Vídeo | Así admitió el cargo del Ayuntamiento de Madrid que cobró un 3% de comisión por ayudar a ganar una obra

—¿Es cierto que Mansaluve emitió otras tres facturas hasta completar cinco facturas por una cantidad de 151.740 euros?

—Correcto.

—¿Se corresponde esa cantidad con el 3% del importe de adjudicación de la obra?

—Sí.

Con estas palabras, Pablo Pradillo, jefe de División de la EMT (Empresa Municipal de Transportes) de Madrid y administrador de la sociedad Mansaluve, admitió ante una jueza que había cobrado una comisión del 3% por ayudar a una constructora a ganar una adjudicación de la propia compañía pública. Tal y como desveló EL PAÍS, este cargo de la EMT e hijo del gerente del Consorcio Regional de Transportes durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre (PP), José Manuel Pradillo, percibió más de 150.000 euros por ayudar a una Unión Temporal de Empresas (UTE), encabezada por la constructora Inesco, a obtener el proyecto de reforma del Centro de Operaciones del distrito de Fuencarral, por el que el Ayuntamiento de la capital pagó más de cinco millones de euros (sin incluir el IVA). El Consistorio ha abierto un expediente interno y la Oficina contra el Fraude y la Corrupción también ha iniciado sus propias pesquisas.

La declaración, a la que tuvo acceso este periódico, se produjo el pasado 17 de febrero. Pradillo acudió como testigo al Juzgado de Instrucción 29 de Madrid, que dirime una batalla legal entre las tres empresas componentes de la UTE. Una de estas compañías, Ciser, denunció a las otras dos (Inesco y Asfaltos y Pavimentos, encabezadas por la misma persona, Mateo Velasco Ghisleri) por delitos de estafa y administración desleal, entre otros. Y, durante su declaración, el jefe de División detalló la relación contractual que había mantenido con estas sociedades y cómo colaboró para la redacción de la “oferta económica y técnica” para la obra de Fuencarral. Eso sí, Pradillo alegó que justo en ese momento se encontraba en un periodo de “baja voluntaria” en la EMT.

Esta grabación se conoce después de que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) haya extendido un manto de silencio sobre el caso. La gerencia de la EMT se ha negado a facilitar a la oposición y a los consejeros de la empresa pública el expediente iniciado contra el trabajador hace un mes, así como el contrato bajo sospecha y las alegaciones que haya presentado Pradillo, al que se dio 72 horas para aportar su versión. El Ayuntamiento se escuda en que la Oficina Anticorrupción ha abierto unas pesquisas con carácter “confidencial”, aunque este proceso se desarrolla de forma separada al otro.

Para los grupos políticos, el testimonio de Pradillo resulta clave ya que, tras desvelarse el escándalo, el concejal popular y presidente de la EMT, Borja Carabante, llegó a poner en duda que el propio jefe de División hubiese admitido que cobró los 150.000 euros. “Si Pradillo reconoce [la comisión], tendrá un problema él y las personas que lo adjudicaron [...] No he hablado con Pradillo sobre la comisión. Si lo reconoce, se ha producido una irregularidad muy grave”, dijo el edil el 3 de mayo, antes de añadir: “Pero eso hay que verlo y hay que demostrarlo”.

Pero las respuestas que dio ante la jueza, a preguntas de los abogados de las partes, resultan contundentes.

—¿Mansaluve emitió factura el día siguiente de la adjudicación de la obra a la UTE, el 12 de julio de 2019, por un importe de 15.000 euros más IVA? —inquirió uno de los letrados, que repasó las cinco facturas que la compañía de Pradillo giró a la constructora entre 2019 y junio de 2021.

—Sí, creo que sí —contesta el jefe de División.

—¿Conoce el concepto de la mencionada factura?

—No, la verdad es que no. Bueno, el concepto sería de asistencia técnica...

En la primera fase del interrogatorio, después de que la jueza le advierta que tiene obligación de decir la verdad al acudir como testigo, Pradillo admite que conoce personalmente a Velasco Ghisleri —fueron compañeros de promoción en la universidad, según explicó él mismo a EL PAÍS—; que se encontraba de “baja voluntaria” temporalmente en la EMT en el momento de la adjudicación; y que percibió el 3%. El trabajador de la EMT defiende la legalidad del dinero que cobró. Según él, no existe ningún tipo de incompatibilidad porque se encontraba de “baja voluntaria” en el momento de la licitación de la obra. A finales de 2018, pactó su salida temporal de la compañía. Solo unas semanas más tarde, la EMT culminó el proyecto bajo sospecha y lo sacó a concurso. El trabajador regresó a la empresa pública en septiembre de 2021, apenas tres meses después de recibir el último pago de la UTE. Sobre este último aspecto, le pregunta precisamente uno de los abogados.

—Si la oferta se presentó en abril de 2019, ¿por qué ese retraso en la presentación de la última factura?

—Porque en el acuerdo también estaba la asistencia técnica posterior a la adjudicación... —se defiende Pradillo.

Pradillo contó que acordó su salida de la EMT a finales de 2018 por un “tema personal” y que, por ello, no existían incompatibilidades para trabajar para la UTE: “A mi mujer le hicieron una muy buena oferta para irnos a México. Y yo pedí voluntariamente la salida por tres años. Por eso nos marchamos”. Unos meses antes, la EMT le había suspendido 60 días de empleo y sueldo “por presuntas irregularidades en el control de obras por amianto” en una instalación de la empresa, según fuentes de la compañía. “Es un periodo en que se abre la oportunidad de salida, en el que yo causo baja en la empresa. Y luego soy yo mismo el que decido, o no, si quiero volver al transcurso de esos años”, añadió Pradillo ante la juez, antes de insistir en que ese momento estaba “fuera de la EMT”: “Podría no haber vuelto”.

El jefe de División también explicó que la obra bajo sospecha era “bastante compleja”: “Estaba compuesta de 20 actuaciones diferentes por todo lo que es la cochera de Fuencarral, que es muy antigua [...] Algunas eran sencillas porque eran puras demoliciones, a lo mejor; pero todas tenían cierta complejidad por el tema del amianto. Y yo conocía mucho esa cochera porque también había tenido muchas actuaciones previas en la etapa en que estuve trabajando en la EMT. Mi expertise era muy valioso”. “Había poco tiempo para preparar [la oferta]”, remachó Pradillo: “En las licitaciones, son muy breves los espacios de tiempo que dan. Y conocer a fondo cómo es la instalación de origen y qué es lo que hay que hacer… [...] Yo todo eso lo conocía al detalle”.

Comunicaciones con la EMT

Pradillo midió mucho sus palabras al responder la pregunta de si, durante el periodo de concurso y adjudicación de la obra, mantuvo alguna conversación, reunión o encuentro con alguien de la EMT. “Sobre este pliego, no”, contestó el jefe de División. Entre otros aspectos, la Oficina Anticorrupción de Madrid, dirigida por Carlos Granados, ex fiscal general del Estado y magistrado jubilado del Tribunal Supremo, indaga qué empleados del Ayuntamiento intervinieron en esa adjudicación, además de la relación de Pradillo con la EMT y su labor dentro de la compañía. En el caso de encontrar indicios de irregularidades o de delito, este órgano carece de capacidad sancionadora, pero puede poner los hechos en conocimiento de la Administración competente o de la Fiscalía.

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