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Ucranias acogidas en Madrid, difícil tener un trabajo y encontrar piso: “Nadie quiere alquilar a una refugiada”

Encontrar un empleo relacionado con sus estudios y buscar un hogar en la capital tras huir de la guerra de Ucrania se complica para las mujeres refugiadas

Nataliia Mazur, de 39 años, junto a su hija Diana, refugiadas de la guerra de Ucrania, frente al hotel donde se alojan en el distrito de Barajas, en Madrid.
Nataliia Mazur, de 39 años, junto a su hija Diana, refugiadas de la guerra de Ucrania, frente al hotel donde se alojan en el distrito de Barajas, en Madrid.INMA FLORES (EL PAIS)
Patricia Segura

Han transcurrido 169 días desde que Rusia comenzó la invasión de Ucrania. La palma de la mano de Natalia Mazur, de 39 años, natural de Kiev, está repleta de callos. Es la huella que le están dejando sus dos primeros meses de trabajo como limpiadora en una residencia de ancianos en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. Antes de verse obligada a huir de su país con su hija Diana, de 12 años, era enfermera. Tardó 13 días hasta llegar a Madrid el 7 de marzo. Después de seis meses alojadas en un hotel para refugiados cerca del aeropuerto en Barajas, Natalia quiere buscar otro empleo. Rehacer su vida no es fácil, como tampoco lo ha sido encontrar un nuevo hogar. La oleada de solidaridad por traer refugiados a España ya cesó. Llegaron miles. ¿Y ahora? Ahora llega la verdadera segunda parte: dificultades para encontrar un trabajo acorde a sus competencias y, en Madrid sobre todo, encontrar una vivienda.

En ese punto, la realidad está siendo más dura. Las inmobiliarias no quieren refugiadas como clientes, denuncian las ONG. “Nadie quiere alquilar a la gente que está aquí de refugiado porque piensan que cuando se les acabe la ayuda del ministerio dejarán de pagar y no podrán echarles. Y entonces no alquilan”, explica Anna Nohovska, de Women In Tech.

Al igual que Mazur, 20.384 refugiados ucranios están bajo la protección temporal —que les permite residir y trabajar en España— en la Comunidad de Madrid. Y una cuarta parte (65% mujeres y 38% niños) han necesitado acogida estatal, según datos del Ministerio de Inclusión y Migraciones. La primera fase de acogida, que les garantiza un lugar donde dormir, es de seis meses. Una vez en la segunda fase (preparación de la autonomía), finaliza su estancia, aunque pueden seguir requiriendo ayudas económicas. El proceso completo dura 18 meses. Pero, muchas han decidido buscar un trabajo para poder tener sus propios recursos cuanto antes.

“Intentamos y queremos ser independientes”, dice la ucrania Oleksandra Iolop (32 años, Zaporiyia), que lleva cuatro semanas buscando piso en Madrid. De momento, no trabaja, pero espera firmar un contrato de cinco horas al día como vendedora de ropa. En Ucrania tenía su propio negocio: un atelier. “Teóricamente todo es posible. Prácticamente, no”, sentencia. Iolop llegó en marzo a España con su hijo, de cinco años, y su madre, de 54. A pesar de tener “una garantía de pago del ministerio que incluye el depósito, el servicio de la agencia y tres meses de alquiler”, dice no estar teniendo suerte para encontrar un piso para tres personas en la capital. “Exigen condiciones muy duras para formalizar los contratos”, lamenta. Envía correos electrónicos, pero no consigue respuesta.

La refugiada desea pasar a la segunda etapa del programa y asentarse aquí, pero el proceso se complica. “España nos da mucha ayuda y mucho apoyo. Pero las agencias no quieren cooperar con nosotros. Les resulta más fácil alquilar a españoles o a gente que tenga un buen contrato de trabajo a largo plazo”, lamenta. Natalia Bochan, de la Asociación Voluntarios por Ucrania, explica el problema: “La mayoría no tiene tres nóminas. O no tienen trabajo o acaban de empezar”. Lo que le ocurre a los ucranios ahora es lo que llevan sufriendo los refugiados de otras nacionalidades desde hace años.

De las ucranios en Madrid, el 52,7% tiene estudios superiores. Entre las principales profesiones, según el nivel de estudios completados están las siguientes: profesores (7,3%), economistas (6,2%), sanitarios (5,9%), ingenieros (4,2%), y abogados (3%). “Se han inscrito en nuestros servicios de empleo 2.022 personas, de las cuales 321 se encuentran ya trabajando”, anunciaba en julio el consejero de Presidencia de la CAM, Enrique López, durante el acto de la firma del convenio de colaboración con la Fundación CEOE y CEIM (Confederaciones de Organizaciones Empresariales) para “promover la empleabilidad del colectivo”.

