Una inmobiliaria desaloja a los 12 inquilinos de un inmueble de Madrid sin orden judicial: “Tienen 24 horas. Se cae el edificio”

Dos hombres altos y corpulentos se presentaron a las ocho de la tarde del viernes en el portal del número 12 de la calle del Marqués de Santa Ana, al lado de la Gran Vía de Madrid, en el distrito Centro. Tocaron el timbre del primero A, pero nadie respondía. Dejaron cinco folios grapados debajo de la puerta. Una hora después, la zaragozana Toñi Conti, de 60 años, recogió los documentos del suelo. Acababa de llegar a Madrid. Había venido a pasar el fin de semana a la capital con una amiga, aprovechando que su hija María se había ido a Marsella a pasar unos días. Al leer las hojas se frotó los ojos un par de veces. No daba crédito. Inmediatamente, escribió un wasap a su hija:

―Cariño, tengo que hablar contigo.

María llama de inmediato:

―¿Qué pasa, mamá?

―Que hay un papel que dice que tienes que sacar todas las cosas de casa en 24 horas.

—¿Cómo?

María se compra el primer vuelo de vuelta que encuentra disponible. Aterrizó este sábado en Barajas a las siete de la tarde. “No es normal que en 24 horas mi hija se quede sin casa”, cuenta la madre en el portal, alucinada y rodeada de vecinos. “Yo me venía a pasar el fin de semana con mi amiga y me encuentro con esto. No doy crédito”. La situación es surrealista. Los 12 vecinos del bloque de cuatro plantas están en un estado de ansiedad palpable. Hay un novio que ha venido desde Málaga para ayudar a su novia a hacer las cajas de mudanza.

Hay otros, como Eduardo Martínez, de 27 años, que ha escrito un mensaje de WhatsApp pidiendo ayuda a amigos y parientes: “En este edificio vive gente con menores a su cargo, y gente que lleva viviendo aquí siete años de su vida, por lo que tienen todos sus muebles y pertenencias, y se pretende que, en 24 horas, se haga una mudanza, pero, ¿dónde? No tenemos donde ir. La empresa no nos ha dado una solución y nos vamos a quedar en la calle porque, como yo, hay gente que somos de fuera y, como se entenderá, en 24 horas no se puede encontrar un lugar para vivir y con una situación económica precaria que no ayuda”. Martínez estaba pendiente de la ayuda social del alquiler. Trabaja como camarero, cobra 1.110 euros y paga 515 por el estudio. Desde el viernes, no para de morderse las uñas y rascarse la barbilla.

Todos los vecinos dicen estar viviendo en directo una película de terror. Supuestamente, el edificio donde residen se puede caer en cualquier momento, pero la casera del inmueble ni se ha presentado para decírselo en persona. La propietaria del bloque es Carmen Bachiller, que no ha querido atender a este periódico. Ella, según el Registro Mercantil, es la dueña de la empresa Arrendaplus S.L, una sociedad que se constituyó en 2002 y cuyo objeto social es la promoción y la construcción de toda clase de inmuebles. Según la información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la sociedad ha sido objeto de una posible sanción, debido al incumplimiento de la obligación de depositar sus cuentas. El 25 de noviembre de 2019 recibió una reclamación administrativa de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Arrendaplus alquila estos estudios de entre 20 y 25 metros cuadrados por 500 y 700 euros desde hace al menos siete años y ahora el precio de mercado está mucho más alto. Este sábado, por ejemplo, solo había tres pisos en Idealista por 700 euros en el barrio, Malasaña. Ninguno medía más de 30 metros cuadrados.

La inquilina Lourdes Llopis, de 36 años, trabaja en un centro de estética de la capital. Lleva dos años viviendo en este edificio. “No sé qué decir. Estoy bloqueada. Me pongo a llorar y me rio cada dos por tres. Estoy viviendo una pesadilla”, narra, mientras sube las escaleras de su casa. Dice que ella sí abrió la puerta a los dos hombres que se presentaron el viernes:

―Buenas noches, ¿ha recibido un burofax?

―¿Yo? No.

― Pues toma.

