Un drama a vista de dron: así ha destruido el metro de Madrid decenas de viviendas en San Fernando

Hay vacíos que están llenos de recuerdos, de dolor y de lágrimas. Es lo que pasa con el hueco que retrata un aparato de la compañía Dron Air Corporation en San Fernando de Henares, un municipio al este de la Comunidad de Madrid con 40.000 habitantes. Allí, en el cuadrilátero que forman las calles Presa, Rafael Alberti, Pablo Olavide y Francisco Sabatini hubo hasta hace poco un edificio en el que vivían decenas de personas. Pero hoy no hay nada. Solo vacío. Esas casas ya no están porque la llegada del metro a San Fernando, impulsada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2007, provocó cambios en el subsuelo y acabó por afectar a sus cimientos, obligando a derribarlas. No es un caso único. En el municipio ya se han demolido 27 viviendas, otras tantas están a un paso de seguir el mismo camino, para un total de 54, y más de 150 vecinos de más de 80 familias han tenido que abandonar sus hogares en algún momento desde 2021 como consecuencia de las grietas, roturas y desperfectos que han aparecido en sus edificios.

―¿En ese hueco había casas?―, surge la pregunta ante las imágenes, encargadas por el Ayuntamiento de la localidad, donde gobierna Javier Corpa, del PSOE.

―Sí. La mía―, responde Juan Fuentes, uno de los afectados, que es presidente de la Asociación Presa–Rafael Alberti.

Es el resumen de una tragedia sin fin. Como una mancha de aceite, el problema del agua provocado por las obras del metro se va extendiendo poco a poco por debajo de las calles del municipio, disolviendo la sal que entrevera la tierra y provocando corrimientos en el subsuelo que acaban afectando a los cimientos de los edificios, que pierden pie. Las pasadas navidades, la Comunidad comunicó a 14 familias que quería derribar sus viviendas. El 4 de enero, con los Reyes Magos a las puertas, 50 personas abandonaron a la carrera el edificio en el que residen porque oyeron algo parecido a un estallido, se bloquearon las puertas y empezaron a aparecer nuevas grietas por todas partes. Y en las últimas semanas el problema llegó a una calle hasta ahora generalmente preservada, la de Nazario Calonge, donde los técnicos han medido un espectacular hundimiento de 1,5 centímetros en los tres meses transcurridos desde noviembre, según una de las plataformas de afectados.

“Estimados vecinos, nos ponemos en contacto con Vds. para informarles sobre el corte de la calle Nazario Calonge previsto para los próximos días debido a la ejecución de las obras de consolidación de terreno en dicha calle, así como del protocolo de evacuación en caso de emergencias”, se lee en una comunicación enviada por la Comunidad de Madrid a los residentes, a la que accedió EL PAÍS. “Se ruega colaborar con el personal de la obra sin asumir u originar riesgos innecesarios y atendiendo en todo momento a sus indicaciones”, se les pide a los ocupantes de las casas, que verán cómo se levantan inmensas vallas de metal en las inmediaciones de sus viviendas y negocios mientras duren los trabajos. “La empresa constructora va a proceder a la instalación temporal de prismas de medición [de inclinación] en algunas fachadas de los inmuebles, por lo que se solicita la máxima colaboración”.

El problema nace en 2007, cuando la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, celebra la inauguración de la línea 7B, hecha a toda prisa para que se estrene justo antes de las elecciones. Quince años después, ese trayecto ha sido cerrado hasta nueve veces por reparaciones, lo que ha resultado en un total de más de tres años sin prestar servicio. En paralelo, hay cientos de vecinos que han visto cómo su casa dejaba de ser habitable. Y muchas familias siguen viviendo entre grietas, ruidos tenebrosos y el miedo permanente a que se les caiga el techo encima.

Hoy la zona cero es un hervidero de operarios con mono naranja o chaleco amarillo fluorescente que se afanan por inyectar cemento en el subsuelo, intentando asentar 10.000 metros cuadrados de las entrañas de la ciudad. Junto a ellos suena constantemente el zumbido de inmensas máquinas rojas, y rebosa el agua que se extrae a litros bajo tierra mientras aletean como fantasmas las pancartas colgadas de los balcones con las quejas de los vecinos. La imagen es caótica. Hay vallas por todas partes. Casetas de obra. Comercios con las ventanas tapadas con tablones de madera, como si esperaran la llegada de un huracán, que en realidad ha sido un terremoto.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dice estar haciendo todo lo posible para resolver la situación. Ha ofrecido de 136.000 a 355.000 euros a los vecinos por sus viviendas (lo que supone valorar el metro cuadrado en 2.682 euros) y de 10.000 a 33.000 euros por sus garajes. Para aceptar esas indemnizaciones patrimoniales, los afectados han tenido 15 días desde que recibieron la notificación de la tasación de sus propiedades, aunque la Comunidad no aclara cuántos han aceptado su propuesta hasta ahora, y cuántos no, con el argumento de que el proceso sigue abierto. En paralelo, el Ejecutivo dice que invertirá más de 120 millones de euros en arreglar los problemas de la zona, que también afectan a edificios públicos e instalaciones municipales.

También hay casas que ya no están. Vidas que han perdido su asidero material, con muchos afectados desplazados primero a un apartahotel pagado por la Comunidad, y luego, cuando venció ese contrato, redirigidos a un alquiler pagado con adelantos de su indemnización. Imposible para ellos volver a las casas en las que crecieron con sus padres, vieron nacer a sus hijos o soñaron con una vida nueva. Ya no están. O no estarán. Apenas queda un solar como recuerdo. Un hueco imposible de llenar que día a día crece en San Fernando de Henares.

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