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Un servicio gratuito para resolver dudas de alquiler y vivienda: “Mi casera me ha mandado un burofax, ¿me va a echar la policía?”

El ayuntamiento y el Colegio de la Abogacía de Madrid ponen en marcha un servicio pionero para resolver dudas sobre alquileres y compraventa por el que han pasado más de mil ciudadanos en sus primeros tres meses

Dos mujeres, en el Servicio de Orientación Jurídica en materia de vivienda a cargo del Colegio de la Abogacía de Madrid, en la Junta Municipal de Chamartín, en Madrid.
Dos mujeres, en el Servicio de Orientación Jurídica en materia de vivienda a cargo del Colegio de la Abogacía de Madrid, en la Junta Municipal de Chamartín, en Madrid.j
Patricia Peiró

Las humedades llevan meses trayendo de cabeza a Chiara (nombre ficticio), una chica italiana de 29 años que vive de alquiler en Madrid en la zona de La Latina. Se agarra a esa casa como un tesoro, paga 700 euros por un piso de una habitación en una zona en la que el precio medio del alquiler es de 1.165. Ha hablado varias veces con su casero sobre el problema y la única respuesta que ha obtenido es que si quiere, que pague ella los arreglos. Un gasto de miles de euros impensable para ella. En esta mañana de viernes, se sienta frente a dos abogadas, Leticia Cepeda y Alexandra Sidelkovskaya, para que le ayuden a hacer frente a un problema frente al que se siente desamparada. Pero no tiene fácil solución.

Chiara ha acudido a un servicio de orientación jurídica gratuito sobre vivienda que empezó a funcionar en febrero en Madrid. Una especie de “todo lo que siempre quiso saber y nunca supo dónde preguntar preguntar” a la hora de alquilar, comprar, negociar o pedir subvenciones. Se trata de una iniciativa pionera en España puesta en marcha y financiada el Ayuntamiento de Madrid para el que firmaron un acuerdo con el Colegio de la Abogacía. En tres meses han recurrido a él 1.030 usuarios, una muestra de que los ciudadanos necesitan respuestas ante la jungla de la vivienda en una capital. “A veces viene gente que ni entiende lo que ha firmado y se encuentra con situaciones que no esperaba. Muchas de las gestiones que tienen que ver con vivienda implican términos y condiciones que el ciudadano no comprende. Todo eso mezclado con los bulos o informaciones a medias”, explica la abogada Cepeda. Estas dudas surgen independientemente del nivel de estudios, puesto que el 40% de los usuarios que han pasado por el servicio tienen graduación universitaria.

Lo cierto es que Chiara tiene pocas opciones. Puede afrontar las reformas con su dinero y luego reclamarlo al casero por vía judicial, mandarle un burofax que el casero puede ignorar o marcharse del piso. Este servicio no ofrece milagros ante la dura realidad del inquilino, pero sí respuestas. Las consultas sobre arrendamientos son las más numerosas y representan el 45% del total, en segundo lugar se sitúan todas aquellas que tienen que ver con las comunidades de propietarios. Las que se refieren a la ocupación y los desahucios, que se agrupan en el mismo epígrafe, representan el 5%. “Muchas veces los ciudadanos solo recurren a un abogado cuando ya no queda más remedio, cuando en la mayoría de las casos se ahorrarían muchos problemas con una consulta preventiva. Un tema tan importante como el de la vivienda a veces se trata de forma un poco chapucera, con contratos tipo sacados de internet”, apunta Cepeda.

Después de la consulta sobre el casero que no quiere arreglar las humedades, entran dos chicos griegos que tienen un negocio de hostelería en la zona de Moncloa. Las noticias para ellos son más positivas que para Chiara. Los dos empresarios llegan a la oficina con toda la documentación y los mensajes intercambiados con la propietaria impresos. El gestor que les lleva las cuentas les recomendó recurrir a este servicio ante una situación atenazante. “Mi casera mandó un burofax diciendo que teníamos que abandonar el local en ocho días. Yo acabo de hacer un pedido de productos para varios meses. He tenido pesadillas. ¿Qué hago? ¿Va a venir la policía a echarnos?”, interroga uno de los usuarios, que prefiere no dar su nombre. Las abogadas le tranquilizan y le explican que si su contrato se renovó automáticamente en febrero, ella no puede romperlo unilateralmente. Diez minutos de consulta en los que se calman los nervios de varias semanas.

La atención se ofrece en cuatro juntas de distrito tres días a la semana: Chamartín, Moratalaz, Usera y Ciudad Lineal. Mientras que el primero es uno de los que más renta per cápita tiene, los otros tres pertenecen a estratos más humildes. Por eso, lo que encuentran las diferentes oficinas también es una fiel radiografía de las fronteras que dividen Madrid. Los abogados que trabajan en este proyecto van rotando por las cuatro juntas, no siempre están en una fija. “Se mezclan los perfiles que atendemos en cada una, pero sí es cierto que en Chamartín ves consultas sobre viviendas de un millón de euros, mientras que en Usera vienen inquilinos con problemas de con unos alquileres muy bajitos”, apunta Cepeda. Cada uno con su realidad, lo cierto es que el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas muestra que para el 10% de los españoles la vivienda es su principal preocupación.

El trasiego de usuarios representa el abanico de modos de vivir o de intentar hacerlo de la mejor manera en Madrid. Antes de los chicos griegos entra un hombre en silla de ruedas acompañado de su padre para informarse sobre una subvención para personas discapacitadas. La última pareja que reciben en este día llega para formular la pregunta que más tienen que responder los letrados de estas oficinas desde que se aprobó la ley de vivienda: “¿Cuánto puede subirme mi casero el alquiler?”. “También tuvimos a una mujer a la que habían estafado y había arrendado sin saberlo el piso de un banco a alguien que se hizo pasar por el dueño. Me acuerdo de una familia que había levantado una casa prefabricada en un terreno público y se quejaba de que querían echarles... Hay mil ejemplos”, señala Sidelkovskaya. Según las estadísticas elaboradas en el primer trimestre, el perfil más habitual son usuarios de nacionalidad española (85%), mujeres (62%), con estudios superiores (40%) y con contrato indefinido (36%).

La angustia que reflejan estos pequeños empresarios es la que muchos sienten ante el proceso de la firma de una hipoteca, la notificación del propietario o la amenaza de la subida del alquiler. “Cualquier revés cuando hablamos de casos como este te trastoca la vida en cuestión de minutos”, apunta Sandra Flores, coordinadora del servicio. Esto lo secunda Eugenio Ribón, decano del colegio de abogados: “Además de los conocimientos jurídicos, hay que tener especial empatía en esta tarea. Aquí hay que saber entender a todo tipo de perfiles. Para todo el mundo tu casa es tu refugio de tranquilidad y cualquier asunto relacionado con la vivienda, provoca un gran estrés”. En esta oficina se buscan respuestas, pero también tranquilidad.

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Sobre la firma

Patricia Peiró
Redactora de la sección de Madrid, con el foco en los sucesos y los tribunales. Colabora en La Ventana de la Cadena Ser en una sección sobre crónica negra. Realizó el podcast ‘Igor el ruso: la huida de un asesino’ con Podium Podcast.

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