Ayuso estudia recurrir al Constitucional contra el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno

La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto a las grandes fortunas que ha anunciado este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Así lo ha avanzado el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, que ha tildado de “hachazo fiscal” y “autoritarismo fiscal” la medida. La Comunidad de Madrid bonifica al completo el impuesto de patrimonio, una de las señas de identidad de la política fiscal de los distintos gobiernos populares que se han sucedido ininterrumpidamente en el poder regional desde 1995. Como el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva acusando desde 2019 a la Comunidad de apostar por el dumping fiscal para atraer a grandes contribuyentes de otras regiones, los asesores de Díaz Ayuso interpretan ahora el nuevo tributo como una forma de perjudicar los intereses de la región, y a sus tributantes más acaudalados.

“El Gobierno está en dar rienda suelta a su sectarismo”, ha criticado este jueves Fernández-Lasquetty. “Lo que hacen es crear un impuesto para ahuyentar el patrimonio y la inversión. En la Comunidad de Madrid creemos que están suplantando a las comunidades autónomas, que tenemos las competencias sobre la imposición del patrimonio, que en Madrid no existe, como en el resto de Europa”, ha argumentado. “Y ahora el Gobierno nos suplanta y se inventa un impuesto que es igual, para dar un hachazo fiscal”, ha subrayado. “Lo vamos a estudiar a fondo por si es recurrible ante el Tribunal Constitucional”, ha recalcado. Y ha rematado: “Tenemos que defender las bajadas de impuestos de la Comunidad de Madrid frente a este golpe que lo único que va a conseguir es que haya capital, patrimonio e inversiones que en vez de quedarse en España, en Madrid, se marchen a otros países donde encuentren a otros gobiernos que no tengan la voracidad fiscal que tiene este gobierno”.

El “impuesto de solidaridad” anunciado este jueves por Montero estará en vigor en 2023 y 2024, y afectará a grandes patrimonios de más de tres millones de euros. La ministra de Hacienda prevé que este nuevo tributo recaude un máximo de 1.500 millones de euros procedentes de 23.000 grandes contribuyentes. Pero lo previsible es que Madrid, y quizás otras regiones del PP, como Andalucía, que acaba de anunciar la bonificación del impuesto de patrimonio, intenten oponerse.

Si Madrid acaba recurriendo ante el Constitucional, sumará un nuevo capítulo al largo libro de conflictos judiciales que enfrenta a las dos partes. La Comunidad ya ganó el pleito por el IVA de diciembre de 2017 (que supuso un ingreso extra de 400 millones para Madrid), aguarda la solución al litigio por las entregas a cuenta de 2019 (hay en juego 54 millones), ha denunciado en el Tribunal Supremo el supuesto reparto “arbitrario” de una mínima parte de los fondos europeos, y también ha llevado ante la justicia el currículo de Bachillerato. Esta misma semana, los servicios jurídicos autonómicos han registrado un recurso ante el Constitucional contra el decreto de medidas de ahorro energético del gobierno central, y ya trabajan en la posibilidad de un nuevo pulso jurídico alrededor del nuevo impuesto a las grandes fortunas.

Así, pocos terrenos son más propicios para el choque entre los Ejecutivos de Sánchez y Díaz Ayuso que el de la política fiscal. Mientras la ministra Montero y la vicepresidenta Nadia Calviño han pedido detener la carrera de rebajas fiscales entre regiones, Fernández-Lasquetty la ha acelerado en Madrid, para ganar el esprint previo a las elecciones de mayo de 2023.

En lo que va de año, el gobierno de Madrid ha anunciado que deflactará el IRPF en todos sus tramos de cara a la declaración de la renta que afecta a 2022 (con un impacto de unos 200 millones que favorece a todos los declarantes); que ampliará al 25% la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos y tíos y sobrinos (48,3 millones y 11.500 beneficiarios); y un proyecto de deducciones fiscales para estudios, arrendamiento de vivienda, o cuidado de personas en situación de dependencia. (92 millones de euros y 700.000 beneficiarios).

Además, el Ejecutivo conservador ha impulsado un proyecto de Ley de Deducciones Fiscales para fomentar la natalidad (34,7 millones para 100.000 contribuyentes) que ya ha superado la tramitación de las enmiendas a la totalidad en la Asamblea.

Ese conjunto de reformas es la punta de iceberg de las rebajas fiscales acometidas por Díaz Ayuso desde que llegó al poder, en agosto de 2019. Desde entonces, ha aprobado una rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF (impacto de unos 330 millones) y ha suprimido los impuestos propios que mantenía la región (3,4 millones).

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