Sin equipos de protección, sin información y sin controles de salud: las irregularidades en el caso del amianto del Metro de Madrid

La Fiscalía desgrana las deficiencias detectadas, además de reprochar la “pasividad” de la empresa y que actuó con “absoluto desprecio” a la seguridad de los empleados

Protesta en Madrid para pedir la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, en abril de 2022.
Protesta en Madrid para pedir la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, en abril de 2022.Aitor Sol

El informe final de la Fiscalía sobre el caso del amianto del Metro de Madrid, donde pide archivar la causa pese a que se actuó con “absoluto desprecio” a la seguridad de los trabajadores durante una década, desgrana todas las irregularidades detectadas en la investigación y la “pasividad” de la compañía, dependiente de la Comunidad, gobernada por el PP desde 1995. El ministerio público destaca ocho deficiencias apreciadas por la Inspección de Trabajo en sus “laboriosas” pesquisas, que supusieron el incumplimiento “grave” y “muy grave” de 26 artículos de la ley de prevención de riegos labores y de los decretos que regulan las medidas “mínimas de seguridad” a adoptar en empleos con riegos de exposición al amianto y a agentes cancerígenos.

Pese a que la Fiscalía ha descartado ahora seguir adelante con la vía penal al no poder atribuir los delitos a ningún cargo concreto, la Inspección de Trabajo ya sancionó a la empresa, según recuerda el ministerio público. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llegó hace dos semanas a un acuerdo con los sindicatos, las víctimas y sus familiares para indemnizar con 7,3 millones de euros a los afectados. Ese pacto conlleva que las partes “renuncian al ejercicio de acciones penales, civiles y laborales”.

32 años sin evaluar el riesgo. En base a la documentación aportada por Metro, la Fiscalía destaca que la compañía “no ha evaluado el riesgo de exposición” de los empleados al amianto desde 1986 a 2017. “Ni se realizó un control del ambiente de trabajo”, ni se estableció una “planificación preventiva”, pese a que en 2003 se adoptaron temporalmente algunas medidas para eliminar el “riesgo” —encapsulando piezas con amianto con “un proceso de barnizado o pintura con capacidad de aislarlo”—, que se frenaron en 2006 de forma sorpresiva. “Es en la evaluación de 2018 cuando por primera vez se contempla la existencia del riesgo por exposición a MCA [material con amianto]”, subraya.

Sin procedimientos para evitar fibras de amianto. La empresa no estableció “procedimientos de trabajo, de tal manera que no se produzcan fibras de amianto mientras [los operarios] están realizando los trabajos donde haya presencia de amianto. [O para que], si ello no es posible, que no haya dispersión de fibras de amianto en el aire”, reza el informe del ministerio público. “En las naves de soplado, los extractores no disponen de filtros para retener las posibles partículas de amianto liberadas al ambiente en dichas operaciones, al igual que las ventanas de dichas naves, las cuales desembocan sobre una acera peatonal del complejo”, especificó también la Policía Municipal en otro documento.

Ausencia de señalización. La Inspección de Trabajo verificó que las zonas donde los empleados “realizaban trabajos con amianto no estaban delimitadas, ni señalizadas”: “De modo que era zona accesible a otras personas; y sin que existiera prohibición expresa de comer, beber o fumar”.

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Falta de equipos. Metro no dotó a sus operarios de “equipos de protección individual de las vías respiratorias”. Según los datos de la Fiscalía, a día de hoy, se han contabilizado 13 fallecidos y a 7 empleados se les ha reconocido la enfermedad por exposición a amianto. Además, otros 907 empleados aún activos se vieron expuestos al riesgo.

Sin medidas de “higiene personal”. La Fiscalía recoge otra apreciación de la Inspección, que incidió en que la compañía pública no dispuso “instalaciones sanitarias adecuadas, ropa especial obligatoria de un solo uso, instalaciones para guardar ropa separada de calle y de trabajo, y un lugar para almacenamiento de epis (equipos de protección individual) con verificación de limpieza y funcionamiento”. Además, la normativa obligaba a Metro a lavar y descontaminar la ropa de sus operarios, “estando prohibido llevarla a su domicilio”.

Desinformación. La empresa no “informó” a los trabajadores de “manera detallada y suficiente sobre los riesgos” que acarrea la exposición al amianto. El informe de la Fiscalía detalla que, por ejemplo, no se puso en su conocimiento que fumar incrementa los peligros, “dada su acción potenciadora y sinérgica con la inhalación de fibras de amianto”.

Falta de formación. Metro tampoco impartió a los operarios formación sobre los riesgos “a los que estaban expuestos por estar manipulando elementos con contenido de amianto”, apostilla el informe del ministerio público.

Un inexistente seguimiento médico. La compañía no vigiló el estado de salud de los operarios que estuvieron expuestos al riesgo. “Ni antes del inicio de los trabajos, ni periódicamente, a pesar de que han estado realizando desde los años ochenta trabajos con material que contiene amianto”, apunta el documento de la Fiscalía, que señala que hasta 2017 no se hizo una primera referencia explícita a esta necesidad.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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