¿Qué recursos ofrece la CAM? “Se les garantiza el acceso a educación, sanidad, servicios de empleo, y acceso al transporte público. Para ello, se les facilita una tarjeta de transporte público gratuita durante un mes”, señala un portavoz de la Consejería de Presidencia. A lo que desde la de Asuntos Sociales añaden que en seis meses han puesto a disposición tres albergues juveniles, en los que ahora hay 240 personas, y módulos vacíos en dos residencias de mayores como centros de acogida (109).

Pero el proceso es más lento y complicado de lo que informan los políticos. De las 50 solicitudes de trabajo que llegaron a Todos con Ucrania, solo nueve han encontrado un empleo en la capital. Una portavoz de la iniciativa explica que la mayoría son mujeres con formación cualificada, “pero no hablan español, e inglés a duras penas. Por eso están en puestos donde la comunicación no es esencial”. Los trabajos disponibles suelen ser de limpiadoras en residencias y hoteles, reponedoras en almacenes o empleadas en empresas de tecnología de la información. A Natalia Mazur le tocó ser limpiadora en una residencia.

A pesar de sentirse afortunada por haber encontrado ese trabajo, Mazur cuenta que no fue fácil: “Sin conocimiento del idioma y con diplomas ucranianos no tenemos muchas opciones de trabajo”. El idioma ha sido la principal barrera para dedicarse a lo que llevaba haciendo durante 15 años como enfermera. Los documentos necesarios para homologar su título en España debían ir acompañados de una traducción oficial al castellano. “Estamos sudando tinta porque tienen que estar traducidos por un traductor jurado o por la Embajada o Consulado” dice Ana Espejo, responsable de Formación de la organización, “y nos estamos encontrando con que estas traducciones rondan los 500 euros por persona. Algo que es imposible para estos refugiados”. “Además”, explica, “para las profesiones reguladas, como médico o profesor, tienen que acreditar la competencia lingüística necesaria para el ejercicio en España. Para el caso de maestros, tienen que acreditar un nivel B2 o C1, expedido por el Instituto Cervantes o la Escuela Oficial de Idiomas”.

Natalia Mazur entiende “un poquito” de español. Sin embargo, no es capaz de mantener una conversación. Su hermana, Valeria Osadcha, de 29 años, que vivió tres años en España antes de convertirse en refugiada, hace de traductora durante la charla. La mujer había trabajado seis años atendiendo a pacientes con cáncer y otros nueve a niños en pediatría.

Al llegar a Madrid, realizó un curso gratuito para sacarse el certificado de limpiadora. Ahora se encarga de fregar y barrer 60 habitaciones, el vestíbulo y los baños del edificio. Son 40 horas semanales, por las que cobra 900 euros. “Es un trabajo muy duro. Nunca había trabajado tan duro físicamente. Al final del día, me duele todo el cuerpo y cuando llego al hotel, caigo en la cama por el cansancio”, cuenta Natalia, que para llegar al trabajo tiene que coger dos autobuses y un metro. Dos horas de ida y otras dos de vuelta, de lunes a viernes.

Cuando regresa a la habitación se reencuentra con su hija, Diana, de 12 años. La madre enseña una fotografía de la pequeña, que con unas gafas de pasta negras y sin perder la sonrisa, sostiene un pincel con el que pinta de colores un lienzo. “¿A qué edad puede estar una niña sola en casa?”, se pregunta, irónica, la madre. Conciliar el cuidado de su hija es difícil con sus condiciones laborales. Para Anna Nohovska, de la organización Women In Tech, es la pescadilla que se muerde la cola: “Son mamás con niños muy pequeños que no tienen con quién dejarles”.

Como le pasa a otra refugiada, que también se llama Natalia, de 39 años, que huyó de la guerra con su hija de seis años desde Kiev y se aloja en el centro para refugiados en Pozuelo de Alarcón. La madre explica que está buscando trabajo, pero sin suerte hasta ahora. “Claro que es difícil, necesitas saber mejor el español y tienes que dejar a tu hija. Estoy buscando de todo y estoy considerando todas las opciones”, cuenta la ucrania, que estudió Economía. En Ucrania trabajaba “para una empresa que es representante oficial de las marcas mundiales como DG Balmain, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren y Montblanc”. Ahora busca empleo para poder encontrar un piso, pero la cosa se complica por los precios de los alquileres en Madrid: “Estoy buscando una familia anfitriona porque no tengo dinero para alquilar un apartamento”.

Dos días antes de tener que abandonar el hotel, por tener un empleo para ser autónoma, Natalia Mazur ha encontrado un piso de 850 euros al mes en Las Rozas, con dos habitaciones y sin amueblar, donde vivirá con su hija y su hermana Valeria, que encontró un trabajo en una tienda de ropa y con quien compartirá los gastos de la vivienda. Ha sido imposible conseguirlo a través de una agencia porque les cierran las puertas: “Nos decían que ya estaba reservado. El dueño del piso es un amigo de unos españoles que conocemos. Es de lo más barato que hemos encontrado en Madrid”.

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