El segundo fabricante en el contrato de Tomás Díaz Ayuso tampoco estaba autorizado por China para vender mascarillas

A finales de marzo de 2020, Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, buscaba mascarillas en Asia, pero en lugar de recurrir a los cerca de 3.000 fabricantes fiables en China, compró material de fábricas que no aportaban ninguna garantía. Primero, consideró los cubrebocas de un productor chino de cables eléctricos que le entregó certificados de calidad falsos; después, acabó adquiriendo todo el material de una segunda fábrica de ese país, un productor de aluminio sin experiencia con un perfil muy preocupante.

Esta otra empresa, cuya identidad ha ocultado la Comunidad de Madrid, no figura en las “listas blancas” de productores autorizados por China, unos documentos difundidos por ese país para evitar fraudes en las compras internacionales. La empresa se llama Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment Co, Ltd. y empezó a producir cubrebocas el 16 de marzo de 2020. Según su objeto social, se trata de “mascarillas desechables no médicas”.

Además, esta compañía aportó un certificado de calidad, inválido, con fecha de 28 de marzo, casualmente el mismo día que la compañía de moda textil Priviet Sportive SL, de Daniel Alcázar, amigo de Tomás Díaz Ayuso, le hizo su oferta a la Comunidad de Madrid. También en esa misma fecha, la empresa china solicitó el registro de sus mascarillas ante las autoridades estadounidenses, que finalmente no lo aprobaron. Pese a estas alarmantes faltas de garantías, la Comunidad de Madrid dio por bueno ese producto y el 1 de abril de 2020 adjudicó a Priviet Sportive SL el contrato de compraventa de 250.000 mascarillas FFP2 (aptas para uso médico), ahora investigado por la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea.

Fue Tomás Díaz Ayuso, un veterano comercial de productos sanitarios, quien se encargó de las gestiones para adquirir el producto y transportarlo a Barajas. El pago, sin embargo, no se hizo directamente al fabricante chino, sino a una empresa coreana, habitual proveedor de Priviet Sportive SL, según confirman a EL PAÍS fuentes conocedoras de la operación. El precio desembolsado es desconocido, pero sí se sabe que la Comunidad de Madrid pagó una factura de cinco euros por unidad, una de las más elevadas de la pandemia.

Los hechos ponen en cuestión la seguridad de esas mascarillas, un producto muy delicado que debía proteger de un virus mortífero. Tomás Díaz Ayuso ha rechazado la oportunidad de este periódico para que se conozca su versión. Su socio y amigo, Daniel Alcázar, asegura en una consulta para este reportaje que verificaron las garantías de esa empresa en una base de datos, pero no recuerda cuál. La Comunidad se ha limitado a responder con su argumentario: “La mercancía se presentó en plazo, en el lugar, con la calidad y en el número señalado por el contratista y, una vez realizada esta verificación, se procedió al pago a finales de junio de 2020, previa fiscalización contable por el interventor”. Las normas vigentes en pandemia exigían a las autoridades autonómicas que comprobaran que la mercancía estaba autorizada por las autoridades chinas, un control que no consta en este caso al no figurar el fabricante en las listas blancas.

Un representante de la segunda fábrica china ha declarado a este periódico que no comerciaron con mascarillas en ningún momento, a pesar de que los documentos evidencian su voluntad de dedicarse a ello. “Nunca las vendimos. Hicimos mascarillas para usar nosotros, pero nunca las vendimos”, enfatiza el encargado de ventas internacionales de esta fábrica de aluminio, que en su web se identifica como “Mr. Wang”. “Sí regalamos pequeñas cantidades a nuestros clientes, pero como mucho eran cientos de unidades o unos pocos miles”, agrega.

La Comunidad de Madrid ha tratado de ocultar la identidad de esta segunda fábrica desde que en febrero estalló el escándalo en torno a esta compraventa, cuando el equipo del expresidente del PP Pablo Casado reveló que el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso se había lucrado de ella. El Gobierno madrileño envió en marzo a este periódico el expediente de la compra, supuestamente completo, donde solo aparecen los certificados del primero de los fabricantes. A principios de este mes, la Comunidad reveló que el origen de las mascarillas era realmente la segunda factoría, pero ocultó su nombre tachándolo en un certificado de calidad que hizo público. Ese documento resultó ser inútil para demostrar la calidad del producto porque el laboratorio italiano que lo emitió no está autorizado para evaluar mascarillas.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad de Madrid no desveló a este periódico el nombre tachado de ese segundo fabricante, pero la Comunidad había dejado abierta una vía para descubrirlo: el número de expediente en el documento del laboratorio italiano quedó al descubierto. Al introducir esas cifras en la base de datos de ese centro, aparece Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment Co, Ltd. Esta identidad fue primero desvelada por el periódico InfoLibre.

La fábrica se ubica en la costa del Pacífico, al norte de Shanghái, e inició sus actividades en 2004. Desde entonces se ha dedicado a la venta de maquinaria, aluminio y productos químicos. Tiene solo 32 trabajadores, según los registros chinos de seguridad social. El año pasado modificó su nombre a Jiangsu Xiecheng Intelligent Equipment Co. Ltd. En su web no hay rastro de actividad productora de mascarillas.

Fraude generalizado

La patronal europea de los importadores de equipos de protección individual (EPI), European Safety Federation, estima que antes de la pandemia había en China unos 3.000 productores de mascarillas, una cifra que se duplicó cuando muchas factorías sin experiencia se sumaron a la producción para suplir al resto del mundo. Para ello compraban enormes máquinas capaces de producir mascarillas de forma totalmente automatizada.

El problema surgió en marzo de 2020, cuando comenzaron las quejas de otros países porque muchos de estos productos eran un fiasco. A finales de ese mes, las autoridades chinas difundieron listas blancas de productores chinos con garantía, bien porque tenían certificados de calidad extranjeros, o bien porque habían sido autorizados por la Administración Nacional de los Productos Médicos, el órgano de control del mercado de medicamentos en China. Esta segunda fábrica no aparece en ninguno de esos listados, que incluyen más de 1.000 empresas.

La Comunidad de Madrid no ha aportado a este periódico otros certificados de calidad de esa fábrica, pero es llamativo que la fecha de la oferta de Priviet Sportive SL a la Comunidad de Madrid coincide con dos intentos por parte de la factoría para revestirse con una pátina de calidad. El 28 de marzo de 2020, día en que Priviet ofrece 250.000 mascarillas por cinco euros la unidad en un escueto mensaje, esa empresa china adquirió el documento del laboratorio italiano, Ente Certificazione Macchine, que los expedía a cambio de una tarifa y sin evaluar el material.

También ese día solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidenses (FDA por sus siglas en inglés) el registro de sus mascarillas, según aparece en la web de ese departamento del Gobierno estadounidense. Una portavoz, Audra Harrison, aclara que esa solicitud es solo el inicio de un proceso. “Es lo necesario para entrar por nuestra puerta. Es necesario entender que el hecho de que un producto esté en nuestro registro no significa que haya sido aprobado, despejado o autorizado”. En las bases de datos de productos médicos que han recibido la luz verde de la FDA no aparecen las mascarillas de Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment Co, Ltd.

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