Cisma entre PP y Ciudadanos por las conclusiones del espionaje a Ayuso: el informe final señala a dos concejales de Almeida

Era un martes tranquilo en el palacio de Cibeles. Begoña Villacís y José Luis Martínez-Almeida iniciaron su jornada con dos actos conjuntos. Fotos, discursos, sonrisas. Una rara avis en la agenda de la vicealcaldesa y el alcalde de Madrid, que en muy pocas ocasiones coinciden tantas veces en el día. Si la mañana fue sosegada, la tarde ha abierto una brecha sin precedentes en el tercer año de Gobierno de coalición entre ambos. A solo un año de las elecciones, otra crisis interna. La enésima entre PP y Ciudadanos. Nadie duda de que no será la última.

Tres meses después de su inicio, la comisión interna que investiga el intento de espionaje a la presidenta Isabel Díaz Ayuso ―denunciado por ella misma el pasado febrero― ha concluido este martes. El dictamen ha dejado aislados a los populares. Ciudadanos, en un movimiento inesperado, se ha sumado a las conclusiones de Más Madrid y PSOE. El voto a favor de estas resoluciones ha sido demoledor para Almeida. Dos de sus principales concejales han quedado señalados por sus propios compañeros de Gobierno: su mano derecha en el Consistorio, Borja Carabante, que es edil de Movilidad y Medio Ambiente, y Álvaro González, amigo del regidor y concejal de Vivienda. El informe habla de que Carabante se “extralimitó” de sus funciones y de que González “incumplió” el código ético de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Algunas voces internas de la EMVS creen que en los próximos días podría haber movimientos y que González, incluso, tendría los días contados en la presidencia de la EMVS. Las conclusiones finales de esta comisión serán llevadas al próximo pleno mensual del Ayuntamiento, que previsiblemente se hará a finales de este mes.

“No se ha espiado a la señora Ayuso. No se ha acreditado que se haya hecho este encargo con dinero público”, dijo Almeida durante su comparecencia en la comisión. La realidad, sin embargo, es muy distinta. Fue la propia Ayuso la que denunció en una comparecencia sin preguntas este escándalo que ha puesto patas arriba al Ayuntamiento de la capital. “Nunca pensé que la dirección del PP pudiera ser tan cruel”, acusó ella el 17 de febrero. ¿Quiénes iniciaron esta investigación interna? ¿Se pagó este espionaje con dinero público? ¿Se llegó a indagar también a la familia de la presidenta madrileña?

Al menos tres trabajadores del Ayuntamiento, según ha podido saber EL PAÍS, se afanaron en buscar la prueba definitiva de que el hermano de la presidenta de la región, Tomás Díaz Ayuso, había cobrado una mordida de 283.000 euros por un contrato de mascarillas con la Comunidad. La crisis en el Consistorio fue de tal calibre que precipitó la dimisión de Ángel Carromero, amigo de Almeida y coordinador general de Alcaldía. Una semana más tarde, el socavón interno llevó hasta la dimisión del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. La mayor crisis política e institucional del PP en toda su historia.

Almeida dijo que se enteró de este escándalo a mediados de diciembre:

―Me lo dijo una persona de confianza del PP, que también conoce a Isabel Díaz Ayuso.

Que en ningún momento se lo dijo a su jefe de prensa. Que este se enteró, precisamente, por la prensa, cuando la noticia llegó a los medios de comunicación. Que más tarde, a finales de 2021, decidió contar este terremoto político a su círculo de confianza a través de una llamada telefónica. Al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Carabante, y a su concejala de Seguridad y portavoz del Consistorio, Inmaculada Sanz. Durante casi un mes, el secreto se guardó en estos tres pilares municipales de su confianza.

El temor a una filtración era evidente. El alcalde se contagió de coronavirus semanas después, con una fuerte recaída en enero. De ahí que no se iniciara ningún tipo de averiguaciones sobre el espionaje. A principios de este año, contó, el círculo de confianza se agrandó. Álvaro González, concejal de Vivienda y presidente de la EMVS, de donde presuntamente partieron estas investigaciones, también se enteró. Almeida encargó entonces a Carabante que fuera a la sede de la EMVS a hablar con él.

El 11 de enero, Carabante se presentó en la empresa municipal. Allí, por sorpresa, reunió a los principales altos cargos y al jefe de prensa de la propia EMVS. Quería indagar en la investigación a la presidenta Ayuso. Según fuentes presenciales consultadas por este diario, se produjo la siguiente conversación: “Yo también sé ese rumor. Me lo han contado en una cena”, contestó uno de los presentes. “Esto es falso”, respondió otro. Tras consultar a estos, se dio por zanjado el asunto con la empresa municipal de la vivienda. Esto es lo que Almeida ha llamado desde el inicio una “investigación interna”. Ningún miembro del PP informó a sus socios y compañeros de gobierno de Ciudadanos de esta reunión.

Las conclusiones finales de la comisión apuntan directamente a estos dos ediles por extralimitarse en sus funciones y por el incumplir el código ético. El portavoz del PP, José Fernández, ha tildado de “circo” que Ciudadanos se adhiera a estas conclusiones. El informe final también dispara contra el propio Almeida, que en un primer momento garantizó que todas las personas del PP que fueran llamadas a la comisión acudirían. “Esta afirmación clara y manifiesta no se corresponde con la realidad”, dice el escrito. “Tampoco se ha podido conocer quien informó al alcalde del intento de espionaje”, continúa. Y concluye: “Se han puesto muchos obstáculos para poder conocer toda la verdad”.

Ciudadanos: “Mala praxis”

El edil Mariano Fuentes, de Ciudadanos, ha dicho durante su comparecencia que la “ausencia” de tantas personas en la comisión ha hecho que no se esclarezca con rotundidad qué ha podido suceder realmente. “Tenemos la certeza de que se hubiese podido llegar a una unanimidad si hubiesen venido todas esas personas, sobre todo si hubiera venido Ayuso, que fue la que inició [todo]. Ha quedado claro que se realizó una mala praxis”.

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