138 años de prisión para un pedófilo que grabó a sus alumnas y humilló a niñas a las que cuidaba
El delincuente es un británico condenado por abusos a menores en su país y falsificó su pasaporte para conseguir trabajo en un colegio en Madrid
![Patricia Peiró](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Ff3eeddbb-0f5a-4d32-b038-2282541fd0f3.jpg?auth=5ba93abeac077f43d0c75d9611b48febce8934508a7b23285c754a0a1ca1a46f&width=100&height=100&smart=true)
![Un agente analiza los archivos incautados al profesor de inglés detenido acusado de abusar de 36 menores en un colegio de Madrid.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/TWANM4QJ2FFUVNUHOA67BSURSQ.jpg?auth=4a157309594160ded5e8731acc3b5c68404cacf25a994ea890cc079ae0bb1cbf&width=414)
Ben Lewis se aprovechó de la confianza que habían puesto en él dos familias para cuidar de sus hijos y un colegio en el que daba clase para hacer realidad sus peores perversiones. Este británico, que ya había sido condenado en su país por abusos a menores, grabó vejaciones de las pequeñas a las que cuidaba, tomó imágenes y vídeos por debajo de la falda de sus alumnas en clase e incluso elaboró fotomontajes para que sus genitales aparecieran en ellos. El pedófilo del caso conocido como au pair acaba de ser condenado a 138 años de prisión con la contundente prueba a sus espaldas de centenares de archivos humillantes para sus víctimas que compartió y distribuyó en la red.
En 2020, la policía australiana detectó en un sitio web pedófilo un contenido en el que las víctimas podían ser españolas. Los agentes enviaron el material a los investigadores de la Policía Nacional y corroboraron que el uniforme de muchas de ellas coincidía con el de un colegio británico en Madrid. Las pesquisas les llevaron hasta Lewis, que ahora se hacía llamar Ben Davis Rose. El ahora condenado, de 33 años, había falsificado su documentación para ocultar sus antecedentes y conseguir trabajo en el centro educativo en el que era profesor sustituto. La colaboración entre policías adquiere especial relevancia en los casos de pedofilia, puesto que los contenidos generados en un país normalmente se distribuyen en la otra punta del mundo para dificultar la localización. Los agentes tienen ante sus ojos el delito, pero a veces no pueden identificar en qué parte del mundo se encuentra la víctima y el criminal.
Ben Lewis había sido condenado en 2015 por hechos parecidos en Watford, una ciudad a 27 kilómetros de Londres. Tras cumplir apenas un año de condena —ocho meses en arresto domiciliario— puso rumbo a España. En 2016 recaló en Zaragoza, donde cuidó a las niñas de una familia en la capital aragonesa. En esa casa grabó vídeos humillantes para las menores. Dos años después se trasladó a Madrid, donde consiguió empleo como au pair con otra familia. Fue en 2019 cuando obtuvo la sustitución de un docente de inglés en un colegio en Madrid.
Tras el análisis de las imágenes que había colgado en sitios pedófilos, los investigadores se centraron en ese centro y el círculo se estrechó en torno a Lewis. Descubrieron la falsificación de los documentos, en los que se hacía pasar por ciudadano israelí, y que había instalado cámaras en los vestuarios. En el registro de su casa en Las Tablas, al norte de la ciudad, los policías hallaron decenas de dispositivos electrónicos y tarjetas de memoria con grabaciones descritas con detalle en la sentencia, que el pedófilo había compartido y vendido a través de sofisticados sistemas de cifrado.
Los agentes llegaron a identificar a 36 víctimas de entre cuatro y ocho años y empezaron a reconstruir el periplo de Lewis desde que puso un pie en España. No constaba ninguna denuncia contra él, porque los padres no tenían ni idea de lo ocurrido. Los delitos por los que finalmente ha sido condenado son elaboración de pornografía infantil, contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secreto y un delito continuado de falsificación de documento oficial
A pesar de lo abultado de la pena, según el Código Penal, cumplirá 20 años. Al cabo de ese tiempo, los jueces le han impuesto la medida de libertad vigilada durante ocho años, tiempo durante el que además deberá participar en programas de educación sexual.
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