la demanda: “Esto es como si en el Congreso de los diputados se cambia la barrera electoral y se vota por mayoría. No te gustará, pero es legal y democrático”.

Por su parte, el gabinete de Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá y presidente de la FMM, precisó que los servicios jurídicos de la Federación, consultados el jueves, no tenían notificación alguna sobre la demanda; que “desde la FMM se actúa y se trabaja dentro del marco jurídico legal y del Estado de derecho”; y que “toda decisión de modificación estatutaria siempre puede ser susceptible de impugnación”.

Esto contrapone un interlocutor de los partidos de izquierdas afectados. “Están impidiendo a un grupo político tener la representación que le corresponde por ley”, dice. “Si la próxima Junta de Gobierno no lo resuelve, acudiremos a la vía penal”, advierte. “La FMM se sostiene con fondos públicos y se están utilizando para otros fines, desconociendo los estatutos”, añade. “Al no confrontar listas, la lista conjunta no reparte porcentajes de representación [para calcular el 20% que da derecho a un coordinador a tiempo completo]”, argumenta esta fuente; “pero lo que hace el PP es decir que los votos delegados que se llevaron a la Asamblea es lo que te representa… pero eso no lo pone ni en los estatutos nuevos ni en los viejos”.

El problema comenzó con las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. La cita con las urnas no solo supuso un antes y un después en la carrera de Isabel Díaz Ayuso (PP). Su mayoría absoluta se trasladó inmediatamente hasta la FMM, presidida hasta ese momento por Guillermo Hita, del PSOE. Como resultado, Judith Piquet, la regidora de Alcalá de Henares, se hizo con el puesto en representación de los conservadores. Sin embargo, ese cambio aprobado en la Asamblea de noviembre vino acompañado de uno de mayor calado.

El PP aprovechó su mayoría para sacar adelante una reforma de los estatutos que elevó del 3% al 5% la representación de votos que debe tener cada formación para operar con grupo propio. Aunque la formación conservadora redujo la polémica a un proyecto para igualar esa barrera de entrada a la de otros órganos, como el Parlamento regional, el cambio perjudicó a la Red de municipios por el cambio (que incluye a Podemos, Más Madrid, IU, partidos independientes...).

“La modificación atenta directa y frontalmente contra el pluralismo político en el seno de la Federación, cercenando representatividad, derechos y facultades a candidaturas que no hayan superado los umbrales ahora aumentados”, se lee en la demanda. “Indirectamente, al tratarse de una asociación de municipios cuyos representantes han sido elegidos por los ciudadanos, la modificación estatutaria está limitando el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, al perder determinados municipios la posibilidad de designar un coordinador político a tiempo completo en el seno de la Federación que represente, defienda y abogue por los intereses de los ciudadanos de tales municipios”, se añade.

“Es de señalar que la propuesta de modificación estatutaria cursada por el Partido Popular fue conocida por mi representada el día 21 de noviembre de 2023, a través de correo electrónico, es decir, con menos de siete días de antelación a la fecha de celebración del Pleno”, argumenta, en un intento de cimentar la acusación de que el cambio adolece del defecto formal de extemporaneidad de su anuncio.

Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida y los partidos locales independientes afectados gobiernan 15 municipios en la región, algunos del peso de Rivas-Vaciamadrid (96.000 personas en 2022, según el INE), y representan a 258 concejales de 91 municipios, según sus datos.

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