Los cuatro primeros folios son documentos oficiales del Ayuntamiento de Madrid bajo el epígrafe de “informe de estado de la edificación”. El área de Desarrollo Urbano concluye que es “urgentemente necesario” apuntalar las plantas inferiores del bloque. “El mal estado de conservación de las viguetas del edificio en general hace necesario que se apuntalen todas las plantas [...] Todo esto pone de manifiesto el peligro y potencial daño a personas del estado actual del edificio”. El último folio lo firma la propia empresa y es clave porque es el que indica el desalojo de estos vecinos: “El Ayuntamiento obliga a la adopción de las citadas medidas de seguridad del edificio [...] les comunicamos que procedan al inmediato desalojo de las viviendas y a la entrega de llaves en las próximas 24 horas”.

La empresa ha establecido como intermediario con los inquilinos a un portavoz que se llama Juan Carlos. Juan Carlos recibió docenas de llamadas de los inquilinos durante la noche del viernes. También de la Policía Nacional, a la que fueron todos los inquilinos pasadas las 10 de la noche buscando ayuda. No hubo respuesta. La policía les indicó a todos que deberían ir por lo civil y hablar con la Policía Municipal. Algunos de los inquilinos han puesto su caso en manos de abogados, otros directamente están recogiendo sus enseres. Juan Carlos respondió a la 1.39 de la madrugada a todos los inquilinos con un mensaje de WhatsApp: “Se ha activado este número de teléfono para ofrecer información a los vecinos, pero hasta las 11.00 de este sábado no estará operativo, pero empatizo con la situación. He visto llamadas y mensajes perdidos, con lo que he procedido a contestar por empatía con la situación y con ustedes. Buenas noches”.

La versión del área de Urbanismo del Ayuntamiento es muy diferente a la de la empresa que quiere desalojar a estos vecinos de forma fulminante. Una portavoz explica que el edificio cuenta con un expediente abierto desde agosto de 2021. Que este se produce, precisamente, tras la llamada de una inquilina que vive en el último piso y observó cómo el suelo de su casa se estaba hundiendo. Esta vecina llamó a los bomberos, que notificaron un parte de daños estructurales. Más tarde, el Ayuntamiento ordenó a la empresa la adopción de medidas de seguridad y la reparación de las patologías estructurales, que principalmente afectan a “forjados, fachada principal, patios y filtraciones de cubierta”. En abril de este año, los funcionarios municipales realizaron una nueva inspección y comprobaron que se estaban realizando, pero les requirieron para que iniciaran ya las obras de reparación que también se habían pedido. Solo la vecina que llamó a los bomberos en agosto de 2021 estaba al tanto de este asunto. El resto se ha enterado el viernes.

Juan Carlos, el portavoz, sí ha atendido a este periódico por teléfono:

—¿Por qué les dejan en la calle?

—No podemos proceder de otra forma. Estamos improvisando porque nos hemos enterado el viernes. Mi conciencia y mi moral está tranquila. He atendido a todos.

—¿Por qué no les han ofrecido una vivienda?

— No tengo viviendas. Nosotros hemos actuado con rectitud.

—¿Y un hotel?

—Yo no tengo hoteles. La empresa no tiene fondos. Se buscarán las soluciones oportunas.

La empresa se ampara en el artículo 26 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que explica que, en caso de obras pedidas por una autoridad competente y que la hagan inhabitable, tendrá el arrendatario la opción de suspender el contrato o de desistir del mismo, sin indemnización alguna. El inquilino, eso sí, tiene derecho a volver una vez que finalicen las obras. Pero ni la empresa ni los inquilinos saben cuándo van a durar. La inmobiliaria les ha ofrecido unos trasteros en la tarde de este sábado para dejar sus inmuebles, pero no a todos, y solo durante unos meses.

Expertos de vivienda consultados explican que a este estado del edificio no se ha llegado de un día para otro y apuntan a un protocolo de especulación inmobiliaria evidente. “Dejan que se muera un inmueble para tener disponible el solar. Ha habido casos en Madrid similares. Sobre todo, en Lavapiés”, apuntan. Dos horas después de hablar con este diario, el mismo sábado uno de los hombres que se presentó el viernes con los folios, ha vuelto a tocar el timbre de algunos de los vecinos: “Os ofrecemos un hotel 15 días”. El lunes a las 8.45 horas todos los inquilinos tienen la orden de estar fuera. Comienzan las obras.

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