El Ayuntamiento de Madrid extiende un manto de silencio sobre la investigación interna del comisionista del 3%

El Ayuntamiento de Madrid ha extendido un manto de silencio sobre la investigación interna abierta sobre Pablo Pradillo, el alto cargo de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que cobró una comisión del 3% por ayudar a una constructora a ganar una adjudicación de la propia compañía pública. Después de que EL PAÍS desvelara el caso el 3 de mayo, Más Madrid ha pedido de forma reiterada que se informe sobre el expediente iniciado contra el trabajador y se facilite documentación del contrato bajo sospecha, pero la gerencia de la EMT ha rechazado la solicitud de la oposición y se escuda en que la Oficina contra el Fraude y la Corrupción del Consistorio ha iniciado otras pesquisas paralelas, a las que ha otorgado un carácter “confidencial”. Este jueves, en la rueda posterior a la Junta de Gobierno, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha evitado aclarar a qué se debe este silencio y ha achacado toda responsabilidad a Más Madrid, que en el momento de la ejecución del contrato (en 2019) estaban en el poder: “Que explique Rita Maestre la urgencia de este contrato”.

Esther Gómez, consejera de la EMT y concejal de Más Madrid, envió una nueva carta el pasado 23 de mayo al gerente y al presidente de la empresa para insistir en que aún no ha recibido respuesta, “ni total ni parcial”, a las repetidas peticiones de información que ha planteado sobre el caso Pradillo. Antes de que el Ayuntamiento abriera un expediente al empleado público —cosa que no hizo hasta una semana después de estallar el escándalo y cuando la Oficina Anticorrupción ya había iniciado sus pesquisas—, la edil ya había pedido documentación sobre la adjudicación y sobre el propio trabajador. Pero además, tras anunciar el Consistorio que comenzaba su propia investigación, la política solicitó también el contenido de este expediente interno, así como las alegaciones que haya podido hacer Pradillo y los papeles que haya aportado.

“Les ruego respeten mi derecho de acceso a la información que como consejera me otorga la ley y procedan a enviarme toda la documentación solicitada a la mayor brevedad posible”, recalcó Gómez en su misiva, que finalmente ha obtenido contestación. Aunque, sin mucho éxito. Alfonso Sánchez, gerente de la EMT, respondió a la consejera de la EMT el 27 de mayo con un escueto escrito de tres párrafos, donde no le facilita ningún dato ni papel.

El responsable de la Empresa Municipal de Transportes explica que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción “nos ha solicitado esa misma información”. “Desde EMT estamos recopilando y aportando toda la información solicitada por la mencionada oficina, que tiene carácter confidencial”, remacha Sánchez, que añade: “Sobre la solicitud de realización de una auditoría externa de las obras relativas al mencionado expediente, para aclarar si la misma se ha ejecutado conforme al pliego del concurso, no tenemos conocimiento por el momento de circunstancias fuera de lo común en la ejecución de la obra”.

Pradillo, jefe de División de la EMT e hijo del gerente del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre (PP), José Manuel Pradillo, recibió una comisión del 3% (más de 150.000 euros) de una Unión Temporal de Empresas (UTE), encabezada por la constructora Inesco. Él mismo ha admitido que ayudó a la compañía a preparar una oferta para hacerse con el proyecto de reforma del Centro de Operaciones de la EMT del distrito de Fuencarral, por el que el Ayuntamiento de la capital pagó más de cinco millones de euros (más de seis millones, IVA incluido).

El cargo bajo sospecha defiende la legalidad del dinero que cobró. Según él, no existe ningún tipo de incompatibilidad porque se encontraba de “baja voluntaria” en el momento de la licitación de la obra. A finales de 2018, Pradillo pactó su salida temporal de la compañía. Pero, solo unas semanas más tarde, la EMT culmina el proyecto y lo saca a concurso. El trabajador regresó a la empresa pública en septiembre de 2021, solo tres meses después de recibir el último pago de la UTE.

En el momento de su reincorporación, en la cúpula de la EMT se conocía la relación que habían mantenido Pradillo e Inesco, como admitió un alto cargo ante una juez. EL PAÍS ha preguntado al Consistorio si se elevó a los superiores la información que se manejaba y si se comunicó a responsables políticos del Ayuntamiento. Sin embargo, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) no ha querido responder a esa cuestión.

“Es vergonzoso que el gerente de la EMT impida que una consejera tenga acceso a una información que por ley le corresponde. Esta falta de transparencia nos hace preguntarnos qué tienen que ocultar el gerente y el presidente, el señor Borja Carabante. Ponemos en manos de nuestros servicios jurídicos el ejercer las acciones legales que correspondan para que nuestros derechos no se vean vulnerados”, denuncia Esther Gómez.

La Oficina Anticorrupción, dirigida por Carlos Granados, ex fiscal general del Estado y magistrado jubilado del Tribunal Supremo, indaga qué empleados del Ayuntamiento intervinieron en esa adjudicación, además de la relación de Pradillo con la EMT y su labor dentro de la compañía. En el caso de encontrar indicios de irregularidades o de delito, este órgano carece de capacidad sancionadora, pero puede poner los hechos en conocimiento de la Administración competente o de la Fiscalía.

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