Un equipo en la universidad contra los monstruos pedófilos ocultos en las redes

Lunes 31 de enero. Uno de los mayores pederastas de la red se sienta ante un juez en la Audiencia Provincial de Madrid para afrontar hasta 30 años de prisión por obtener imágenes sexuales de casi un centenar de menores por Instagram. 29 de noviembre de 2021. La Policía detiene a ocho adultos en siete ciudades en España por almacenar y distribuir centenares de archivos de explotación sexual infantil. La voz de alarma la dio la policía canadiense. 5 de marzo. Ocho arrestados en Cádiz por enviar vídeos pedófilos. Los investigadores observaron que los niños, muchos menores de seis años, eran extranjeros, pero no supieron identificar dónde se habían grabado las imágenes.

Son tres casos de un goteo del horror. El de la pedofilia en las redes, imágenes que se distribuyen de forma masiva, en tal cantidad, que resulta casi imposible frenar. Y los números no dejan de aumentar. Un equipo de investigadores de la Universidad Complutense ha puesto el foco en esta batalla contra uno de los delitos más despreciables y ha conseguido una financiación de siete millones de euros para combatirlo. Se trata del proyecto Héroes, cuyo objetivo es mejorar los medios, muchas veces insuficientes, contra la pedofilia y la trata. La Comisión Europea les ha concedido cinco millones de euros para reforzar las herramientas con las que se persigue a los delincuentes, especialmente en las redes. El Gobierno de Brasil decidió unirse a esta prometedora iniciativa y aportar dos más.

Luis Javier García Villalba es profesor de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense y está al frente del equipo que lidera el proyecto. “La aspiración es crear un nuevo protocolo que ayude a las policías, diseñar un marco legal común y una nueva guía para que las víctimas no tengan que revivir su pesadilla una y otra vez”, apunta Villalba. Es decir, que la investigación se apoya en tres patas: la informática, la social y la legal. Para ello cuenta con 27 socios de países europeos, latinoaméricanos y asiáticos.

Uno de estos socios es el Centro internacional para niños desaparecidos y explotados (Icmec), el mayor organismo dedicado a rastrear y denunciar contenido sexual de menores del mundo. Su vicepresidenta es Pilar Ramírez. “Este consorcio de trabajo nos interesó precisamente porque hemos visto mucho desconocimiento de las autoridades, todavía hay países que creen que porque el material con el que denunciamos es un vídeo y no tienen a la víctima delante, no merece la pena investigar”, indica. También han encontrado afectados que prefieren no acudir a las autoridades porque no existe legislación en la materia o porque “no se fían del trato que vayan a recibir”. Todavía hay 90 países en el mundo que no cuentan con legislación específica para el contenido pedófilo en internet.

Sin querer dar muchos detalles sobre las herramientas tecnológicas que pretenden desarrollar, los responsables del proyecto apuntan que trabajarán en la creación de software que resulten más accesibles y que permitan rastrear contenido de forma automática. “Uno de los objetivos es crear herramientas open source (gratuitas) para que todas las policías puedan acceder a ellas, en lugar de tener que adquirir las de pago”, especifica Ana Lucila Sandoval, miembro del equipo investigador de la Complutense. Hay que tener en cuenta que para muchos de los programas informáticos más avanzados no solo hace falta un desembolso inicial, sino también una renovación anual, algo que no está al alcance de las policías con más déficit presupuestario. “Vamos a proporcionar mecanismos para rastrear y encontrar a las mafias y queremos automatizar trabajos que ahora mismo se hacen de forma artesanal”, añade Villalba. También trabajarán en programas tecnológicos para facilitar las denuncias y la identificación de afectados.

La labor de coordinación en este proyecto será ingente. En él participan ONG, policías e investigadores universitarios de una veintena países. Entre ellos, algunos de los más afectados por la trata y la pedofilia. Desde los despachos de la Complutense trabajan a diario desde diciembre con la policía brasileña, letona y peruana, además de la española, una asociación de ayuda a la mujer de Bangladés, una fundación que libera a víctimas de abuso infantil en Colombia, la dirección general de la lucha contra el crimen organizado de Bulgaria, el centro internacional contra la explotación infantil en Suiza o la secretaría de inteligencia estratégica de Estado de Uruguay, entre otros socios.

Uno de los grandes problemas en este tipo de delitos es, precisamente, la falta de fronteras. Un delincuente que vive en España, puede alojar su servidor en Burkina Faso y compartir material de menores de Brasil. Muchas veces, es casi imposible saber de qué lugar provienen las víctimas. De hecho, muchas veces la policía de otros países detecta que un contenido se está generando o distribuyendo en un país hispanohablante porque el nombre del archivo contiene una “ñ”. “Queremos que del diálogo entre los diferentes actores se puedan detectar carencias o compartir experiencias que resulten interesantes para otros”, apunta Villalba.

Es algo que apunta Ramírez, del Icmec: “Un ejemplo de falta de coordinación es que la policía tiene muy definidos los perfiles tanto de agresores como de víctimas de este tipo de delitos, pero no los transmite a las entidades que trabajan con mujeres y niños, y para nosotros sería muy útil para saber como tenemos que enfocar nuestras campañas. También tenemos que aprender de los métodos de captación de las víctimas y distribución de los contenidos”. Las organizaciones, por su parte, aportarán conocimientos sobre cómo atender a los afectados: “Muchas veces, por falta de preparación, los jueces, médicos o psicólogos provocan que la persona afectada tenga que pasar por procesos dolorosos de nuevo, cuando se puede hacer de forma más humana”. El proyecto Héroes también quiere ahondar en este intercambio de experiencias. “Otro de los objetivos es dar formación a todos los agentes implicados desde que la policía toma declaración a la víctima, hasta que el caso llega a los tribunales”, señala Sandoval.

Aumento de la cibercriminalidad

Hace tiempo que el boom de creación y distribución de contenidos pedófilos sobrepasó la capacidad de persecución de los investigadores. Con este proyecto aspiran a aliviar el trabajo de unos cuerpos de seguridad desbordados por el aumento de este tipo de delitos. España refleja una tendencia global. Según los últimos datos de Interior, la cibercriminalidad aumentó en España en 2020 un 32% con respecto al año anterior y supone ya el 16% de todos los delitos cometidos aquí, cuando hace solo cinco años representaban el 4%.

La inspectora jefa de sección del área de protección al menor de la unidad central de ciberdelincuencia de la Policía Nacional, Celia Carrera, explicaba a EL PAÍS hace unas semanas que su grupo recibe a diario “una barbaridad de denuncias”, más de 300 de media. Esto además de las investigaciones que ellos inician proactivamente. Esto hace que muchas veces tengan que focalizar sus esfuerzos en las grandes mafias dedicadas a estos delitos y se pierdan en el camino muchos pequeños y medianos generadores de este aberrante contenido.

El nombre está puesto con intención. Algo de héroes tienen los investigadores que acceden a los archivos más deleznables que a veces se cuentan por centenares en algunos ordenadores. Muchos de ellos se dedican a esto durante años y no son pocos los que en un cierto momento necesitan un traslado porque no pueden convivir más con los horrores que ven en esas imágenes. O los trabajadores de ONG que se enfrentan cada día los relatos más escabrosos de una auténtica esclavitud humana o escuchan de la boca de niños aquello que nunca debería sufrir nadie.

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