Los mandos de bomberos —oficiales y suboficiales— han presentado una demanda millonaria contra el Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez Almeida. Llevan casi dos años “localizables y disponibles” las 24 horas de cada día, sin excepción, y por tanto sin poder salir de la región madrileña debido a una instrucción del director general de Emergencias, Enrique López Ventura. La razón: la pandemia. Al ser un servicio esencial, el alto cargo, del que dependen los Bomberos de la capital y Samur-Protección Civil, sacó una orden el 15 de marzo de 2020 (que prorrogó después) en la que exigía a los oficiales y suboficiales que estuvieran los 365 del año “activables” por lo que pudiera pasar. Aunque el 9 de mayo de 2021 concluyó el estado de alarma y médicos, enfermeras, técnicos sanitarios, políticos, incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pudieran salir de la región madrileña para descansar y desconectar, estos bomberos no pueden hacerlo. Si les llaman, deben estar en su puesto de trabajo en 45 minutos, “60 si está justificado”. Y se sienten atrapados. López Ventura hace oídos sordos y se niega a cerrar la instrucción, abierta desde marzo de 2020.

Ya hay varias denuncias admitidas a trámite en diferentes juzgados de lo Contencioso Administrativo. EL PAÍS ha tenido acceso a la primera de ellas, que ya tiene fecha de juicio, el 11 de mayo. El oficial que empezó esta guerra contra sus superiores ha calculado el dinero que cree que le deben pagar por estar las 24 horas disponible desde hace dos años: 100.000 euros. Después de él, casi 20 oficiales y suboficiales más han seguido el mismo camino de la denuncia. Y son 82 los afectados por la instrucción. “Cada vez hay más compañeros dispuestos a ir a por todas”, reconoce uno de ellos, que prefiere que no salga su nombre por “presiones y amenazas” de sus superiores. En caso de que el juez le dé la razón, la decisión de López Ventura puede rondar una reclamación de cuantía millonaria que rozaría los ocho millones de euros, que por supuesto saldrían de las arcas del Ayuntamiento.

El director de Emergencias se defiende negando la mayor. Dice que se trata de un servicio esencial en una situación extraordinaria y que, por supuesto, el Consistorio no tiene que pagar por eso. Esgrime que “el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid previene tal medida para los oficiales ante una obligación existente, haya o no pandemia, que ya está establecida desde 1984 por el reglamento”. Eso, sin embargo, es cierto a medias. En época pre pandémica, los mandos de bomberos de Madrid hacen guardias de 24 horas por turnos y tienen un teléfono corporativo para esos días, de esa manera pueden permitirse desconectarlo cuando están librando. Sin embargo, ahora mismo, si les llaman y no se presentan a su puesto de trabajo cualquier día de la semana y en el tiempo estimado, pueden cometer una falta disciplinaria grave o muy grave que está sancionada con la “suspensión firme de funciones” que puede acarrear sanciones de hasta seis años sin empleo y salario, según las normas disciplinarias que regula las obligaciones de los empleados públicos, como los bomberos. “Esto es intolerable”, insisten.

Inicio de la pandemia

El lío, sin embargo, se ha montado ahora, no al principio. Según varios de los afectados, los oficiales y suboficiales de bomberos acataron sin problema la instrucción porque lo cierto es que consideraban que en una situación excepcional, las medidas tenían que ser excepcionales. Se encontraban en medio de una pandemia mundial y su labor y “sentido de la responsabilidad” llevaba aparejado ese compromiso “con los ciudadanos”. Pero cuando las medidas sanitarias se fueron relajando para todos y tanto sus superiores como los máximos responsables políticos pudieron permitirse desconectar, ellos se han visto atados por una instrucción que su superior se ha negado a dar por cerrada.

