Los fiscales archivaron el caso de Tomás Díaz Ayuso sin tener certezas sobre la calidad de las mascarillas

Las dos investigaciones abiertas por el contrato del que se lucró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han cerrado sin que se haya acreditado que el material suministrado era fiable. Tanto la Fiscalía Anticorrupción, en junio del año pasado, como la Fiscalía Europea, en marzo de este año, dieron carpetazo a sus respectivas pesquisas sin tener garantías de que la fábrica china donde se produjo el material estuviera acreditada por su país para evaluar la seguridad de los cubrebocas, según los decretos de archivo de ambos órganos. Estos decretos ponen también de manifiesto la falta de colaboración de las autoridades chinas. El archivo del caso que investigaba el contrato del que se benefició Tomás Díaz Ayuso se han producido a pesar de que es notorio que al principio de la pandemia surgieron en China numerosos fabricantes de mascarillas que con gran oportunismo vendieron a Occidente EPIs pirata que pusieron en riesgo a la población.

La presidenta madrileña defendió el mes pasado a su hermano tras conocer el cierre del segundo de estos procedimientos asegurando que se trataba de “una decisión demoledora contra todos los que vertieron insultos”. Sin embargo, las dos investigaciones no han podido despejar las dudas sobre la operación en la que participó el hermano bajo el paraguas de un amigo íntimo, Daniel Alcázar, quien vendió a la Comunidad 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros por medio de su empresa de ropa de moda, Priviet Sportive. Esos cubrebocas, a seis euros la unidad incluyendo el IVA, eran los cuartos más caros vendidos a la Comunidad entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020, según las investigaciones de las fiscalías.

La pregunta sobre la calidad era relevante para los investigadores porque buscaba averiguar si Tomás y Alcázar suministraron con ánimo de lucro mascarillas de inferior calidad. El problema parte del momento de la recepción del producto por la Comunidad en abril de 2020, cuando el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) no hizo ningún control del producto y se fio de los certificados que aportó Priviet. De hecho, el Gobierno regional ni siquiera supo a qué fábrica habían comprado el material Tomás Díaz Ayuso y Daniel Alcázar. Los dos amigos presentaron documentación de una empresa china de cables eléctricos tanto al Sermas, en abril de 2020, como a la Fiscalía Anticorrupción, que inició su investigación en febrero de 2022, y en sus respectivos interrogatorios aseguraron haber contratado con ella. Sin embargo, tras dos meses siendo investigados, rectificaron su versión. El 29 de abril, Alcázar aseguró a los fiscales que había comprado a otra empresa china, una fábrica de aluminio.

Empresas sin reputación

En China existían fabricantes reputados de mascarillas con experiencia, pero los dos amigos contactaron con empresas dudosas. Ninguna de las dos compañías chinas figuraba en las “listas blancas” de productores autorizados por el Gobierno de Pekín, unos documentos difundidos por las autoridades chinas que, como contó EL PAÍS, pretendían evitar fraudes en las compras internacionales. En cambio, la segunda compañía, Zhangjiangang Xiecheng Mechanical Equipment, tenía una apariencia más sólida que la primera, Jiaxing Yinuo Busway, que ni siquiera aparecía en Orbis, una base de datos empresarial internacional.

La clave en el examen de los fiscales ha sido la presentación de los certificados de calidad de las mascarillas de esta segunda fábrica, que han sido considerados suficientes a pesar de que no ha quedado demostrado que fueran válidos.

Uno de los certificados fue emitido por la china Shanghai Global Testing Services, cuya validez no han podido verificar las fiscalías por la falta de colaboración de las autoridades chinas. En esa gestión, contaron con la colaboración de la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) que intentó sin éxito recibir una respuesta de la China National Accreditation Services (CNAS). “SAHNGAI GLOBAL TESTING SERVICES CO LTD (sic), con nombre comercial GTS (Global Testing Services) dispone de acreditación china, aunque AENOR no pudo, al no recibir respuesta de las autoridades chinas pese a las múltiples consultas realizadas, acreditar que pudiesen operar para este tipo de producto”, dice la Fiscalía Europea según el decreto de cierre, adelantado por elDiario.es y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Según el archivo, Aenor concluyó que este fabricante chino no poseía acreditación para realizar ensayos de mascarillas.

El otro certificado solo lo menciona la Fiscalía Anticorrupción y pertenece a un laboratorio italiano, Ente Certificazione Macchine, que no estaba autorizado por la Comisión Europea para acreditar mascarillas y que ha sido denunciado por la European Safety Federation, la patronal europea de importadores de EPIs, European Safety Federation. Esta falta de autorización para acreditar EPIs se puede comprobar en la base de datos europea Nando y fue reconocida en su momento a este periódico por la propia empresa. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción dio por bueno ese certificado italiano.

Sospechas de estafa

La Fiscalía Europea, que abrió su investigación propia porque la compra se hizo con fondos europeos Feder, ha sido la que ha tenido más dudas sobre la operación debido al repentino cambio de versión de los investigados, lo que le llevó a sospechar de una posible estafa. Una de las razones para sostener esa hipótesis era que el Sermas no sabía nada de ese segundo fabricante. Esto quedó claro el año pasado cuando este periódico solicitó a la Comunidad de Madrid toda la documentación sobre la compra y recibió un dossier de 71 páginas firmado por el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, en el que solo aparecía el primer fabricante. Cuando EL PAÍS publicó en mayo que el hermano de la presidenta Ayuso había comprado unas mascarillas piratas, la cuenta de Twitter de la Comunidad calificó de “falsa” esa noticia basada en la propia información del Gobierno regional.

Según explicó Alcázar a la Fiscalía Europea, no habían considerado relevante comunicar a la Comunidad el cambio de suministrador al haber contratado un material con una calidad determinada y no una marca concreta.

En septiembre del año pasado, Alcázar presentó a la Fiscalía Europea cinco fotos del supuesto momento de la entrega (unas imágenes que no mencionó hasta bien avanzada la investigación) en las que supuestamente se distingue el nombre del segundo fabricante en las cajas. “No recordaba quién las había encontrado, ni dónde, ni dio una justificación clara de por qué no se habían mencionado en ninguna de las declaraciones practicadas hasta ese momento”, dice la Fiscalía Europea. Por esto, Alcázar fue de nuevo citado para dar explicaciones y se le pidió que aportara los originales, lo que hizo en diciembre, pero solo entregó dos en los que no se veían con claridad los certificados que llevaban pegadas las cajas.

Alcázar tampoco aportó correos de Priviet con los fabricantes. Los compradores españoles recurrieron a una empresa coreana para comprar el producto chino y en la correspondencia con ese intermediario asiático tampoco se hacía mención a esa segunda fábrica (Alcázar aseguró que la decisión del cambio se tomó por teléfono). El amigo de Tomás Díaz Ayuso aportó un correo interno de la compañía coreana del 5 de abril de 2020 en la que aparecía un archivo adjunto con el sello del supuesto acreditador de calidad, GTS, a nombre de la segunda empresa, Zhangjiangang Xiecheng Mechanical Equipment.

Con esto, los fiscales europeos dieron por probado que las mascarillas fueron suministradas por la segunda fábrica y concluyeron que disponía de una acreditación del Gobierno chino, aunque no hubiese quedado demostrado que esa autorización fuese para validar mascarillas.

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