¿Allanamiento o delito flagrante? Un jurado decide el futuro de los policías de la ‘patada en la puerta’

A un lado de la puerta, seis agentes de la policía nacional. Al otro, en el interior de una casa del barrio de Salamanca de Madrid, una docena de jóvenes que se niegan a abrir la puerta. “¿Cómo sé yo que son policías? Podrían haber comprado el uniforme en Amazon”, les espeta la voz cantante del grupo, una chica llamada Isabel, “bisnieta de un ministro franquista”, como recalcó en la sala uno de los abogados. El intercambio de palabras se graba desde uno y otro lado, un ángulo desde el rellano y el otro desde el salón. Es 21 de marzo de 2021, las restricciones por la pandemia del coronavirus siguen vigentes y todos los que están en el interior de ese piso saben que se las están saltando. Después de que el jefe del operativo pida a gritos que abran la puerta, acaban tirándola con un ariete. Ese fin de fiesta ha llegado a la Audiencia Provincial de Madrid. Seis agentes se han sentado durante dos semanas en el banquillo de los acusados por allanamientos de morada, por lo que se exponen a ir a la cárcel y ser inhabilitados para ejercer su profesión. Pero ha habido varios giros de guion.

El último de ellos fue la retirada de la acusación para cuatro de los agentes procesados, por lo que solo permanecen en el proceso el jefe y su segundo. La clave en esta decisión fue la emisión el jueves de los vídeos de los agentes y de los participantes en la fiesta en la sala, dos grabaciones incluidas en la causa casi desde el primer momento. Fue en ese momento cuando la acusación, ejercida por Juanjo Ospina, decidió retirar la petición de condena de los cuatro agentes subordinados porque arguyó que solo obedecían órdenes de un superior que actuaba con una “percepción errónea de la realidad”. El juez pidió entonces a los cuatro exonerados que abandonaran la sala, algo que hicieron con gran sorpresa por un desenlace que no esperaban y que provocó que se emocionaran. En este caso, la Fiscalía nunca ha pedido ninguna condena para los procesados porque considera que actuaron “en cumplimiento del deber” tras avisar “al menos en 28 ocasiones” a los moradores de que debían abrir para identificarse.

Los dos que permanecen en la causa, un subinspector y un policía, afrontan dos años y tres meses de cárcel y seis de inhabilitación. Su defensa, ejercida por Juan Antonio Frago, pide la absolución, al igual que la Fiscalía. Lo que se decide en este proceso es si los agentes tenían derecho a entrar por la fuerza en esa casa ante un delito flagrante o bien cometieron un allanamiento porque entraron sin una orden autorizada por un juez. Su futuro está en manos de un jurado popular compuesto por nueve miembros, porque el delito de allanamiento de morada se juzga por este sistema y no mediante un tribunal profesional compuesto por magistrados. El juez del este juicio ha sido especialmente pedagógico y comunicativo con los ciudadanos legos en justicia que tienen que impartirla.

El jurado de ciudadanos no ha dudado en participar en los interrogatorios. A la que se ve en el vídeo como portavoz de los atrincherados, le preguntaron si era consciente de que en el Reino Unido, “que es un país democrático como España”, el primer ministro Boris Jonnson tuvo que pedir disculpas y acabó dimitiendo por haber celebrado fiestas prohibidas en pandemia. Esta misma joven pidió, cuando la llevaron esa noche a comisaría, el habeas corpus, una figura jurídica que se usa en detenciones ilegales, pero el juez se la denegó. Otra chica que se definió como “terapeuta holística” —algo que provocó confusión del juez porque desconocía esa profesión— aseguró que en la casa tampoco había tanto ruido y que vivió un “shock”. Consciente de la impresión que han generado los asistentes a aquella velada, el abogado de la acusación pidió al jurado no absolver a los policías “porque les caen mal los de la fiesta”.

En la vivienda, alquilada para varios meses por un inglés llamado Theo, había esa noche una docena de jóvenes de diferentes nacionalidades. Había varias chicas francesas, una rusa y también unos vecinos del edificio de los Emiratos Árabes Unidos. “Familias poderosas”, resaltó el abogado de la defensa de los policías, quien contó al jurado que en esa casa también estaba “una prima hermana de la futura duquesa de Alba”. El subinspector que daba las órdenes aquella noche aseguró en su declaración que en su opinión el piso “no era un domicilio, sino un sitio dedicado a organizar fiestas”, donde había “luces tenues, copas y botellas por todos lados, ceniceros… lo más parecido a un local de alterne” o “una discoteca”. Los integrantes del jurado también preguntaron a la vecina de abajo de la vivienda sobre cuál era la sensación que le daba ese piso. “Imaginen que tienen encima un tablao flamenco”, les respondió. Esta residente aseguró que el nivel de ruido que generaba ese domicilio le impidió concebir el sueño y causó migrañas a su marido. Precisamente, discernir si efectivamente era una vivienda o, por el contrario, era un piso turístico en el que se organizaban fiestas cuando estaban prohibidas será otra de las claves en la decisión judicial.

“Vuestra decisión será trascendental para la democracia española”, le dijo el abogado de la acusación a los miembros del jurado. “Nadie es tan importante”, replicó la defensa. Dos puntos de vista, igual que los que había la noche del ariete. Uno es el del rellano, otro el del salón. Esta semana se conocerá el desenlace.

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