Este periódico ha tenido acceso a la respuesta por escrito del propio López Ventura a varios bomberos que antes de interponer la demanda decidieron registrar un recurso de reposición, calificado como de alzada, hace justo un año. Era el primer paso para que pedir que cerraran aquella orden. En esa contestación, el máximo responsable de Bomberos insistía una y otra vez en que se trataba de un servicio esencial y que, por tanto, no iba a cerrar la instrucción y, por supuesto, no se iban a pagar esas guardias extraordinarias. “Una cosa es asistir a siniestros fuera del turno de trabajo y otra muy distinta es el desempeño del servicio consistente en estar localizado y disponible en situación de activable”, esgrime.

El quid del conflicto se centra, en consecuencia, en una pregunta: ¿Se debe pagar por estar siempre disponible?

López Ventura se escuda en que la justicia ya le ha apoyado, supuestamente, en algo similar. “El pasado año hubo una sentencia firme a favor del Ayuntamiento en relación a una demanda de CC OO, en la que el juez expresó ese carácter ordinario y la obligación de estar localizables, y más en las circunstancias excepcionales vividas, dado que estamos ante un servicio esencial”. E insiste en que “estar localizables no implica que sean activados”. Es decir, un oficial puede estar en su casa, no recibir ninguna llamada y, por tanto, su día se dará por “no trabajado”.

Los oficiales y suboficiales, sin embargo, se quejan de que López Ventura aprovecha una sentencia general para referirse a algo particular. Es decir, que aquel fallo trataba de una demanda que perdió CC OO que no se refería específicamente el apartado que regula la disponibilidad del personal aludido, sino a aspectos de jornada, permisos o cambios de turno que afectaban principalmente a la escala operativa, a los bomberos sin cargo, y, sobre todo, referida a ese momento concreto. Es decir, argumentan que aunque el juez estimara oportuno que entonces tenía razón el Ayuntamiento (aunque fuera en lo referente a otra escala operativa), no significa que no haya límite en el tiempo para cerrar la instrucción. Y que el no poder desconectar tu teléfono ni viajar a otra comunidad también se tiene que pagar.

El director vuelve a defender su postura apuntando hacia la normativa que regula los turnos y horarios del personal de la Escala Técnica del Cuerpo de Bomberos. “En ningún caso se establece compensación económica alguna. Se establece la forma de computar esta parte de la guardia que forma parte de su jornada ordinaria de trabajo y que no se abonan retribuciones extraordinarias”, dice en una nota remitida a este periódico a través de un portavoz del Ayuntamiento. “En el Acuerdo de Condiciones de trabajo del personal de la Escala Técnica del Cuerpo de Bomberos no se regula el abono de guardias extraordinarias a personal que está localizable sin prestar servicio”.

La norma

Los bomberos le acusan de retorcer la norma y de equivocar, conscientemente, los términos “para confundir”. “La normativa habla expresamente de guardias presenciales y no presenciales”, argumentan. Es más, especifica que se pueden realizar tanto en “la jornada ordinaria de trabajo como fuera de ella”, en este último caso, mediante la prestación de “guardias extraordinarias”, que serán abonadas con un 25% de su sueldo.

Es verdad que el reglamento, aunque no lo desarrolla, especifica que cuando se produzca un siniestro de gravedad y se precisen recursos, la jefatura puede llamar a bomberos que se encuentren fuera de su turno y, si les localizan, pueden ir a la intervención, dependiendo de dónde se encuentren en ese momento. “Por lo tanto, podíamos estar localizables o no, disponibles o no, porque no había obligación. En el caso de la instrucción de Ventura tienes que estar obligatoriamente localizable y disponible. La cuestión es muy diferente”, insisten los denunciantes.

Alrededor de ese concepto se centrará la cuestión en el juzgado de lo Contencioso Administrativo el 11 de mayo, donde el primer oficial que puso la demanda defenderá que, sumando el 25% del sueldo de cada día que ha estado disponible, el Ayuntamiento le debe, hasta ahora, 100.000 euros.

El tiempo sigue corriendo y López Ventura no quiere cerrar la instrucción que ha ocasionado todo este embrollo. Y si el juez da la razón a los mandos de bomberos, la deuda por la reclamación de cuantía puede ser aún mayor de ocho millones.

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