Trabajo interroga al Gobierno de Ayuso por la carga asistencial de los sanitarios de atención primaria de Madrid

La inspección de Trabajo ha mandado un requerimiento a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en relación con los profesionales de atención primaria que se encuentran en estos momentos en una huelga indefinida. Según el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los sanitarios “están afectados por una serie de riesgos importantes en determinados factores como son la carga de trabajo, las demandas psicológicas, la participación/supervisión, el desempeño de rol y las relaciones/apoyo social (entre otros)”, y se basa en unas evaluaciones de riesgos laborales realizadas antes de la pandemia, en 2019 y 2020, lo que, según el inspector que firma el requerimiento, “implica que la situación con carácter general no ha podido mejorar”. La Comunidad de Madrid tiene un mes para adoptar varias medidas, como “diseñar una adecuada planificación preventiva para eliminar o reducir y controlar los riesgos ya identificados y que son extrapolables al sistema de atención primaria”. Un portavoz de la Consejería de Sanidad asegura que “las acciones se están negociando con el comité de huelga y posteriormente se llevarán a Mesa [sectorial]”.

“Estamos contentos a medias”, ha explicado Ángela Hernández, secretaria general del sindicato médico Amyts. “Esto demuestra que incluso aunque la Inspección de Trabajo medie en este tema y se llegue a un acuerdo, la Consejería de Sanidad luego no lo refrenda”.

Aunque parezca que la huelga de los médicos de familia y pediatras de atención primaria que empezó el pasado lunes tiene algo que ver con este requerimiento, lo cierto es que el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, lleva detrás de las condiciones laborales de los sanitarios de los centros de salud de Madrid desde hace tiempo. Tras la evaluación realizada entre 2019 y 2020, la inspección dio un plazo de tres meses a la Administración regional para que procediera a diseñar una adecuada planificación preventiva para eliminar o reducir y controlar los riesgos, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevar a cabo esa planificación, con la designación de responsables y de los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.

Tras aquel primer requerimiento, la Consejería de Sanidad pidió el 1 de marzo de 2021 a través de un correo electrónico que se paralizara la orden, debido a las circunstancias provocadas por la pandemia. La cuestión se trató igualmente en una reunión entre los representantes de la Consejería de Sanidad, con la jefa del Servicio de Prevención de Riesgos laborales de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria y su gerente adjunto, y el inspector que llevó el caso. Y el 9 de abril de 2021 todas las partes pusieron de manifiesto que la pandemia “solo había empeorado la situación de los profesionales”. En aquel momento, se establecieron pautas comunes que se debían empezar a adoptar en todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid.

Trabajo pidió de nuevo a la Administración que diseñara una adecuada planificación preventiva de cada centro de salud. En aquel momento se puso un plazo tres meses y de cinco días para informar a los departamentos de los comités de seguridad y salud de los representantes sindicales de los trabajadores.

Ante las discrepancias que surgieron entre la Administración y los sindicatos de la mesa sectorial (Satse, CC OO, Amyts, CSIT UP y UGT) para implantar las medidas oportunas y cumplir con el requerimiento, todas las partes ―Gobierno y sindicatos― aceptaron que la Inspección de Trabajo actuara de mediador. Tras varias reuniones, finalmente, en diciembre de 2021, la gerencia de Atención Primaria y los cinco sindicatos firmaron un acuerdo, en el que están conformes con que la carga de trabajo es el factor principal en el deterioro de la salud mental de los médicos y enfermeras. Por tanto, pactan estudiar y solucionar el elevado número de pacientes en las agendas de los profesionales; procurar formación e información a los trabajadores para que les ayude en la gestión de la carga de trabajo; reducir los trámites burocráticos; o maximizar los recursos disponibles como son las prolongaciones de jornada y las suplencias para cubrir las ausencias de personal.

Las partes firmantes se comprometieron a realizar todos los esfuerzos adecuados para disponer de la planificación preventiva antes del 15 de marzo de 2022 y a seguir trabajando conjuntamente para reducir los riesgos psicosociales en el ámbito de atención primaria.

Tras el acuerdo, volvió el desacuerdo, por lo que de nuevo tuvo que intervenir el inspector de trabajo, que tuvo que celebrar sesiones quincenales desde marzo hasta junio de 2022, cuando por fin sellaron el acuerdo definitivo. La Gerencia de Atención Primaria, eso sí, solicitó que fuera después la Consejería de Sanidad la que ratificara lo que ya había acordado. Sin embargo, el equipo de Enrique Ruiz Escudero decidió no estampar su firma. Ahora, la Inspección de Trabajo vuelve a la carga. Y el requerimiento llega en plena crisis sanitaria, precisamente por la elevada carga asistencial de los profesionales y la falta de sanitarios. La Consejería de Sanidad asegura que justo cuando iba a llevar este tema a la mesa sectorial, con los sindicatos firmantes del acuerdo, llegó la huelga sanitaria. Los paros se convocaron el 8 de noviembre. El acuerdo se había firmado en junio, cinco meses antes. Ante la pregunta de este periódico de por qué no lo había llevado a la mesa en ese tiempo, la Consejería de Sanidad ha guardado silencio.

“Lo que pedimos es que la Comunidad de Madrid cumpla con el acuerdo, porque yo no entiendo que la Gerencia de Atención Primaria firme con los cinco sindicatos y la propia inspección y luego la Consejería de Sanidad se niegue a cumplirlo”, insiste Hernández. “Como ya hizo con las promesas que hicieron en 2020 para desconvocar la última huelga”.

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